Son cientos de pequeños productores que abastecen desde hace décadas a la ciudad capital de la provincia. Desde siempre han sido violentados por sectores que especulan con la apropiación ilegal de las tierras en las que cultivan. En los últimos tiempos, desde la llegada del actual intendente, Eduardo Tassano (ECO), al municipio capitalino, éste ha dejado de atenderlos y escucharlos. La actual gestión municipl se ha caracterizado por la ‘privatización’ y otorgamiento de los principales espacios públicos de la ciudad a amigos del poder.

Estas son sus palabras para Radio Sudamericana:

“Nosotros somos productores familiares, no tenemos trabajadores de ningún tipo. Todo lo que se comercializa en el Mercado Central está abastecido por la agricultura que hacemos nosotros en Santa Catalina”.

 “En aquel momento (2014) tuvimos un buen diálogo con el entonces intendente Fabián Ríos y nos dijo que teníamos que pagar un impuesto al municipio. Nos decía que nos iban a reubicar en el predio que hoy se conoce como el Parque Industrial porque en donde estamos iban a utilizar para hacer la bajada del Segundo Puente. Cuando Fabián Ríos pierde las elecciones buscamos reunirnos con Eduardo Tassano pero no tuvimos mucho éxito”.

“Somos 56 familias las afectadas. Son dos sectores: los que vivimos en el Barrio Esperanza tenemos una entrada individual por la Avenida Payes no tenemos el problema de que nos tranquen el portón. Ahora los que viven por la Avenida Maipú – 8 Km – tienen un portón de acceso y ahí es donde está la familia Ramírez- Cuenca. Ellos no producen nada, simplemente dicen ser los dueños de las 198 hectáreas”, explicaron.

El fidecomiso de Santa Catalina le reconoció parte de las hectáreas a la familia Ramírez Cuenca. “Hay una de las familias bolivianas a la que ya le dijeron que no le van a renovar los contrato y le pidieron que desalojen en un plazo de 60 días”, contaron.

Gloria Fernanda Galarza, Francisca Quispe y Daniel Baldiviezo pertenecen a la Comunidad Boliviana para contar el conflicto que tienen por los terrenos donde viven y trabajan ya que le cerraron el paso y no los dejan ingresar.   “Nosotros entramos a los terrenos del barrio Santa Catalina y Esperanza con un contrato de alquiler, no sabíamos que esta gente no eran los dueños. Recién en 2014 por un operativo de Migraciones nos enteramos que la familia Ramírez no era propietaria, sino que simplemente era poseedores, así como nosotros hoy en día”, explicaron.