Las negociaciones entre el gobierno y UPM se han vuelto más complejas de la cuenta. Las autoridades del Poder Ejecutivo quieren cerrar el negocio, pero las exigencias de los finlandeses han sobrepasado las intenciones de conceder del gobierno nacional. Esto demoró la firma del acuerdo de entendimiento, que se postergará más allá de octubre, la última fecha planteada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez.

Ayer el ministro de transporte, Víctor Rossi, explicó a la prensa que todos los días tiene reuniones de trabajo por la instalación de la segunda planta de UPM.

Incluso adelantó que se generará una terminal especializada en celulosa en el puerto de Montevideo, ya que de concretarse la inversión los volúmenes de la materia prima justificarán esa concesión.

Para el presidente Vázquez la inversión tiene que «salir o salir», así se lo transmitió el mandatario a su equipo de gobierno. Y en ese sentido los diferentes equipos trabajan para lograr acercar a las partes.

Las demoras en lograr el acuerdo se debieron, en parte, a la insistencia de la delegación finlandesa en que el gobierno los exonere del pago del Impuesto al Patrimonio de las plantaciones forestales. La fábrica no pagará ese impuesto ya que funcionará en régimen de Zona Franca, pero la multinacional finlandesa quiere que ese beneficio se extienda a toda su cadena productiva. Un beneficio igual que el gobierno de José Mujica otorgó a la otra empresa productora de celulosa, Montes del Plata.

Sin embargo el presidente Vázquez ya comunicó públicamente que el gobierno no está dispuesto a realizar esa concesión.

La delegación del Ejecutivo explicó que esa exoneración implica una cifra cercana a los tres millones de dólares anuales, en un proyecto que superará los 4.000 millones de dólares.

Pero los negociadores de UPM expresaron que su proyecto pasará a ser el más importante en la historia de Uruguay, e incluso para el grupo finlandés implica su proyecto más grande a nivel mundial. Por eso sostienen que no pueden confirmar su inversión teniendo competidores directos que han sido beneficiados con la exoneración.

La delegación uruguaya ha explicado que este «es otro gobierno» y no puede hacer concesiones que no estén amparadas por la Constitución y la ley, y según el argumento del gobierno, otorgar esa exoneración estaría «fuera de la ley».

En ese sentido los finlandeses han incrementado sus exigencias en otras aéreas: precio que pagarán por el uso de la electricidad, canon, beneficios en el Puerto de Montevideo, y disposiciones laborales.

Sobre este último punto, según comentaron desde el gobierno a El País, los finlandeses pretenden una flexibilización de la ley sobre contratación de personal extranjero. La norma establece que el 75% de los funcionarios que se empleen en la construcción de la fábrica tienen que ser uruguayos. El restante 25% puede ser de extranjeros.

A su vez UPM espera por conocer los avances en la reconstrucción del ferrocarril; inversión imprescindible para confirmar la megainversión.

El ministro Rossi dijo que esperan presentar los pliegos antes del cierre de este mes. «Estamos trabajando muy intensamente, nuestra aspiración es que en este mes de octubre se concrete el llamado si no pasa nada raro», dijo.

A raíz de la renuncia del integrante del equipo económico, Andrés Masoller, por discrepancias con las negociaciones que el gobierno estaba llevando adelante con UPM, los dirigentes de la oposición exigieron información y acusaron de «secretismo» al Poder Ejecutivo. La vicepresidenta, Lucía Topolansky, se comprometió con los representantes de todos los partidos políticos en oficiar de nexo entre ambos poderes para mantener informados a los partidos políticos.

Sin embargo hasta ahora no ha habido novedades y los legisladores esperan las comparecencias de los ministros involucrados a las comisiones parlamentarias. Ante esas demoras, los parlamentarios opositores amenazan con convocar a los ministros mediante el régimen de interpelación o comisión general.