LA REALIDAD PONE EN APRIETOS A LOS DEFENSORES DE LA MINERÍA

Las afirmaciones del Secretario de Minería de la Nación, Mario Capello pronunciadas recientemente cuando aseguró que la minería no contamina desmentidas luego brutalmente por el derrame de cianuro de la mina Veladero que la empresa Barrick Gold explota en San Juan en cualquier país serio del planeta le hubieran costado no solo la expulsión del gabinete sino también un juicio penal por incumplimiento de sus deberes.

Sin embargo nada de eso ocurrió, por el contrario, el presidente de la nación, Mauricio Macri, anunció en la localidad sanjuanina de Barreal la eliminación por completo de las retenciones a las exportaciones que pagan las empresas mineras, en una medida que significará un pérdida de recaudación fiscal de 233 millones de dólares que pagaban las multinacionales antes de la medida.

Posteriormente se supo que el derrame de cianuro a los cinco ríos principales de la provincia de San Juan de donde sus pobladores extraen agua para beber no fue de un millón de litros como anunció la empresa sino que según estimaciones de la justicia esta cifra podría quintuplicarse alcanzando los cinco millones.

Las denuncias de las organizaciones sociales que enfrentan estas mentiras son muy graves:… Saúl Zeballos declaró que la empresa, con sede en Canadá, ocultó tres derrames que tuvieron lugar en 2011 y 2012 en la mina Veladero, donde se produjo el último incidente el pasado 12 de septiembre de 2015.

Según un informe de la ex secretaría de Medio Ambiente, elevada a rango de ministerio con el actual Gobierno, la documentación interna de la empresa reveló dos incidentes en 2011: en el primero, fechado el 31 de julio, la compañía reseñó una fuga de 1.500 litros de líquido contaminante que afectó 20 metros cuadrados.

El 29 de noviembre se registró un segundo vertido de 1.680 litros de solución cianurada. El último derrame ocurrió el 22 de marzo de 2012, con una fuga de 1.494 litros de agua con cianuro en 160 metros cuadrados.

“De ese informen surgen otras irregularidades, como que no se calculó bien la cantidad de agua cianurada que se escapó en el último derrame, pero la empresa tomó sólo algunos parámetros para que el vertido pareciera menor”, especificó Zeballos.

Frente a la indignación social el juez de Jáchal, Pablo Oritja, procesó a comienzos de mes a nueve directivos de la empresa por el derrame en la mina Veladero. La provincia multó en ese momento a la compañía por más de 145 millones de pesos (casi 9,5 millones de dólares), pero esto no es suficiente para los sufridos sanjuaninos que reclaman que se prohíba definitivamente la actividad minera en la región.

Es tragicómico escuchar a los defensores de estas empresas hablar de los ‘miles de millones de dólares’ que las mismas invierten en sus explotaciones considerándolos algo muy beneficioso para el país, usando argumentos idénticos a los propuestos por los apologistas de las empresas celulósicas que se han instalado en el vecino Uruguay; lo que no dicen es que estas inversiones las efectúan en sus propios países donde adquieren los equipos que luego traen para sus explotaciones que una vez amortizados solo tienen valor de chatarra.

Es indignante el anuncio de la quita de las impuestos a estas empresas cuando todos los días amanecemos con novedades acerca de la quita de subsidios a los servicios que impactan en los sectores más frágiles de nuestra economía por falta de capacidad presupuestaria para financiarlos, sin embargo estas afirmaciones no se compadecen con las medidas que adoptan las autoridades achicando los ingresos fiscales por la reducción de la carga impositiva a estas compañías.

El novel Ministro de Ambiente de la Nación Sergio Bergman hace piruetas para conformar a unos y otros, cosa que pareciera imposible anunciando que aplicaría La ley de Protección de Glaciares sancionada en 2010, que prohíbe la explotación minera sobre en ambientes glaciares y periglaciales.

Sus afirmaciones se inscriben más en un deseo personal de ser coherente con sus afirmaciones sobre estos temas cuando no se mencionaba siquiera la posibilidad de su posterior investidura, pero a la luz de las medidas que adopta el Ejecutivo se presentan como absolutamente incongruentes e incompatibles unas y otras.

Las contradicciones aumentan los problemas se agravan y la victimas crecen en los sectores más vulnerables, como los sanjuaninos que deben seguir usando esta agua envenenada y viviendo con la angustia de esperar en cualquier momento nuevos y más graves insucesos.

Las organizaciones sociales están actuando cada vez con mayor energía e incluso la prensa afín al proyecto político de gobierno comienza a dar cuenta de estas situaciones que se agravan día a día.