Como es tradición, en las semanas previas a fin de año, cuando la gente está agotada por todo lo ocurrido durante su transcurso y quiere un poco de paz, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales meten de apuro los proyectos de Ley más resistidos por la sociedad, tratando de que pasemos por alto sus decisiones que afectarán, para mal, nuestro futuro.

Fue un fin de año que Urribarrí hizo aprobar la Ley de Arroz del Delta Entrerriano, una de las más efímeras de la historia legislativa de Entre Ríos, dado que se sancionó un viernes y la derogó el lunes siguiente, y es ahora a fin de año que el Senado de la Nación aprueba un paquete de controvertidas leyes mientras la prensa oficial ni siquiera toma nota, muy entretenida en las repercusiones de un evento de futbol, y una historia sexual que agita el morbo colectivo.

Mientras tanto el ex gobernador Colombi, que tiene los juicios que lo condenan por peculado y enriquecimiento ilícito radicados en Paso de los Libres (Ctes.) ubica como Juez Federal en dicho lugar a su abogado personal, Gustavo Fresneda, para que haga algún «malabarismo jurídico» y limpie su prontuario, a pesar que es de conocimiento público que Fresneda está vinculado a narcos y proxenetas, tal lo ha denunciado, por ejemplo, la Fundación La Alameda en reiteradas oportunidades. O Guastavino ubica a Hernán Siri en el estratégico (para él) recién creado Juzgado Federal de Gualeguaychú.

No menos grave es que  en la misma sesión extraordinaria del Congreso de la Nación, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado aprobó la prórroga y modificación de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, la norma que habilita que todos los argentinos sigamos subsidiando a las celulósicas extranjeras agrupadas en AFoA -Asociación Forestal Argentina-(SIC) entidad que nada tiene de asociación, dado que es un loby empresario y mucho menos de Argentina, dado que su directorio está controlado por empleados de las empresas celulósicas que avanzan sobre la región forestal de nuestro país con sus nefastos proyectos.

El gobernador entrerriano, operador local de estos intereses, inició el camino de las habilitaciones legislativas necesarias para la entrega de nuestros recursos de fertilidad, acuíferos y la materia prima forestal con la derogación de 9.759 y a solo meses de haberlo hecho ya esta facilitando el recurso a las exportadoras, desabasteciendo la industria local, que agoniza por las actuales políticas neoliberales y que a este paso rápidamente terminará desapareciendo.

La retórica oficial habla de (la Ley 25.080):…»La normativa tiene un rol fundamental en el sector primario del país y como sustento del abastecimiento futuro de las industrias madereras. Con la prórroga se intenta dar continuar promocionando la implantación de bosques y su manejo, y el desarrollo sostenible de la foresto-industria» pretendiendo que creamos que apunta al abastecimiento de nuestra foresto industria cuando los subsidios irán realmente a parar al bolsillo de las celulósicas extranjeras que van cumpliendo su perverso ciclo, a saber

-Compran nuestras tierras por monedas (en sus países tierras con aptitud forestal muy inferior) valen 10 veces más que aquí.

-Consiguen que los gobiernos locales les regalen la plata para las plantaciones (Ley 25.080)

-Instalan factorías de celulosa en Zonas Francas sin pagar un peso de impuestos locales.

Cuatro décadas se necesitaron para armar el cluster de la foresto industria entrerriana sobre la costa del Río Uruguay, que da trabajo directo y genuino a miles de entrerrianos, y genera valiosos recursos fiscales, pero en solo cuatro años los actuales gobiernos, tanto nacional como provincial le darán un jaque mate definitivo.