por Nicolás Eilser, para la POLÍTICA ONLINE

Tras la explosión de una planta de Atanor en San Nicolás, Greenpeace comprobó que hasta a 350 metros a la redonda se encontraron restos de Atrazina, un compuesto tóxico prohibido en la Unión Europea desde 2004 y restringido en Estados Unidos. En las manzanas cercanas desde hace años se detectan casos de cáncer con una incidencia muy superior a otras zonas.

El 20 de marzo pasado muchos vecinos de San Nicolás pasaron la noche encerrados en sus casas sin poder abrir las ventanas. A las 3.30 de la madrugada explotó uno de los reactores de la empresa y parte de la ciudad se cubrió de un polvo blanco altamente tóxico.

 Tras la explosión de una planta de Atanor en San Nicolás, Greenpeace comprobó que hasta a 350 metros a la redonda se encontraron restos de Atrazina, un compuesto tóxico prohibido en la Unión Europea desde 2004 y restringido en Estados Unidos. En las manzanas cercanas desde hace años se detectan casos de cáncer con una incidencia muy superior a otras zonas.

El 20 de marzo pasado muchos vecinos de San Nicolás pasaron la noche encerrados en sus casas sin poder abrir las ventanas. A las 3.30 de la madrugada explotó uno de los reactores de la empresa y parte de la ciudad se cubrió de un polvo blanco altamente tóxico.

Gabriel Godoy vive a 200 metros de Atanor, en el barrio Los Fresnos. Uno de sus hijos pasó a buscarlo tras la explosión, salió a la calle y contempló una nube que terminó cubriendo zonas vecinas a la planta.

«Mi hermano vive a 800 metros de Atanor y le picaban los ojos y la garganta», relata Godoy, nacido hace 57 años en San Nicolás y vecino de Los Fresnos hace 20. «No había ningún protocolo, nos decían que nunca iba a pasar. Pero pasó», recuerda. Ante la incertidumbre algunos nicoleños dejaron sus casas y se trasladaron a ciudades cercanas.

Al día siguiente, una de las tormentas más grandes de los últimos tiempos «limpió» la zona y la empresa realizó un lavado superficial, pero los residuos permanecieron. «Así y todo encontramos Atrazina a 350 metros a la redonda de la planta», explicó a LPO Leonel Mingo, vocero de Greenpeace.

La planta fue clausurada, pero la empresa busca reabrirla. Según el sitio Bichos de Campo, Atanor tiene el 15% del mercado de herbicidas en la Argentina y en 1997 fue comprada por Albaugh, una compañía estadounidense especializada en herbicidas.

«Impunidad» es la palabra que más repite Fabián Maggi, abogado ambientalista que denunció a Atanor por contaminar la ciudad. «Esto viene pasando hace años, con este gobierno y con los anteriores también. Hay causas que tienen más de una década, con sentencia», dice.

Maggi apunta contra el Ministerio de Ambiente de la Provincia y contra un funcionario que debía analizar las consecuencias de la explosión. Iván Colángelo dijo que el material tóxico había sido «contenido», pero no logró convencer a los vecinos.

Lo peculiar es que Colángelo, además de trabajar para el Ministerio de Ambiente, también asesora de forma privada a una empresa que tiene intereses en el puerto local. La intención de Servicios Portuarios y también de Atanor, es expandir la zona industrial de la ciudad hacia los barrios, algo que los vecinos rechazan. Y creen que la actuación del funcionario busca allanar el camino para extender los límites de la zona industrial.

«Estas nuevas cuatro muestras aportan datos concretos de contaminación por atrazina en San Nicolás. Vamos a seguir exponiendo la contaminación y exigiendo que se investiguen las causas y el impacto de la explosión de manera urgente», reclamó Mingo.

«Hay algo externo para que en una familia de seis personas cuatro hayan muerto o estén enfermos de cáncer, no es una cuestión de suerte», rechaza Godoy.