Cuando uno analiza algunas decisiones del gobierno provincial en referencia a temas que son esenciales para la vida y el futuro de la provincia, como ser el apoyo incondicional que dió a la empresa Altos de Unzué para que destruya un humedal estratégico que amortigua el impacto de las crecientes del río en la entrada de Gualeguaychú; o los reiterados intentos de eludir la Justicia en sus resoluciones dictadas para defendernos de los ataques a mansalva que sufrimos por las fumigaciones con venenos y tóxicos derivados de la agricultura industrial, tiende al desconcierto porque no se comprende como un gobierno surgido de la voluntad popular pueda tomar decisioness a repetición en las que siempre opta por el interés privado de minorías carentes de escrúpulos en su afán de ganar dinero, en contra de las mayorías populares.

«ES LA IDEOLOGÍA, ESTÚPIDO«

Nos permitimos para frasear la demoldedora frase conque Clinton derribó las ilusiones de Bush de ser reelecto en 1992 (Es la economía estúpido) (SIC) porque nos damos cuenta que en realidad lo que esta ocurriendo es que la ideología de los funcionarios designados por el Ejecutivo Provincial para administrar las distintas areas de gobierno no solo no se ajusta a lo que uno espera piensen (y en concecuencia actúen) los miembros de un gobierno que pretende ser «popular» pero que en realidad actúa como un gerente ad-hoc de aquellos que desde siempre han tomado el Estado como un botin de guerra para ejecutar todas las acciones, legales e ilegales, que los conducen a maximizar ganancias, pasando por encima los intereses de todo y de todos.

Es el caso del coordinador del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), Eduardo Asueta.

Asueta ideológicamente adhiere, lo manifiesta cotidianamente en su gestión, a los postulados del neoliberalismo salvaje, ideología feroz, responsable que en el último siglo los hombres estemos destruyendo el planeta de la mano de los que solo se interesan en obtener ganancias a costa de lo que sea, aunque ‘lo que sea’ sean la Leyes, la Constitución y los valores éticos fundamentales que garantizan la vida presente y futura.

Es un viejo conocido, ya en el caso Amarras puso de manifiesto un cinismo sorprendente cuando argumentaba descaradamente a favor de los especuladores inmobiliarios de la empresa, a pesar de los reiterados fallos de la Justicia en su contra y sobre todo de los reclamos del pueblo, que luego fueron confirmados en la realidad, que denunciaban el desastre que se avecinaba por el dique que proyectaría ( y finalmente proyectó) el escurrimiento de aguas del río Gualeguaychú sobre el casco urbano.

Y no estamos exagerando ni dramatizando, vean lo que dijo Asueta en su momento en defensa de los especuladores, repitiendo los marquetineros mensajes de la empresa como si fueran propios del gobierno:…

…» el Gobierno Provincial llegó a un acuerdo que implicará la realización de obras paliativas que eliminará el 100 por ciento del impacto hidráulico, según los informes técnicos elaborados por la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos». (Asueta dixit)

Mas claro ponganle pintura blanca.

Pero Asueta, (como Bordet y Rodriguez Signes en en el caso fumigaciones), siempre se supera a si mismo y nos vuelve a sorprender con sus escandalosas decisiones que siempre/siempre favorecen a los especuladores en detrimento del interes público.

Esta vez es el caso de un delincuente (no se puede llamar de otra manera a quien roba) que se apropió de un espacio público usado por miles de paranaenses para su recreación y construyó, literalmente, un muro en el río Paraná, para usufructuar en beneficio personal sus costas y sus aguas.

Como no se podía proceder de otra manera Asueta ordenó la demolición de la ilegal obra que no solo impedía la libre circulación por el camino de sirga sino que además invadia el cauce del río con las obras realizadas y las proyectadas.

Ustedes podrán decir que hizo lo correcto, porque la ley asi lo determina. Pero este no es el caso, porque el funcionario expreso que la obra se demolía porque (SIC) «porque el nivel de inversión del proyecto hasta ahora es bajo»

Por lógica entonces sabemos que si la inversión económica del delincuente (repetimos, no se puede llamar de otra manera a quien deliberadamente infringe la Ley para obtener un beneficio particular) en ves de ser «baja» hubiera sido «alta» Asueta la hubiera justificado y permitido, como hizo en el caso Amarras.

Pero lo más escandaloso del comunicado de la Corufa que firma Asueta, es su remate, que pedimos se lea con atención:

…» es más fácil resolver este tipo de situaciones cuando se advierte a tiempo y la inversión privada no fue elevada. El hecho de que un privado haya invertido mucho dinero, impide una fácil resolución ya que se debe resarcir la inversión realizada» (SIC).  

¿Resarcir la inversión realizada?

¿Resarcir la inversión realizada?

¿Resarcir la inversión realizada?

Eso sería algo equivalente a decir que frente a una banda de asaltantes de bancos que emplean armamento pesado en la comisión de sus crímenes no se actuó con severidad, porque el Estado debería «resarcir la inversión realizada» por los asaltantes en la compra del armamento que emplean.

Realmente la ideología de estos funcionarios, y estamos hablando de TODOS los que toman estas decisiones y efectúan estas declaraciones, nos agobian y llenan de temor por el futuro de la patria chica.