Tres proyectos impulsados durante la última década en la provincia se han transformado en paradigmas de la nueva clase política que hemos sabido elegir; en lugar de proteger los bienes públicos encomendados por la sociedad para su custodia, imagina formas de malversarlos.

LEGISLATURA ENTRERIANA S.A.

El primero, y vale recordarlo por la desmesura de quienes lo pergeñaron, consistía en regalarle por noventa y nueve años, las tierras fiscales de la provincia, incluyendo un millón cuatrocientas mil hectáreas de humedales protegidos, y un crédito por cincuenta millones de dólares con garantía de la coparticipación, a una sociedad anónima, por supuesto que no tan anónima, para que estos santuarios naturales fueran destruidos por la agricultura industrial.

Bastó que tomara estado público la ley que se acababa de aprobar por los legisladores, para que en el tiempo record de veinticuatro horas, el mismo poder ejecutivo que la había impulsado la derogase, por el escándalo mayúsculo que se avecinaba. Pero lo más bochornoso no fue la idea pergeñada por los saqueadores de los bienes públicos, sino el hecho que fue avalada por senadores y diputados que se supone tienen la misión de velar por nuestros intereses, pero avalan los planes de los rapiñeros sin ningún pudor.

El segundo, en plena vigencia porque fue aprobado por los legisladores hace pocos días, también encierra un escándalo de corrupción con pocos antecedentes por su magnitud: son los malhadados canales chinos proyectados en áreas del norte provincial, a un costo tan groseramente sobreestimado que hasta el B.I.D. –Banco Interamericano de Desarrollo- , en un gesto poco habitual, dictaminó que la obra en realidad costaría una tercera parte del presupuesto previsto.     Recordamos que la misma fue asignada en forma directa por el gobierno saliente a una empresa China, en contravención a todas las normas administrativas vigentes, poniendo claramente de manifiesto que los trescientos millones de dólares, de esa cifra estamos hablando, que se robarían con la construcción de los canales irían a parar a más que sospechadas manos presumiblemente cercanas a los decisores.

Canales con dramáticas e irreversibles consecuencias ambientales, no estimadas por ningún estudio serio y responsable, que, entre otras cosas harían pasar a repentinos millonarios a los propietarios de las tierras linderas, contándose entre ellas una estancia, ubicada al suroeste del proyecto del canal Mandisoví: La Invernada, un fundo de seis mil hectáreas en el departamento Federal, cuya adquisición le fue atribuida al último gobernador de la provincia en dieciocho millones de dólares, a través de una SA fantasma, hecho de corrupción que fue denunciado pero nunca investigado por una sospechada justicia entrerriana, que por estos días ha sido noticia nacional por un crimen que nos conmueve profundamente a todos.

Incluso en el texto del proyecto está mencionado implícitamente esto que denunciamos: …”Los beneficiarios directos del proyecto (canal Mandisoví) son los 74 productores citrícolas que desarrollan su actividad en las Colonias La Fraternidad, Colonia Santa María y Colonia Nº 20 del Dpto. Federación, y 56 productores arroceros y/o ganaderos arroceros ubicados en la zona central y occidental del mencionado departamento, con alguna expansión hacia los departamentos Feliciano y Federal; los mismos serán destinatarios de la obra de infraestructura de riego…”

El tercer proyecto, del que ya hemos hablado extensamente, es la derogación de la Ley 9.759, que habilitaría la compra masiva de tierras de la franja arenosa del río Uruguay por parte de capitales internacionales que las pondrían al servicio de los proyectos celulósicos que están destruyendo la región y que además provocaría el cierre, por desabastecimiento de materia prima, de las industrias entrerrianas procesadores de madera.  Desocupación de miles -literalmente- de trabajadores, mayor concentación de la riqueza y en manos extranjeras, menos recursos fiscales para el Estado.

¿A quién le conviene esto? Solo Usted tiene la respuesta.