Julio estuvo cinco años en contacto con agroquímicos y hoy tiene severos problemas de salud. El BSE le sugirió mudarse del arrozal donde trabajaba y vivía, y el Estado le está pagando un alquiler. El gobierno afianza controles ante la aparición de nuevos casos.

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FUENTE:elpais.com.uy

Se acuerda muy bien del día en que se le volcó el glifosato. El líquido cayó por el pantalón y la camisa, y enseguida le manchó la piel. En ese momento Julio De los Santos no se sintió mal, aunque bien sabía que esa sustancia era peligrosa. Le pidió al capataz para ir a su casa a cambiarse y seguir trabajando con ropa limpia. El jefe se enojó, no le dio permiso para salir y le dijo que si quería conservar el empleo, debía aguantarse el uniforme empapado. Un año y medio después empezó a sentir los efectos de los agroquímicos en los pulmones, el páncreas, las articulaciones y el corazón.

A los 43 años, a De los Santos se le vino el mundo abajo. Ahora espera que Arrozal 33 —la empresa para la que trabajó durante cinco años— le compense por sus problemas de salud. Él dice no recordar el monto que reclama y su abogado, Justino Moraes, solo aclara que es una cifra «millonaria». La Justicia es la que tendrá la última palabra. El Ministerio de Vivienda, en tanto, le otorgó una casa para que pueda mudarse del lugar donde vivía en el mismo predio de la arrocera.

El periplo empezó en 2013, cuando entró como soldador en la empresa arrocera que está ubicada en Treinta y Tres. No tenía contacto directo con agroquímicos, pero a veces le tocaba trabajar con los tanques de metal en los que se guardan los tóxicos. Afirma que la compañía utilizaba los envases que sobraban para armar desagües en el campo y él debía soldarlos. También arreglaba camionetas, tractores y mosquitos que habían llevado el producto antes, pero no habían sido lavados con precaución. El día que se manchó con glifosato estaba trabajando con un tractor, que tuvo una pérdida y le empapó la ropa.