En estos días vemos que la justicia ha comenzado a dar lugar, en todo el país, a los recursos legales que la gente presenta para protegerse de las fumigaciones.

Esto significa un explícito reconocimiento de lo peligroso de los productos empleados, a pesar que quienes los fabrican y venden mienten diciendo que son “inocuos”.   El caso emblemático es el Round-up de Monsanto.

También debemos mencionar como un hecho alentador, que el Consejo Deliberante de Andalgalá, haya aprobado la realización de un plesbicito vinculante para aprobar o rechazar el establecimiento del proyecto minero de Agua Rica.

Y sobre todo, la movilización de ciudadanos comunes a lo largo y a lo ancho del país, denunciando agresiones ambientales y luchando para impedirlas.

Como Gualeguaychuenses estamos orgullosos del rol que nos cabe en esta nueva perspectiva social, le guste a quien le guste, la lucha contra BOTNIA, es un hito fuerte en estas acciones.

Generalmente, sin embargo, nuestra clase política en lugar de comprometerse con las luchas de sus representados, se aferra al status-quo dominante y, demasiadas veces, se asocia con los contaminadores, convalidando la agresión, la destrucción de la naturaleza y el saqueo de nuestros recursos.

Vemos que nuestros gobernantes, después de la fatua retórica que los conduce al poder, donde se llenan la boca prometiendo que defenderán la naturaleza y la vida, finalmente se asocian con los intereses del saqueo.

Transcurrido ya más de la mitad del tiempo que le otorga la Constitución, a la presente gestión de gobierno, vemos que el panorama ha empeorado.

Continuaron y continuarán los desmontes para plantar soja, aniquilando los últimos rincones de monte nativo que nos quedan.

Se siguen utilizando más de dos millones de litros de substancias probadamente tóxicas, por año,  en nuestra agricultura que envenenan los suelos, y el agua, con fumigaciones que impactan en forma directa e indirecta sobre los seres humanos.

Los vertidos de las actividades industriales en la provincia están fuera de control, ni siquiera se cumple lo que establece la vieja Ley 6260.

Y ahora el panorama se agrava dramáticamente con la amenaza que se yergue sobre el Acuífero Guaraní.

Aparentemente, debajo de él existe petróleo, entonces los mercaderes que transan con la naturaleza diseñan la estrategia para apropiárselo, a cualquier costo.

Primero nos sorprenden  anunciando que firmarían en nuestro nombre, un convenio con YPF.

Negociando en forma directa la exploración petrolera con una compañía privada, con un vasto prontuario y antecedentes de provocar insucesos ambientales. Sin licitación ni concurso.

Decimos en nuestro nombre, porque los recursos del subsuelo, nos pertenecen a todos.

Pero no nos consultaron.

Y ahora, preparan el terreno, con tiempo, para el otorgamiento directo de las concesiones.

El ejecutivo, mandó al Secretario de  Energía, Raúl Arroyo, a la Cámara de Senadores para defender el proyecto que presentará, donde se reserva la exclusividad de las concesiones petroleras, sin intervención de la sociedad ni la legislatura.

Los millones y millones sepultados en nuestro subsuelo, propiedad de todos los entrerrianos, serían negociados privadamente, sin intervención de los ciudadanos ni los legisladores.  Ellos decidirían a dedo quienes se quedarían con las fabulosas ganancias del negocio.

Nos asombra el optimismo desbordante del Gobernador por legitimar la iniciativa, nos habla de las “importantes regalías” que recibiremos, pretende tranquilizarnos diciéndonos que el Acuífero estará perfectamente resguardado por la “responsabilidad empresaria” de REPSOL-YPF.

Cuando todos sabemos que si algo caracteriza a esta empresa es su total Irresponsabilidad-Empresaria.

El modelo de apropiación de nuestros recursos avanza día a día, pero para hacerlo necesariamente necesita de la colaboración de nuestras autoridades.

Los Gioja en san Juan, los Brizuela del Moral en Catamarca, apellidos que asociamos inmediatamente con el saqueo y la destrucción de nuestros recursos.

¿Este panorama se reeditará en la provincia de Entre Ríos?

En lo que a nosotros respecta los estaremos vigilando.

El derecho a la licencia social, que tan difícil de digerir resulta para algunos políticos, que además debe ser vinculante esta vez defendiendo al Acuífero los entrerrianos la haremos valer a través de la movilización popular.