Por estos días la nueva delegación argentina ante CARU- Comisión Administradora del Río Uruguay- concurrió a Gualeguaychú a exponer la política del actual gobierno en referencia al conflicto suscitado hace casi una década por la instalación de la mega planta de celulosa en la vecina ciudad de Fray Bentos.

CARU NO SE REUNIÓ CON LA ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL

               

                 Recordamos sintéticamente que dicho emplazamiento industrial se concretó irrespetando los tratados binacionales firmados entre Uruguay y Argentina para la defensa del río Uruguay que compartimos, y que la agresión ambiental que implican estas plantas celulósicas provocó la creación del mayor movimiento social que se recuerde, en rechazo de la destrucción de la naturaleza y para la defensa de la vida, en nuestro país e incluso en otros lugares del planeta.

                La ACAG se formó como un gran acuerdo, entre todos los gualeguaychuenses, para enfrentar esta amenaza a nuestra calidad de vida.   Más allá de ideologías, banderas políticas, religiosas e incluso culturales.

                Estas condiciones siempre se respetaron a rajatabla y ha sido la razón de que decenas de miles de personas, más allá de sus singularidades, se sintieran representadas y convocadas a participar activamente de este extraordinario movimiento.

                Por supuesto que siempre hubo quienes intentaron capitalizar para sus molinos partidarios esta expresión social tan valiosa y multitudinaria, con una capacidad de movilización que ningún partido político puede exhibir en la actualidad.

                Pero siempre fueron neutralizados; a pesar de lo cual algunos usaron la notoriedad conquistada como voceros oficiosos de la ACAG para alcanzar puestos políticos y representaciones parlamentarias a las que no han hecho honor, sino que por el contrario las han usado como prenda comercial para facturar para sus bolsillos.

                Nuestra Fundación, FUNDAVIDA, se creó al calor de las luchas de la ACAG, con militantes de distinto origen político y con distintas historias de luchas sociales, pero que acordamos que debíamos profundizar y extender la lucha contra BOTNIA (UPM) a todos los terrenos de la vida cotidiana y a todos los problemas que afectan la salud y el ambiente.   Nuestros acuerdos iban más allá de los grandes a cuerdos de la Asamblea y consideramos entonces, y ahora también, que debíamos respetar el gran acuerdo marco de la ACAG para preservar su multipluralidad, heterogeneidad y complejidad.   Y así lo hicimos, nosotros somos ACAG y bancamos absolutamente todas las decisiones que ésta tome, apoyándola con todos nuestros medios y nuestro esfuerzo militante.  Pero cuando nuestras inquietudes van más lejos que los acuerdos generales de la Asamblea Ciudadana, los canalizamos a través de nuestra Fundación, en respeto de la historia y los designios de la Asamblea.

                Pero ahora nos sorprendemos ante la noticia difundida por los medios que la “Asamblea” acordó con el actual gobierno, a través de las nuevas representaciones en CARU, bajar las banderas históricas, los reclamos internacionales ante la Corte de la Haya, etc.

              Hablando claro y sin eufemismos, que la “Asamblea” se encolumna detrás de las políticas del actual gobierno que ha manifestado públicamente a través de las palabras del presidente Macri, quien desea que se instalen pasteras de este lado del río, que ha derogado la Ley 26.737 que impedía que estos capitales extranjeros arrasaran con las tierras fronterizas y ahora presiona al gobierno entrerriano para que derogue la Ley 9.759.

              Esta no es la postura de la ACAG, esto no fue decidido en ninguna Asamblea, esto no tiene nada que ver con los acuerdos que han sostenido la multitudinaria lucha de Gualeguaychú.

              Lo que estamos viendo es una muestra de aventurero oportunismo por parte de personas que no respetan la historia de nuestra lucha y la están usurpando con fines inconfesables.

             En los próximos días habrá muchas más novedades con este tema.