Botnia: Se avecinan tormentas en Fray Bentos

Aseguran que desde noviembre último la pastera carecería del permiso vigente para funcionar y no consta que las autoridades uruguayas lo hayan renovado.

FUENTE: RADIO MÁXIMA GUALEGUAYCHÚ

Al menos dos fuentes diplomáticas de países que no pertenecen al Mercosur, pero que cuentan con Embajada en Montevideo, disponen de información precisa acerca de que, desde hace varios meses, la planta de Botnia ubicada en Fray Bentos estaría produciendo celulosa sin contar con la correspondiente habilitación de las autoridades del vecino país. Las mismas fuentes, a condición de mantener reserva de identidad, agregan que los datos provienen de una investigación llevada a cabo discretamente por funcionarios argentinos, cuyos resultados serían puestos en conocimiento de las autoridades de nuestro país en los próximos días.

Este hecho aparece en el contexto de la inminente habilitación, por parte del Ministerio de Ambiente del vecino país, de la segunda planta de celulosa que la empresa finlandesa ha construido cerca de Paso de los Toros, a orillas del río Negro y que duplicará en producción a la que funciona desde 2007 en Fray Bentos. De hecho, a fines de marzo último se conoció que, en Montevideo, había sido aprobado el denominado “Plan de Gestión Ambiental de Operación”, que es el último requisito previo al otorgamiento del permiso para que la nueva pastera pueda ponerse en marcha. Sin embargo, esa decisión no fue comunicada de manera oficial por los organismos ambientales uruguayos, sino que estuvo exclusivamente a cargo de la empresa finlandesa a través de un parte de prensa, algo que se interpreta como “francamente inusual”.

Todas las autorizaciones de efectivo funcionamiento que reciben las pasteras que operan en Uruguay se otorgan por el plazo de tres años, al cabo de los cuales deben ser renovados ante las autoridades ambientales de dicho país. Para que un pedido de renovación de habilitación pueda ser aprobado, previamente tanto el Ministerio de Ambiente como otros organismos uruguayos, en un plazo máximo de 180 días corridos, deben certificar el cumplimiento de las condiciones y los controles a los que todas las empresas de la industria de la celulosa están obligadas por la normativa interna.

En el caso de la planta de Fray Bentos, y si bien las fuentes consultadas no dan mayores detalles sobre el contenido de las indagaciones argentinas, la última renovación de la autorización para producir celulosa que recibió UPM dataría de 2019 y la empresa estaba obligada a presentar la renovación del permiso con “suficiente” antelación a noviembre de 2022, que fue cuando habría expirado.

Al parecer, se habría comprobado no sólo que UPM no inició el trámite de renovación del permiso para su pastera de Fray Bentos antes de que el mismo prescribiera, sino que, además aun considerando la hipótesis de la existencia de un expediente no público o mantenido en reserva por las reparticiones uruguayas competentes, a principios de este mes de abril también vencieron los 180 corridos que disponían para expedirse.

De acreditarse tales extremos, la situación de la planta de celulosa a orillas del río Uruguay podría ser calificada en los hechos – y de manera generosa-, como irregular, puesto que actualmente carecería de la autorización gubernamental para funcionar, al menos, hasta fines de 2025.

Según deslizan desde Montevideo, la pesquisa argentina se habría disparado meses atrás, a raíz de una serie de reiteradas paradas no programadas que comenzó a reportar la pastera

fraybentina a partir del segundo semestre del año pasado, algunas de las cuales se extendieron por más de 10 días. Uno de los detalles que más habrían llamado la atención fue que las causas de las salidas de servicio siempre se producían por inconvenientes técnicos originados, en la mayoría de los casos, en un determinado sector de la planta.

Esa circunstancia que se producía reiteradamente en una misma área considerada como el “corazón de una pastera”, encajaría con otra sospecha aún más inquietante: que se podrían estar produciendo más toneladas de celulosa de las que tiene autorizadas UPM desde 2013. El incremento de las toneladas de rollizos de madera que ingresaron a Fray Bentos en los últimos tiempos, por ejemplo, podría ser uno de los indicios que recoge la investigación.

De hecho, cada vez que se interrumpe el funcionamiento de su pastera, UPM siempre informa públicamente que se tratan de “tareas de mantenimiento programados”, algo que no es cierto. La única detención que técnicamente está contemplada como “programada” por las autoridades uruguayas es la del Mantenimiento General Anual, que suele producirse en los meses de septiembre u octubre de cada año.

Se aguardan decisiones en la Cancillería

Según afirman desde la capital uruguaya, toda la información obtenida en los últimos meses en torno a la planta de Fray Bentos se llevó a cabo con total sigilo y en los próximos días su contenido llegará a manos de las autoridades, coincidiendo con otras dos cuestiones que se están definiendo en la Cancillería argentina y que podrían alterar la relación entre los vecinos rioplatenses: la ampliación de la planta química de Kemira y la revisión del Digesto del Río Uruguay, modificado cinco días antes que se produjera el recambio de Gobierno en nuestro país en diciembre de 2019.

Entre los innumerables aspectos de esa cuestionada reforma, se incluyen disminución de las exigencias técnicas en vigor, violación de los principios precautorios, de progresividad de las normas y de congruencia en materia de la prevención y el control de la contaminación de dicho curso de agua. Argentina presentó oficialmente reserva sobre la aplicación del nuevo texto del Digesto y ha planteado a Uruguay la revisión completa del mismo. Precisamente el Digesto del Río Uruguay es la norma que se aplica en los controles mensuales que se llevan a cabo en la pastera de Fray Bentos desde 2011, a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya aceptados tanto por Uruguay como por nuestro país.

Según las mismas fuentes ubicadas en Montevideo, a mediados del año pasado y también de manera discreta, Argentina habría obtenido datos pormenorizados sobre la expansión de las instalaciones de Kemira, que produce insumos para la fabricación de celulosa y en la que el Estado finlandés tiene participación accionaria. Al parecer, ese proyecto se remonta a 2021 y, desde entonces, las autoridades uruguayas estaban obligadas a informarlo detalladamente a Argentina, en virtud de lo dispuesto en el Estatuto del Río Uruguay, pero lo habrían obviado.

Ahora, a los espinosos asuntos de la ampliación de Kemira y la reforma del Digesto, podría sumarse la presunta caducidad del permiso de habilitación de planta y el posible incumplimiento de los límites de producción que tiene permitidos la pastera de Fray Bentos –que además lleva aparejado un incremento de los efluentes contaminantes que se vierten constantemente al Río Uruguay. Todas cuestiones que están relacionadas entre sí y que no serían casuales.

Desde Montevideo especulan que, más pronto que tarde, Uruguay podría tener noticias argentinas. Y no serían nada buenas.