Hace más de una década que lo admiramos profundamente, Enrique Viana Ferreira es esa clase de personas que hacen confiar en que todavía hay esperanza. Lo han golpeado, le han disparado balas, lo han destituido, pero él sigue siempre allá arriba, en el firmamento de las personas que hacen creer en la raza humana.

FUENTE: montevideoportal.com.uy

Viana: «Todos los que están de acuerdo con UPM son corruptos, cómplices o ignorantes»

El exfiscal acompaña a Salle en la fórmula presidencial. Dice que hay una «corrupción estructural» y quiere entrar al sistema político para cambiarlo.

Tiene 58 años y todos los sábados juega al fútbol con un grupo de amigos de un asentamiento. Con una humanidad de ciento noventa y cuatro centímetros y 120 kilos, Enrique Viana es un fornido nueve pescador en esos picados. El resto de los días, el exfiscal -alguna vez bautizado como «el fiscal verde» por su preocupación por temas ambientales- hizo yunta con otro abogado penalista, el Dr. Gustavo Salle, y conforman la fórmula del Partido Verde Animalista.

Viana, para no desautorizar al verborrágico líder, dice que él también cree que Tabaré Vázquez lidera una asociación para delinquir y es un criminal de lesa humanidad. Es más: él también repite términos como partidocracia o corporatocracia, pero evita otras excentricidades como echarle la culpa al homolesbocomunismo. El exfiscal, que se desempeña como abogado en el estudio que comparte con Salle a una cuadra de Torre Ejecutiva, descree de esquemas binarios de izquierda y derecha. En todo caso están los que amparan o son cómplices de corrupción (todos los demás) y los honestos (ellos dos… y algunos más que no le haya hecho un guiño a UPM). Su speech no escatima en dardos venenosos a UPM, el CPP, las PPP y el sistema político corrompido, al cual quieren ingresar para sanear.

Enrique Viana es hincha de Peñarol, pero defiende a un barra de Nacional que oficia de nexo entre el club y la hinchada, cobra 40.000 pesos por la «logística» en cada partido y fuera interrogado hace unos días por su vinculación a un doble homicidio de otros dos barras tricolores. Viana cree que esos hinchas que están entre los bombos y controlan a los desacatados, vienen a cumplir el rol que antes cumplía la propia Policía dentro de los estadios. Qué hace su defendido en su vida privada no es su asunto -dice-, a él le preocupaba defenderlo de una acusación de la Fiscalía sin pruebas. Una Fiscalía que llegó para dejar al país «sin Poder Judicial» y sin la mentada separación de poderes que recomendó sabiamente el filósofo francés Montesquieu.

«Yo me considero un liberal, algunos me dicen que soy un liberal del siglo XIX, más que del siglo XX. Gustavo fue fundador del Frente Amplio. Nosotros decimos que somos más de izquierda que la izquierda»

-Carlos Cazenave es un barrabravas de Nacional imputado por el doble homicidio de «El Bebe» y «El Rafa», otros dos barras de Nacional que aparecieron incinerados en una camioneta el 30 de marzo en Tres Ombúes. El lunes dos indagados por ese crimen dijeron en audiencia judicial que el club les paga 40.000 pesos por partido por organizar la logística de la hinchada. Usted es defensor de Alan Lorenzo -sindicado como testigo del doble homicidio- y dijo en audiencia que su cliente «viaja habitualmente al exterior porque trabaja en Nacional». ¿A qué se dedica su defendido en Nacional?

-Ellos no se definen como barrabravas. Ellos dicen: «somos el nexo entre la directiva del club y la hinchada». Y como tal cobran un dinero que le paga el club, según lo que él declaró en Fiscalía. Él organiza la hinchada de Nacional a la ida de los partidos, ingresa con la hinchada, se reúnen en determinado lugar, se coloca en el sector de los bombos (hizo hincapié en eso), decide quiénes pueden llevar bombos y quiénes palos para tocar el bombo, cuando alguno se sube y no deja ver, lo tocan suavemente (Viana hace una guiñada) del hombro y lo hacen bajar… Si usted quiere una definición mía sobre qué es lo que hacen: hacen lo que antes hacía la Policía. Lo que pasa que en determinado momento, ¿qué pasó? Aquel asunto no muy bien investigado de Bonomi y Mujica que mandaron sacar la Policía de los estadios porque no se aceptaban determinadas condiciones, el lío de las cámaras… Después de eso, la Policía no entró más. El otro día en Fiscalía permitieron que ingresara un policía a interrogar y quiso hacer entrar en contradicción a mi cliente. Él dijo en un momento: «¿Cómo permiten que exista ‘esta gente’?». Y yo dije: «Esta gente existe porque es tolerada y exigida, incluso, por la Policía». Y el policía me dijo: «Por el Ministerio del Interior, no por la Policía». Con esto voy a que todos somos conscientes de cuál es la función que cumplen estos muchachos. Cumplen la función que debería cumplir la Policía si entrara a los estadios…

-…costeados por los dirigentes.

