Nuevamente el gobierno entrerriano arremete contra la salud, la vida y la naturaleza entrerriana. Luego de la catarata de sentencias a lo largo y ancho del país condenando el uso de sustancias peligrosas que son arrojadas indiscriminadamente sobre la provincia. La falta de escrúpulos de quienes practican la agricultura industrial en base al uso de venenos y agrotóxicos, cuentan con el apoyo incondicional del gobernador Gustavo Bordet y con la complicidad de su Ministro de la Producción, Juan José Bahillo y su Secretario de Ambiente, Martín Barbieri.
Esta vez presentan un proyecto de Ley de Agroquímicos, que en realidad es un andamiaje legal para dar protección jurídica a los contaminadores y envenenadores.
Ya no se trata de demostrar lo demostrado hasta el hartazgo, que estas substancias no solo envenenan y matan la vida, sino que también facilitan prácticas de cultivos que desertifican y envenenan nuestros recursos hipotecando el futuro. Los datos son abrumadores, sin embargo, el afán de ganancias a cortísimo plazo de un modelo económico perverso que las prioriza por encima de todos y de todo tienen cooptado el gobierno provincial que insiste, una vez, más, con dar carta blanca quienes destruyen la vida para obtener dinero fácil y rápido.
El uso tramposo del lenguaje ya ha llegado a ser exasperante, hablan de “fitosanitarios” de “buenas prácticas” y toda clase de eufemismos con tal de seguir engañando a la población de la provincia que está cada vez más advertida de lo que está ocurriendo.
Desde nuestra Fundación exhortamos a los legisladores a no prestarse a esta farsa que periódicamente intentan, de crear marcos jurídicos tramposos para protegerse legalmente de los delitos que cometen y ponerse sobre los hombros la responsabilidad histórica que tienen y producir de una vez y para siempre el cambio de paradigma productivo, que es posible y está demostrado que es económicamente deseable en el mediano y largo plazo. Desarmando estas estrategias perversas cortoplacistas que solo buscan ganancias instantáneas al costo de la destrucción, agotamiento y envenenamiento de los recursos que deberían garantizar nuestro presente y futuro.
Debería darles vergüenza: Entre Ríos, de acuerdo a la última información estadística del MECON, tiene dos de las diez ciudades con más pobreza del país, Paraná y Concordia y a pesar de esto, en lugar de renunciar que es lo que deberían hacer si tuvieran dignidad los funcionarios responsables, promueven todas las iniciativas que apuntalan esa estadística. La derogación de la Ley 9.759 y ahora esta legislación sobre “buenas prácticas agrícolas” (SIC), delatan la inhabilidad moral de quienes las imaginan y proponen a la legislatura estas leyes nefastas.
Basta ya de destruirnos y envenenarnos, debemos unirnos y reclamar con voz cada vez más fuerte contra este modelo productivo nefasto que nuevamente nos quieren imponer.

FUNDAVIDA