La semana pasada dimos la noticia que el presidente uruguayo rechazó (con gesto soberbio) la oferta del gobierno argentino de enviarles en calidad de préstamo, sin costo alguno, plantas potabilizadoras móviles que tenemos en el ENHOSA. Algo que rechazó con la soberbia que lo caracteriza. Algo que habla de su insensibilidad y resentimiento, dado que el seguramente tiene el acceso a ‘agua de la buena’, mientras que esas plantas hubieran resuelto la emergencia para miles de sus compatriotas.

Pero ahora la noticia eleva el gesto al horizonte del disparate y el odio:

INFOBAE:

Montevideo, 27 jul (EFE).- Uruguay recibió este jueves una planta desalinizadora de agua proveniente de Estados Unidos, adquirida por el Gobierno para paliar la crisis hídrica que atraviesa el país por una prolongada sequía que afectó las principales reservas de agua dulce de los departamentos (provincias) de Montevideo y Canelones.

Fuentes del Puerto de Montevideo confirmaron a la Agencia EFE el arribo de la maquinaria que tiene la capacidad de procesar 300.000 litros y de potabilizar 150.000 litros por día, y que se utilizará para abastecer a la zona metropolitana.

Para su instalación llegarán a Uruguay técnicos desde Estados Unidos y desde Países Bajos, quienes se ocuparán de labores como el anclaje de sistemas, ajuste de PH, voltaje y la adaptación de mangueras.

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LA SOBERBIA DEL LACAYO POU LO LLEVÓ INCLUSO A CONTRADECIR A LA MISMA ONU

Colisión con la ONU

Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay emitió una declaración en respuesta a un comunicado de la ONU, según el cual la «continua disminución de la calidad del agua» en Uruguay generó una situación «alarmante».

«El 60% de la población de Uruguay enfrenta un problema con el agua potable, cuya calidad ha disminuido llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. Los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, al igual que otros grupos vulnerables, son los más afectados», indicaba el comunicado de la ONU.

En respuesta, la Cancillería del vecino país señaló que «ante las inexactitudes» del comunicado emitido por el relator especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento (Pedro Arrojo-Angulo) y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, el Gobierno de Uruguay reitera: «Hasta la fecha los valores establecidos en la excepcionalidad no se consideran alarmantes».

Se explicó en esa respuesta que «el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas; y se ha considerado que es posible que la gran mayoría de la población general, a excepción de algunos grupos especiales con mayor vulnerabilidad en el consumo excesivo de sal, pueden seguir consumiendo la misma».

«Para respaldar a las personas en situación de vulnerabilidad, los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social reciben el apoyo económico para la compra de 60 litros de agua por mes, equivalente a uno de cada tres habitantes de la zona afectada (2 litros de agua por día por persona)», añadió aquel documento, que publicó Radio Colonia.

En otros párrafos, el comunicado aclaró: «El Gobierno nunca recomendó reducir el consumo humano de agua, sino su disminución en actividades no esenciales con el propósito de asegurar una mejor calidad de agua por un tiempo más prolongado».

En particular, el Gobierno hace hincapié en que se ha mantenido la continuidad en el suministro de agua «sin la realización de cortes», lo que evita la posibilidad de contaminación biológica.