-Acá es muy claro que si a los dirigentes les exigen seguridad, los dirigentes buscan los mecanismos para dar seguridad y tener controlada su propia hinchada. Fíjese que cuando no hubo control, tiraron una garrafa. Entonces, cumplen una función. ¿A mí me gusta que la cumplan personas que ni sé quiénes son? No, pero tienen que buscar dar seguridad. Se los exige el ministerio.

«El nuevo CPP estaba destinado a dar impunidad a los delitos de corrupción. Es un código corrupto. Prevé los famosos pactos, que a uno le hacen acordar mucho a los pactos mafiosos. En materia de derecho penal, introdujimos un derecho negociable»

-Álan Lorenzo, su defendido, dijo en audiencia judicial que es nexo entre la hinchada y el club. Lo emplazaron por 60 días y no lo dejan salir del país. La Policía cree que él estaba presente cuando Cazenave mató a los dos barras, dice que fue testigo del doble homicidio.

-Yo también creo tantas cosas… No es cierto. Quedó demostrado que no.

-Lo corrijo: no se pudo demostrar su culpabilidad, y por tanto se lo presume inocente, pero no eso no «demuestra» su inocencia…

-Es inocente. Y el juez Marcelo Malvar no tenía ninguna prueba directa, la única prueba circunstancial que tenía contra Cazenave (yo no soy su abogado) es que pintó el piso y puso pedregullo en un cantero una semana después del hecho. La Fiscalía pedía 180 días para que no saliera del país. Si usted no fue procesado o formalizado, como se dice ahora, usted es un hombre libre. Nadie le puede poner ninguna medida restrictiva. Está de más cualquier medida restrictiva. Nosotros dijimos: «Doctor, 180 días no. Si la Fiscalía no puede encontrar más elementos en 60 días, sanseacabó». Además, él no tiene pasaporte, tiene solo cédula, por lo que no puede ir muy lejos, sólo a los países de la región donde pueda viajar con cédula.

-Su defendido tiene antecedentes penales. La Policía chequeó las cámaras de identificación facial en el Parque Central y allí comprobaron cómo su cliente y el otro indagado repartían dinero en la tribuna a otros integrantes de la barra. ¿Por concepto de qué? ¿No cree que andaba en negocios turbios?

-No lo sé, no conozco la vida de mi cliente. Lo defiendo frente a la imputación que le hace la Fiscalía, que no tenía ningún elemento de prueba. Mi cliente declaró, los otros dos no.

-¿Qué lo motivó a meterse en política en estas elecciones?

-Un pedido de un amigo. El 14 de mayo falleció la madre de Gustavo (Salle). Nos conocimos en el ejercicio de la profesión y trabamos una amistad muy fuerte. Yo sabía que él tenía una gran conexión con la madre y era el predilecto, ella era quien lo incentivaba a meterse en política. Y al otro día de enterrarla, vi que él había puesto algo en Twitter y sospeché. Me llama y me dice: «Me tiré. ¿Me acompañás?», y entonces le dije que sí, que lo acompañaba. Lo habíamos pensado muchas veces, casi en tono lúdico, pero aún pensándolo seriamente siempre llegábamos a la conclusión de desistir.

