El proceso de enajenación del territorio uruguayo durante las últimas dos décadas ha sido feroz, poniendo en juego la soberanía misma de la patria de Artigas. Una nota de Busqueda da cuenta de esto:
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Los propietarios de nacionalidad uruguaya se desprendieron de una extensión equivalente a los departamentos limítrofes con Brasil más Durazno
El 64% de las tierras vendidas en los últimos 19 años era de uruguayos y casi la mitad pasó a manos de sociedades anónimas
Una extensión equivalente a los departamentos fronterizos de Uruguay con Brasil (Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha) más Durazno, ubicado en el centro del territorio, fue la que vendieron propietarios uruguayos entre 2000 y 2018 —de un total de 8.322.000 hectáreas transadas en ese período— y casi la mitad fueron adquiridas por sociedades anónimas, según cálculos de Búsqueda a partir de datos publicados en el anuario de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (Diea).
En esos 19 años los titulares de tierras de nacionalidad uruguaya se desprendieron de 5.335.000 hectáreas, lo que representa 64% de la tierra vendida, y algo más de la mitad del suelo agropecuario cambió de manos, considerando que la extensión total es de unas 16 millones de hectáreas.
La concentración y extranjerización de la propiedad de los campos es uno de los temas de la campaña electoral, especialmente por parte del Frente Amplio, que en sus bases programáticas para un eventual gobierno entre 2020-2025 estableció la decisión de “continuar avanzando en la transformación de la matriz productiva, promoviendo el uso sustentable y ordenado de los recursos naturales, reduciendo las vulnerabilidades derivadas de la estructura productiva actual”. Agrega que “en particular, en lo que refiere a la concentración desmedida de la tierra y su extranjerización, especialmente en los casos en que no se refleja en una contrapartida significativa de inversión adicional en capacidad productiva e incremento del valor agregado”.
Las sociedades anónimas, que a partir de una ley de 2007 fueron prohibidas para ser titulares de inmuebles rurales aunque con ciertas excepciones dispuestas durante las administraciones frenteamplistas, compraron 3.932.000 de hectáreas entre 2000 y 2018, lo que representa el 47% del total de tierras vendidas en ese período, conforme a Diea.
Propietarios de tierras de nacionalidad brasileña vendieron 292.000 hectáreas y compraron 174.000 hectáreas, mientras que los argentinos enajenaron 241.000 hectáreas y adquirieron 300.000 hectáreas en ese lapso, según registros del MGAP.
Los registros de la repartición del Ministerio de Ganadería (MGAP) indican que en ese período 4.449.000 hectáreas fueron adquiridas por titulares que no son personas físicas y que por lo tanto no se conoce su nacionalidad. En ese grupo figuran diferentes condiciones jurídicas, mayoritariamente las sociedades anónimas.
Si bien con esos datos no es posible sostener que ese tipo de sociedades sean exclusivamente de capitales extranjeros, las autorizaciones otorgadas por el Poder Ejecutivo a las empresas con esa condición jurídica en el marco de las excepciones a la Ley 18.092 y otras disposiciones modificativas revelan una mayoría de casos de compañías foráneas.
En ese grupo figuran fondos de inversión y firmas que operan en el mercado uruguayo con grandes extensiones de tierras destinadas a la forestación y a la producción de granos, entre otras actividades.
Las estadístias de Diea indican que personas físicas vendieron 5.950.000 de hectáreas y adquirieron 3.771.000 de hectáreas entre 2000 y 2018, mientras que el Estado vendió 43.000 hectáreas y compró 91.000.
Propietarios de tierras de nacionalidad brasileña vendieron 292.000 hectáreas y compraron 174.000 hectáreas, mientras que los argentinos enajenaron 241.000 hectáreas y adquirieron 300.000 hectáreas en ese lapso, según registros del MGAP.
Otros datos procesados por Diea dejan en evidencia que el renglón de productores más chicos fue el que perdió más tierras en el agro local, ya que de las 37.980 operaciones de compraventa de campos en ese período hubo 17.186 que correspondieron a predios de menos de 1.000 hectáreas. El 54% de las 8.322.000 hectáreas vendidas figuran en ese rango de extensión, con 4.460.000 hectáreas.
En el otro extremo de tamaño, los predios de más de 10.000 hectáreas abarcaron la venta de 58.000 hectáreas correspondientes a 964 transacciones.
Autorizaciones
En setiembre el Poder Ejecutivo otorgó autorizaciones para ser titulares de inmuebles rurales, como propietarios o arrendatarios, a las sociedades anónimas Arindus, de la firma BcBD Medicinal dedicada a la producción de cannabis medicinal en Pando, Canelones, y Burey, por un predio ubicado en el paraje Puntas del Totoral, Canelones.
Meses atrás, en 2019, el Ejecutivo había concedido permisos similares a las firmas Do Komet por unas 740 hectáreas en Río Negro, así como a Goyaike (ex Del Carmen Acisa) en dos oportunidades por el arrendamiento de 1.317 y 1.232 hectáreas, ambas en Río Negro, y a la sociedad anónima Oransur, dedicada a la producción de cáñamo industrial en Florida.
Oransur solicitó la autorización a partir del cambio de accionista de Inception Investment Corporation a la firma Terrace Inc., siendo esta 100% de Apolo II Acquisition Corp., que cotiza en el mercado regulado abierto de Canadá –TSX Venture Exchange—, según consta en la resolución del MGAP fechada el 19 de agosto.
Otra de las autorizaciones otorgadas por el Poder Ejecutivo en 2019 fue a la sociedad anónima EF Asset Management, que es la firma fiduciaria del fideicomiso financiero forestal Bosques del Uruguay 4, por la compra de miles de hectáreas a los fondos de inversión Guanaré y Terena, y el arrendamiento de algunos predios a esas mismas empresas, de acuerdo a una resolución fechada el 22 de julio. Indica que las tierras forestadas comprendidas en esas transacciones se encuentran en Cerro Largo, Durazno, Rivera, Treinta y Tres y Tacuarembó.