Realmente es tan grave, tan reiterado y tan descarado el rol del Fiscal de Estado (SIC) Julio Rodríguez Signes que nos hace pensar que sin dudas cuando termine su gestión deberá enfrentar innumerables juicios por incumplimiento a sus deberes de funcionario, y además por delitos de lesa humanidad por la cantidad de víctimas de las habilitaciones indiscriminadas con agrotóxicos que ha apoyado durante su larga gestión, en esta, la provincia que más niños con cáncer envía a los centros especializados de la capital federal, víctimas de estas brutales e inhumanas agresiones.

De paso la recordamos, RS inició su carrera política como militante radical alfonsinista, hasta que, siendo diputado fue nombrado por el ex gobernador Urribarri para su actual función, Desde entonces su trayectoria no solo no ha sido la del defensor de los derechos de la provincia y de quienes en ella habitamos, sino que exactamente por el contrario, todas sus decisiones a lo largo de estos años han estado alineadas con los intereses particulares que saquean y destruyen nuestro territorio y patrimonio.

FUNDAVIDA ha tenido una larga historia de denuncias contra este personaje nefasto, a las que cualquiera puede acceder poniendo su nombre en el buscador de notas de nuestra página. Inmediatamente de dar el clic le aparecerán decenas de denuncias que hemos hecho por su accionar contra los intereses entrerrianos. Y lo que es tan o más grave es que este accionar siempre ha sido a favor de grupos e intereses particulares de individuos que tienen, como es el caso de los especuladores inmobiliarios que destruyeron el humedal que protegía de las crecientes a la ciudad de Gualeguaychú.

Para no abundar tomaremos dos de las últimas, La primera el saqueo y destrucción de los acuíferos provinciales a manos de quienes extraen arenas sílicas, negocio de cientos de millones de dólares por el que se enriquecen unos pocos empresarios sin dejar nada mas que desastres en nuestro territorio. Negocio al que según numerosos informantes y denuncias no serían ajenos altos funcionarios del gobierno.

Ahora, haciéndonos dudar incluso, ya no solo de su idoneidad personal, sino incluso de condición de profesional del derecho, efectúa insólitas declaraciones afirmando que un municipio puede tomar decisiones que contraríen no solo la justicia local y la provincial, sino incluso la SCJN. Vean: «Una vez conocido el dictamen judicial que señala la obligación de cumplimentar una recomposición ambiental por parte de la empresa Altos de Unzué, el Fiscal del Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signes brindó una entrevista a Ahora Cero Radio.

El Fiscal recordó que años atrás “la empresa logró una habilitación municipal para hacer un determinado emprendimiento. Esa iniciativa tuvo un certificado de aptitud ambiental que aprobó la Secretaría de Ambiente de la Provincia; es decir, que la única intervención en torno a este tema, ha sido la emisión del certificado de aptitud ambiental”.

LA DESOPILANTE DANIELA GARCÍA

A esta pobre muchachita, a quien vaya a saber porque circunstancias la ruleta de la vida la puso en el cargo de Secretaria de Ambiente de Entre Ríos, la hemos atendido en innumerables notas también, no solo porque sus decisiones funcionales SIEMPRE han estado en contra de los valores que debería defender, sino porque ha tenido boutades insuperables como cuando dijo que (SIC)»no tenía tiempo para cumplir la decisiones de la justicia federal» Y tantas otras por el estilo.

Ahora, Daniela García, se suma a los disparates del Fiscal de Estado con sus cómplice intervenciones en el caso ‘AMARRAS’. Sumándole delirio a lo actuado por el gobierno provincial.

Desde estas páginas les anticipamos que para ellos llegará la justicia y que nosotros, junto al pueblo de Gualeguaychú, víctima específica de este disparate último que aquí denunciamos, nos alinearemos con todos los entrerrianos para que estos individuos hagan frente a sus decisiones.