En realidad, hasta el 1° de noviembre de 2017 mi vida giraba alrededor de la Fiscalía, y hasta 2016, hubiera pensado que iba a terminar mis días como fiscal. Cuando se acercó la fecha de que el Código del Proceso Penal (CPP) entrara en vigor, di un paso al costado. Yo sabía que no podía trabajar con ese código. Iba a trabajar en un régimen de sumisión total, ya veníamos apretando la máquina con la creación de las leyes de Fiscalía. Me quedé corto con algunas cosas que anticipé. Y bueno, presenté mi renuncia diciendo que el nuevo CPP era inmoral, y que nos iba a obligar a los fiscales a cometer actos inmorales. Pero el tema es que no me daba la edad para jubilarme, entonces tenía que salir a ejercer la profesión (de abogado) después de 30 años. Yo tenía el ofrecimiento de Gustavo de irme a trabajar con él y ahí le dije: «Te tomo la palabra» y me vine a trabajar con él a su estudio. Es una relación de amistad con un alto grado de coincidencia en el pensamiento ideológico actual.

«Desde lo jurídico, la reforma de Larrañaga es un mamarracho. Establece de forma permanente los allanamientos nocturnos. ¿Estamos preparados para los allanamientos nocturnos? Si usted me dice: ‘Por un mecanismo extraordinario las medidas prontas de seguridad’, bueno, puede ser…»

-¿Qué sintonías tiene con Salle?

-Venimos de mundos distintos desde lo ideológico. Yo me considero un liberal, de formación liberal, algunos me toman el pelo y me dicen que soy más un liberal del siglo XIX, más que del siglo XX. Gustavo fue fundador del Frente Amplio en sus años jóvenes, viene de una formación de izquierda, impregnada en muchos casos de pensamientos marxistas…

-Es raro eso… Hoy nadie identifica a Salle con la izquierda.

-Nosotros decimos que somos más de izquierda que la izquierda. Tenemos pensamientos más identificables con la izquierda que lo que tiene hoy el FA. Por ejemplo, no aceptamos que puedan haber empresas privilegiadas como UPM, que le entrega todos los beneficios al gran capital, en detrimento del resto de las empresas uruguayas, y nadie me va a decir que eso es ser de izquierda. Salvo que me dijeran que UPM sea una empresa estatal.

En política las coincidencias son casi totales, tenemos alguna discrepancia en algún tema puntual… Tenemos visiones distintas respecto al narcotráfico. Gustavo tiene una visión que apunta a la represión, yo creo que la represión ha fracasado, ha contribuido a aumentar el negocio y tengo una visión liberal, casi de Milton Friedman, de que cuanto más se persiga un negocio, ese negocio más pingües ganancias da y más aumentan los crecimientos de las mafias al ser más difícil conseguir la droga.

-¿Cuáles son los principales problemas del país, a su juicio?

-Yo creo que tenemos un país fundido. Uruguay es un país que vive de préstamos, vivimos en una bicicleta, una calesita permanente. Eso no sólo se puede argumentar desde el punto de vista de los grandes números (del déficit, del PBI), sino que se vive al caminar por las calles en cualquier ciudad del país. Más que una crisis, lo que hay es degradación. Esa degradación económica va acompañada de una degradación moral, que es hija de los problemas de la educación. Hay una suerte de nuevo analfabetismo: gente que puede mandar mensajes por Whatsapp, pero no es capaz de escribir su nombre. Yo lo veía en la Fiscalía de adolescentes, muchachos que le pedían al funcionario su cédula de identidad para copiar el nombre de la cédula. Ponía Kevin con mucha dificultad, y cuando tenía que poner Rodríguez, en la «o» me miraba a mí, y yo le decía: «Dejalo así».

«Hay una corrupción estructural en Uruguay. No sólo existe la coima puntual, el cohecho. Corrupción estructural es aquella por la cual usted descubre que detrás de cada acto de gobierno hay un negociado, hay un acto privado. Ejemplos tenemos a patadas: Pluna, regasificadora, Aratirí, UPM…»

-Ahí me señala a la educación como un gran problema. ¿Y la seguridad?

-La seguridad es un tema en el que hemos insistido muchas veces. Le atribuimos el aumento de la inseguridad al nuevo CPP, más allá que algunos colegas y excolegas lo nieguen. El nuevo código aumentó el caos, aumentó la impunidad. El nuevo código estaba destinado a dar impunidad a los delitos de corrupción. Es un código corrupto. Es un código que prevé los famosos pactos, que a uno le hacen acordar mucho a los pactos mafiosos. En materia de derecho penal, derecho público, parejo para todos, conforme a los principios de la Constitución, introdujimos un derecho negociable. Curiosamente, gobiernos que se definen de izquierda se han enamorado del contrato. En materia penal es muy claro: los pactos son contratos, contratos especiales porque se hacen con personas privadas de libertad.

