Canelones -No hay quien lo pare-
Máximo Castilla volvió al ruedo.

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Pese a las multas que se le han puesto, el doctor sojero continúa fumigando en zonas que tiene prohibidas. Los vecinos desesperan por saber quién tiene la potestad para detenerlo.

María extraña su chacra de Paso Picón, que tuvo que vender, porque su compañero no soportaba el veneno. Juan Alberto de Marco, esposo de María, fue uno de los cinco afectados por las fumigaciones que hizo el médico y productor sojero Máximo Castilla. Hace casi cuatro años tuvieron que mudarse a Montevideo por recomendación del Ministerio de Salud Pública (Msp).1 A ocho metros de su chacra, Castilla fumigaba sin parar la soja y a Juan Alberto le hacía mal. Tan mal que ahora, por el glifosato, padece de párkinson tóxico.

Tras varias denuncias en la Intendencia de Canelones (IC), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap), la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y el Msp, Castilla sigue campante. “Él no paga las multas y sigue igual”, declaró María a Brecha. Los vecinos estiman que ya lo denunciaron cerca de cien veces. El doctor tiene una multa de 450 mil dólares sin pagar desde que la Justicia resolvió, en diciembre del año pasado, fallar a favor de la IC. Dos veces salió airoso de las querellas judiciales entabladas por esta causa y por eso se confió en que la tercera vez sería igual. Sin embargo, a fines del año pasado fumigó en un lugar prohibido, constató la IC.

La maestra Adriana Pascual dijo a Brecha que el Mgap “hizo una inspección y comprobó que lo que estaba plantando era soja y que estaban las marcas del tractor con el que había fumigado”. Castilla nunca negó haberlo hecho, pero dice que lo hace con “cosas permitidas, con cosas que hacen bien”, comentó Pascual. No obstante, el médico violó la medida que establece que a un radio de 300 metros de las viviendas no se puede “ejercer una actividad” que lesione la salud o el ambiente. Esta restricción rige desde que en 2018 la Dirección de Ordenamiento Territorial de la comuna definió Paso Picón como “zona suburbana”, por lo que los vecinos tienen una mayor protección en caso de que lo denuncien por fumigación, expresó a Brecha el titular de Planificación de la comuna, Sergio Ashfield. “El ministerio nos tiene que proteger y multarlo”, enfatizó Pascual. En ese sentido, recordó que Castilla tampoco respeta la normativa que prohíbe fumigar a 30 metros de las cuencas de agua. El mes pasado la maestra hizo una nueva denuncia en la Dinama, pero no tuvo respuesta.

Brecha consultó a Castilla por estas nuevas fumigaciones, pero derivó la llamada a su abogado, Pablo Durán, porque, asegura, “es un perseguido político” y eso le impide contestar. Este semanario intentó entrevistar a Durán, pero tampoco tuvo éxito.

El Mgap aún no expidió el informe sobre la inspección que hizo en la zona. Fuentes de esa secretaría de Estado comentaron que, debido al cambio de gobierno, “puede ser” que se hayan “traspapelado” algunos documentos. Según supo Brecha, la Inddhh instó al ministerio a publicar los datos correspondientes del estudio que hizo hace más de un mes en Paso Picón, pero, de nuevo debido al cambio de gobierno, se le dio más plazo.

MISTERIO. A Castilla no hay quien lo pare. Los vecinos no saben qué organismo tiene la potestad para impedirle fumigar donde no lo tiene permitido. “Nadie lo ha hecho. El Mgap dice que ya lo ha multado, que le ha llevado la normativa para que entienda que esta zona es suburbana y debe comportarse de acuerdo a eso”, dijo la maestra. “Ellos no pueden impedirle plantar, porque él en su predio puede. Lo que no puede hacer es fumigar. Supongo yo que la IC estará buscando medidas más fuertes”, agregó enfurecida.

Para Pascual, la IC quedó desconcertada por las nuevas fumigaciones. La comuna entendía que el médico venía cumpliendo con el protocolo establecido luego de haberle puesto tres multas por lo mismo. Pero, de esas tres sanciones, al final sólo una siguió en pie tras los recursos que Castilla presentó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Debe pagar unas 15 mil unidades reajustables. Pero se niega a hacerlo. “La Intendencia no lo tiene muy claro, no se esperaba que Castilla volviera a fumigar. Están desnorteados, no lo tuvieron en consideración. Incluso ha amenazado a los funcionarios municipales”, afirmó la maestra.

Brecha intentó contactarse con el titular de Desarrollo Rural de la comuna y con el novel director de Servicios Agrícolas del ministerio, pero no obtuvo respuesta.

Y NADIE LO PUEDE PARAR. Castilla despotrica e ironiza en su cuenta de Twitter sobre el exintendente de Canelones y actual candidato Yamandú Orsi, y sobre el director de Gestión Ambiental, Leonardo Herou, por ejemplo. Antes de eso, hace casi cinco años, amenazó a Federico López, asesor de Orsi cuando este se encontraba al frente de la IC, por tomar fotografías mientras él utilizaba su “mosquito”. López fue también uno de los que sufrieron los efectos de los agrotóxicos del productor sojero.

Por otra parte, luego de que La Diaria pusiera en la tapa a Castilla levantándole la mano a Pascual, paró con las agresiones. “Ya no pasa por casa, ya no me insulta ni hace gestos obscenos. Después de eso, yo vivo más tranquila. Supongo que alguien lo asesoró –un abogado, no sé–, porque ya se le estaba yendo la mano: llegó a la agresión física”, contó Pascual a Brecha.

Amenazaba a sus vecinos, incluso a aquellos que enfermó. Cuando De Marco puso la chacra en venta, por su condición de salud, el primero en pedir para verla fue Castilla. “El precio es el que habíamos estipulado”, recordó María las palabras que su esposo le dijo a Castilla en ese momento. Sin embargo, el doctor no se conformó con la cifra y otra persona la compró. La ahora exvecina de Castilla rememoró que este acosó a la familia para saber quién la había comprado, así él ofrecía más dinero y se adueñaba de la chacra. Finalmente, no pudo.

A mediados de 2018, los vecinos le hicieron una demanda civil a Castilla por daños y perjuicios, y al Mgap por omisión en los deberes de control. Brecha publicó en ese entonces que el abogado de los vecinos consideraba haber recurrido a todos los organismos habidos y por haber, sin que la situación cambiara en nada.2 Y sigue igual. A principios de febrero del año pasado, los vecinos insistieron por la misma vía, pero no tuvieron respuesta. Al igual que la vez anterior, reclamaban al Mgap y a Castilla una indemnización millonaria por los daños a la salud y el ambiente que sufrieron los últimos años.