En Fundavida hemos comprobado demasiadas veces la ausencia  de una estructura jurídica en condiciones de dar respuestas legales en tiempo y forma para defender losderechos de los afectados  por abusos ambientales cualquiera sea la gravedad que tengan.

Fundavida en base a una nota publicada en http://www.panuelosenrebeldia.com.ar/content/view/777/133/

Faltan abogados que entiendan de derecho ambiental, jueces decididos a proteger el interés general referido a la preservación de la naturaleza  y la vida, y fiscales que  escuchen a los afectados por estos temas y estén dispuestos a transformarlos en denuncias penales cuando las circunstancias así lo ameriten.

No es el caso de Antonio Gustavo Gómez, fiscal general en la Cámara Federal de Tucumán quien oficia como fiscal jefe de los fiscales federales de tres provincias, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.

Su ámbito de acción es la Cámara Federal de Tucumán, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Nacional de Casación Penal, su especialidad es la investigación de delitos ambientales pero también lleva adelante más de 700 causas penales por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Tuvo también actuación en el juicio oral y público donde se condenó a los generales Bussi y Menéndez.

Sus reflexiones basadas en su largo desempeño como Fiscal Federal tienen un valor testimonial imprescindible a la hora de entender las razones por las que los conflictos ambientales aparecen y se multiplican:

“El gran problema con el que me encuentro en las investigaciones penales-ambientales es que afectamos enormes intereses económicos. El caso de la mina La Alumbrera, es paradigmático, una inversión que supera 1200 millones de dólares, que utiliza un promedio de cinco millones de litros de agua por hora, la electricidad equivalente a casi toda la provincia de Tucumán, que usa un gas directo para producir esa electricidad desde Bolivia.

Estas referencias son suficientes para ver el poder que tienen  y encarar una investigación por contaminación a esta empresa, ha sido para mí el culmen de mi carrera de fiscal.

Esperamos que a Minera La Alumbrera, que es una empresa que contamina y que hace mucho daño al medioambiente tucumano, santiagueño, cordobés porque llega hasta Mar Chiquita, podamos hacerle el juicio oral y público en lo que resta del año, para poner un punto de inflexión en lo que tiene que ser la contaminación en la Argentina. Esperamos que sí porque depende de que la Cámara Nacional de Casación Penal, donde recurrió Rooney, confirme el trabajo nuestro.

La causa arrancó en el año 98 y es emblemática para ver en los hechos cómo el poder económico y el poder político boicotean un trabajo de investigación. En 1998, Juan González, el Secretario de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, denunció Minera La Alumbrera por contaminación. La causa duerme hasta el año 2002, cuando dos jubilados santiagueños que estaban tomando sol y viendo pasar el tren de La Alumbrera, recogen muestras de algo que caía y se dan cuenta que era más que cobre, que es lo que se decía que se exportaba. Había otros minerales importantes.

En la Universidad Nacional de Tucumán le dan el doctorado Honoris Causa al presidente de la Corte Suprema, Dr. Lorenzetti y al Dr. Zaffaroni. Ahora Lorenzetti y Zaffaroni ¿no saben que Minera La Alumbrera le paga a la Universidad de Tucumán 80 millones de pesos por su labor de apoyo? Este es dinero que se gana con la salud de los santiagueños, de los tucumanos.

Los jueces y Fiscales de todo el país tenemos instrumentos para defender los derechos de los ciudadanos, el tema es la vocación que tengamos para aplicarlos, en Tucumán, por decisión de la Cámara Federal y de los fiscales federales, yo soy uno de todos ellos, hemos procesado por contaminar el medio ambiente con residuos provocados por Minera La Alumbrera al Vicepresidente Julián Rooney. Cometió delito previsto en el artículo 55 de la ley 24.151.

Hay una ley que prevé delitos ambientales y entre ellos los que se cometen desde la minería. Son palmarios, claros, no hace falta hacer ninguna prueba química porque ellos mismos lo confiesan en los informes de impacto ambiental. Para procesar a Rooney no hizo falta hacer ningún análisis de agua para saber que estaba contaminando, porque los índices de contaminación estaban en el propio informe de impacto ambiental de la empresa.

Como reflexión final le digo a la sociedad: Señores, la justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados. La justicia necesita de la gente para enfrentar al poder, porque solos es imposible.