-Me está hablando del CPP. Pero yo le preguntaba por la inseguridad en la calle, por cómo se combate la delincuencia y se bajan las cifras de delitos…

-La inseguridad tiene dos maneras de atacársela: una, como decía la izquierda de antes, atacando las causas. ¿Cuáles son? No tener un país que vive pagando los intereses de la deuda externa, un país que pueda invertir en escuelas y hospitales, invertir el dinero suficiente para la formación de los docentes, para tener una mejor educación, mejorando los ingresos de las personas para favorecer el ascenso social. Esa es la solución de largo aliento, con políticas de Estado que se puedan mantener 30 años. Pero hay que pensar medidas a corto plazo. Indudablemente, hoy en la calle lo que falta es presencia policial. No hay autoridad estatal en la calle. Soy un convencido de que si esa autoridad existiera, con patrullajes permanentes, especialmente en los horarios más complicados, es necesaria una mayor presencia de la autoridad. Con una presencia masiva de policías en la calle, no tengo ningún prurito en decir que se bajarían los niveles de criminalidad, por lo menos, a la mitad. Pero con la Policía no alcanza para hacer la prevención que necesitamos. Si la Policía no da abasto, hay que recurrir a las Fuerzas Armadas (FFAA) para cumplir la función de patrullaje y vigilancia.

-Está de acuerdo con la presencia de militares en la calle, entonces. ¿Firmó la propuesta de reforma constitucional de Jorge Larrañaga?

-No, porque no estoy de acuerdo con la propuesta de Larrañaga. Yo creo que no es necesario crear una Guardia Nacional, y que no es necesario reformar la Constitución. Y la propuesta de Larrañaga tiene errores de concepción: introduce por normas transitorias mínimos y máximos de penas. Desde el punto de vista jurídico, la reforma de Larrañaga es un mamarracho. Establece de forma permanente, por los siglos de los siglos, los allanamientos nocturnos. ¿Estamos preparados para los allanamientos nocturnos los uruguayos? Si usted me dice: «Por un mecanismo extraordinario las medidas prontas de seguridad», bueno, puede ser… Lo podría admitir como un mecanismo transitorio, como lo establece la Constitución.

-Usted sabe que genera miedito y pavor el término «medidas prontas de seguridad»…

-Da miedo, sí, pero está previsto en la Constitución. Desde 1985 a la fecha ningún partido político planteó reformar la Constitución y eliminarlas. El inciso 1 del artículo 168 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo tiene que dar «orden y tranquilidad», mucho antes que seguridad. Y el número 17 dice que cuando hay «conmoción interna», cuando el orden y la tranquilidad no se cumplen, hay que aplicar medidas extraordinarias.

-Salle insiste con que Mujica y Vázquez son «terroristas de Estado» o «criminales de lesa humanidad». ¿Usted también lo piensa?

-Sí, lo son. Cuando se procesó al Goyo Álvarez no se lo procesó no por lo que él directamente hizo, sino por lo que hicieron quienes estaban bajo su mando y sobre la tesis de que él debería saber, lo que se conoce como «la teoría del garante». Es decir, la suposición de que él sabía lo que sus subalternos estaban haciendo. Pues bien, Vázquez, cuando asumió por primera vez en 2005 habló de una emergencia en las cárceles del Uruguay. Después vino la Ley de Humanización Carcelaria de (José) Díaz, una suerte de analgésico para resolver las violaciones de los derechos humanos en las cárceles. Si usted compara aquella situación carcelaria y la actual, ¡estamos mucho peor! Hay más presos, más hacinamiento, más muertos en las cárceles. Eso es tortura, conforme a la propia legislación que votó el FA. Cuando usted observa las violaciones a los derechos humanos en las cárceles tiene que decir que Tabaré Vázquez es responsable de la misma manera en la que fue, en su momento, Gregorio Álvarez. Y hay otra violación de los derechos humanos, por omisión, que es no cumplir con el artículo 168 que dice que tiene que dar «orden y tranquilidad» a la población. Porque la gente en las calles, no sólo en las cárceles, también muere.

-Con ese criterio, todos los presidentes de América Latina son criminales de lesa humanidad, porque inseguridad y delincuencia hay en todos los países…

-Pero no a los niveles que tenemos nosotros actualmente.

-¿Eh? ¿Y qué me dice de la delincuencia en Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, México? Ni qué decir los países de Centroamérica…