Uno de los tantos flancos débiles de nuestra democracia es la falta de Políticas de Estado, desde siempre hemos asistido a proyectos que se truncan, obras que no se concluyen y objetivos estratégicos que cambien radicalmente con cada cambio político de nuestra realidad, por el solo hecho de que fueron formulados por otra divisa, diferente a la que circunstancialmente encara el gobierno de la Nación, aunque eventualmente su concreción hubiese sido beneficiosa para todos.

LA UNICA POLITICA DE ESTADO LA PONE MONSANTO

Sin embargo existe un sector estratégico de nuestra realidad que es ajeno a esta premisa, un área de producción clave que ha sostenido durante los últimos veinte años una linealidad de objetivos exasperante aunque durante este lapso de tiempo han pasado al menos seis gobiernos, algunos de ellos incluso se presentaron a sí mismos como las antípodas de sus antecesores, y es el sector agropecuario.
Hace veinte años ya, durante el desarrollo de una de las más descarnadas etapas del neoliberalismo económico, en 1996, el entonces responsable del área de agricultura, el Ing. Felipe Solá, autorizó en el inédito corto tiempo de 80 días la introducción de la soja transgénica en nuestro país, el expediente administrativo que fundamentó su resolución tiene 136 folios, de los cuales 108 pertenecen a la misma multinacional estadounidense. Ese trabajo está en inglés y en el apuro por aprobar la decisión, Solá, entonces Secretarío de Agricultura ni siquiera dispuso su traducción al castellano. “Safety, Compositional, and Nutricional Aspects of Glyphosayte-tolerant Soybeans” tal es su nombre.
Desde entonces hasta el presente la política agropecuaria en nuestro país ha sido fijada por la nefasta multinacional alimentaria, y desde esa época también un actor clave de estas manipulaciones es el recientemente confirmado por el presidente Macri, Lino Barañao.
Este personaje, Barañao, ya en esos años apareció en áreas claves de decisión en estas políticas, de 1999 y 2000 fue Presidente de la Comisión de Tecnología del CONICET, desde el 2003 al 2007 fue Presidente del Directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y en el 2007, la presidente Cristina Fernández de Kirchner lo designó ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, convirtiéndose en la primera persona en ocupar ese cargo en la historia argentina.
La confirmación de este funcionario por el recientemente electo presidente ha sido celebrada por el establishment productor de agrotóxicos y difusor de los cuestionados cultivos transgénicos: “Excelente noticia que Lino Barañao siga como ministro de Ciencia y Tecnología. Tener políticas de Estado es muy importante”, afirmó el ex vicepresidente de Monsanto Argentina y consultor de la nefasta multinacional, Pablo Vaquero.
El rol clave de este individuo en lograr que Monsanto nos ponga las políticas de Estado en la agricultura, además de por el malogrado Andrés Carrasco fue denunciado por el investigador independiente del CONICET, Eduardo Saguier quien descubrió la cadena de corrupción creada entre esa entidad, sus comisiones asesoras, algunas Universidades nacionales, sus consejos directivos y la Secretaría de Ciencia y Técnica; una trama que Barañao construyó con la habilidad de una araña.
Dentro de esa red, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica ha tenido un rol fundamental otorgando beneficios personales, cooptación de científicos para ponerlos al servicio de estos intereses.
La denuncia de Saguier que nunca fue refutada revelaba cómo medio centenar de coordinadores de áreas de la Agencia Científico-Técnica, setenta miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET y medio centenar de Secretarios de Ciencia y Técnica de las Facultades y Universidades Nacionales se habían auto-otorgado subsidios a sí mismos o a terceros que son afines por amistad o parentesco.
Dos mil investigadores, que se constituyeron en jueces y parte, se otorgaron a sí mismos 100.000 dólares anuales cada uno. En 2001, el mismo Barañao participó del festín de corrupción con un subsidio de 140.000 dólares, él fue el actor clave para que esa banda se apropiara de 200 millones de dólares en subsidios personales.
Desde hace veinte años Monsanto pone la única política de Estado en Argentina y desde hace veinte años el químico José Lino Salvador Barañao ha sido el ejecutor clave de estas políticas.
El daño que le han hecho durante este tiempo a la salud de los argentinos y a la economía nacional es inconmensurable y seguramente en muchos aspectos irreversible, la lucha contra este modelo está a cargo de la sociedad civil, donde están sus víctimas, el escenario es casi todo el territorio nacional y el final por ahora es incierto, pero más que alarmante.