Los cambios realizados en los últimos 30 años para atraer grandes inversiones en el sector primario modificaron el rol tradicional del Estado uruguayo y sus relaciones con la sociedad.

publicado en sudestda.com.uy

por Víctor L. Bacchetta

La Ley Forestal de 1987, descripta como una de las normas con más fuerte impacto en el producto bruto del Uruguay, fue sólo el primero de una serie de cambios para atraer inversiones que acentuaron la concentración y extranjerización de la tierra, el carácter primario exportador de la economía, y fueron creando una institucionalidad dirigida a salvaguardar los intereses de los nuevos grupos dominantes.

Hasta el presente, escasean análisis críticos de las transformaciones del Estado que han conducido a esta nueva institucionalidad. Mientras en Uruguay son contadas las investigaciones académicas que lo tratan, curiosamente, en Finlandia se pueden encontrar varios estudios al respecto. Sin duda, esto responde a la creciente gravitación de las empresas de ese país en la economía y la sociedad uruguaya.

Los investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), Ofelia Gutiérrez y Daniel Panario, realizaron en 2014 un trabajo titulado “Implementación de un complejo forestal Industrial, ¿una política de Estado? Estudio de caso: Uruguay”, donde rastrean históricamente la sucesión de informes y recomendaciones que abonaron el desarrollo de la forestación.

Este estudio sitúa el primer antecedente de políticas para el sector forestal en 1951, cuando una misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el BIRD (Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, integrante del grupo del Banco Mundial) recomendó a Uruguay fomentar la forestación con destino a la exportación, mediante la “concesión de préstamos y facilidades crediticias contribuyendo con parte del costo de la forestación”.

De esa misión internacional proviene el primer esquema de una ley forestal, que es reforzado dos años después por otra misión de la FAO que recomienda “formular inmediatamente una política forestal del Estado”

. Estos informes a nivel institucional contribuyeron decisivamente, según Gutiérrez y Panario, a sentar los fundamentos de las leyes sobre el sector forestal aprobadas en 1968, 1984 y 1987.

Lo que parecía una “política de Estado” para desarrollar una cadena productiva, que atraviesa diversos gobiernos democráticos y la dictadura cívico-militar “no es sino un reflejo de la voluntad de las agencias multilaterales y bilaterales de cooperación y/o crédito que, como es sabido, responden mayoritariamente a las directivas de las casas matrices de las grandes multinacionales”

, señalan los investigadores uruguayos.

Gutiérrez y Panario señalaron que se promovían especies aptas para la industria de la madera, en donde el manejo forestal pasa a ser una actividad empresarial o industrial, y que la legislación tergiversó el rol de la forestación, considerando a las plantaciones forestales equivalentes con los bosques naturales «asignando a las primeras, los mismos roles, beneficios y servicios ecosistémicos que a los bosques».

La ley de 1987 consolidó esa política, que exoneró de tributos a las plantaciones en suelos de prioridad forestal y a la importación de bienes de capital e insumos, junto con subsidios directos y créditos. En ese año, la Agencia de Cooperación de Japón (JICA) adjudicó al país un rol preciso en la cadena productiva de la celulosa, anticipando incluso que estaría a cargo de empresas finlandesas.

Mientras Gutiérrez y Panario pusieron en evidencia el origen externo y la finalidad de la política forestal definida en Uruguay, dos académicos finlandeses estudiaron los cambios introducidos en el Estado uruguayo para acoger y brindar las garantías requeridas por las multinacionales agro-industriales de la madera.