Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) recibió declaración del gobierno finlandés y réplica sobre el caso de UPM

En las sesiones del CDESC donde se viene analizando la situación de Finlandia, el representante del Comité preguntó a la delegación gubernamental cuáles son los planes y objetivos de Finlandia con respecto a la conducta de las empresas y recordó que Finlandia ha adherido a los Principios Rectores de la ONU y las directrices de la OCDE sobre la relación de los estados con las empresas multinacionales.

El gobierno de Finlandia justifica la conducta de UPM

En la sesión del CDESC en curso, la directora de la Unidad de Derechos Humanos del gobierno de Finlandia, Krista Oinonen, comenzó la intervención de la delegación oficial reafirmando que los tratados de derechos humanos de la ONU son vinculantes según la constitución finlandesa y han sido ratificados por la ley finlandesa.

Sobre el plan de acción de Finlandia con respecto a la conducta de las empresas, la representante del Ministerio de Industria, Liisa Heinonen, se limitó a decir que terceros pueden presentar reclamos al punto de contacto de la OCDE en Finlandia.

A continuación, Oinonen dijo que el gobierno finlandés ha tenido un diálogo abierto con UPM y que esta empresa cumple voluntariamente con las disposiciones del Pacto Mundial de la ONU en sus actividades en todos los países.

Agregó que los logros de UPM han sido reconocidos en el marco de ese Pacto, que UPM figura entre las 3 principales empresas en un ranking internacional relacionado con estos temas y que la empresa sigue principios de transparencia.

Oinonen agregó que en Uruguay la opinión pública es favorable a la inversión de UPM.

Según la representante, el gobierno finlandés es consciente de que existen algunas preocupaciones en la sociedad civil con respecto al Contrato de inversión de UPM con Uruguay, los impactos en el medio ambiente y los impactos del ferrocarril, entre otros.

El delegado de la sociedad civil cuestiona al gobierno

El integrante de Amigos de la Tierra Finlandia, Ville-Veikko Hirvelä, que representa ante el CDESC a las organizaciones sociales finlandesas que denuncian la conducta de UPM en Uruguay presentó una réplica a las afirmaciones del gobierno.

Hirvelä comenzó señalando que los altos estándares de conducta de las empresas aceptados por Finlandia no son los que UPM aplica en Uruguay y preguntó:

«¿Finlandia clasifica como conducta empresarial del más alto nivel, y le daría la bienvenida también en Finlandia, a un negocio transnacional de miles de millones de euros que no paga impuestos, mantiene en cursos naturales de agua un nivel de fósforo 7 veces más alto de lo que permite la ley finlandesa, elimina amplias áreas del ecosistema característico del país y obliga a Finlandia a apoyarlo con 4-5 mil millones de euros de fondos públicos de los contribuyentes?»

El representante de las organizaciones sociales agregó que UPM no cumple los principios del Pacto Global de la ONU en Uruguay y advirtió que la empresa utiliza la adhesión a iniciativas de la ONU y rankings internacionales de buen desempeño como un medio para encubrir sus conductas fuera de Finlandia.

«La forma cómo un Estado debe cumplir con las obligaciones de los tratados de derechos humanos no puede estar guiada por declaraciones empresariales, sino por el organismo de tratados de la ONU autorizado internacionalmente para evaluar, monitorear y orientar la debida realización de los derechos humanos en cumplimiento de las obligaciones del tratado», expresó al Comité.

Hirvelä concluyó que, por estas razones, «una auditoría independiente sobre los impactos de las actividades de UPM en Uruguay es crucial».

Con respecto a la afirmación del gobierno sobre el resultado de las encuestas en Uruguay, el representante de las organizaciones sociales reiteró que el contrato con UPM fue negociado con desconocimiento de la población y el Parlamento. Recordó, que la Institución Nacional de Derechos Humanos señaló la insuficiencia de los procedimientos de información pública y participación social en el proyecto.

Como la evaluación debe realizarse de una manera que el respectivo organismo de monitoreo de tratados de la ONU pueda verificar que sea independiente de los intereses comerciales de UPM, Hirvelä solicitó al CDESC que, en cooperación con Finlandia y Uruguay, asegure que tales condiciones se cumplan.

Las conclusiones del Comité de la ONU sobre el caso de UPM en Uruguay se darán a conocer al término de las sesiones del Comité el próximo 5 de marzo.

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
19 de febrero de 2021