Para los que no esten al tanto en Corrientes hace dos décadas que gobierna una alianza local ECO -Encuentro por Corrientes- liderada por la UCR y aliada al PRO, que ha sumergido la provincia en el primer puesto en el ranking de de pobreza y miseria del país. Y existen muchos otros índices que la transforman en la «Haiti» de Argentina, como por ejemplo porque es donde ocurren el mayor número de femicidios .

La corrupción institucionalmente instalada por ECO en Corrientes alcanza ribetes de escándalo, por ejemplo el ex gobernador (dos períodos) por ECO, Ricardo Colombi enfrenta un montón de causas por corrupción, por las que esta siendo procesado

O el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani (perucho) perteneciente a la misma alianza política que fue descubierto con varios millones de dólares en una financiera trucha que no pudo justificar y esta siendo procesado por esta causa.

La lista es enorme, incluso el actual gobernador Gustavo Valdés, fue denunciado por auspiciar la compra, absolutamente irregular de un frigorífico regional, por parte de dos ciudadanos chinos insolventes, uno beneficiario de una AUH y el otro moroso categoría 4 en el Banco Central. Podríamos seguir, la lista es agobiante, pero nos detenemos para señalar que esta semana que pasó, Valdés y una comitiva viajaron a Finlandia a entrevistarse con autoridades de UPM para traer una planta de celulosa a la provincia.

FUENTE: novacorrientes.com

Negocian la instalación de UPM (ex Botnia) en Corrientes

El Gobierno de Corrientes busca que una papelera extranjera se instale en una zona costera del río Paraná.

Para ello el gobernador Gustavo Valdés viajó a Finlandia para cerrar un acuerdo con la firma Orión (UPM ex Botnia), dueña de la papelera que generó un entuerto internacional entre Argentina y Uruguay entre 2005 y 2010, debido a la autorización del gobierno uruguayo para construir dos plantas de pasta de celulosa en su territorio y sobre las aguas binacionales del río Uruguay, cerca de Fray Bentos (Uruguay) y Gualeguaychú.

En aquel entonces los entrerrianos se movilizaron contra la construcción de la fábrica por el daño ambiental que generaría. Y forzaron al Gobierno a prohibir la instalación de esas industrias en esa provincia.

Sin embargo al Gobierno correntino poco le importa preservar la ecología y respetar el derecho de los entrerrianos de tener ríos sin contaminación.

Es por ello que Valdés avanza con las tratativas para que la fábrica de celulosa se instale en Ituzaingó, ciudad de donde es oriundo, y lo hace luego de que se aprobó una ley provincial en Corrientes para que se habilite la instalación de emprendimientos papeleros en la provincia.

Mientras que las provincias de la región alertan sobre la catástrofe climática y los desajustes ecológicos a raíz de la tala de montes y la instalación de fábricas que contaminan los ríos, en Corrientes se aprobó una ley para instalar fábricas de pastas celulósicas.

El emprendimiento que impulsa Valdés es similar al que pretendía instalar en Uruguay la empresa Botnia y que, por el daño que podría causar al medioambiente, el Estado argentino inició un conflicto diplomático entre 2005 y 2010 y que terminó en la Corte de la Haya.

Solamente se construyó una de las dos plantas proyectadas, pero posteriormente hubo reclamos por la contaminación que produce en el agua del río Uruguay.

En Corrientes la iniciativa de instalar la pastera es del Estado. Es el mismo Gobierno correntino el que avanza en la idea de la poner en marcha el emprendimiento que podría profundizar el desajuste ambiental en la región.

Esta norma fue tratada el miércoles. Entonces, la Legislatura de Corrientes aprobó una ley que declara de interés estratégico para el desarrollo económico la instalación de industrias de pasta celulosa para papel. Contradictoriamente, ese mismo día también se aprobó una norma complementaria para regular el factor ambiental.

Concretamente la nueva normativa –Ley 6.495- otorga rango legal al interés provincial por “la actividad industrial celulósica y papelera, la industria de tableros y pellets, y la actividad industrial de biomasa para la generación de energía, y sus obras complementarias que generen impacto ambiental crítico o significativo».

Para el Gobierno, una fábrica de pasta sería el modo en que posibilitaría la industrialización de la provincia al aprovecharse la mayor cuenta forestal de Argentina, con casi 530.000 hectáreas de pinos y eucaliptus y a la vez.

Este hecho genera un nuevo reclamo de las organizaciones ecologistas. Los árboles están destruyendo la zona de humedales y causan un serio daño a la biodiversidad en la zona de los Esteros del Iberá.

La mayor parte de los árboles plantados en Corrientes están en terrenos de empresas multinacionales –cedidas por el Estado- y llevan el producto a otras provincias donde existe desarrollo industrial.

Pese a ello, el gobierno tiene previsto entregar a firmas privadas unas 3.000.000 de hectáreas aptas para la implantación forestal, precisaron oficialmente.

La situación generó alerta en las organizaciones sociales y grupos ecologistas que ya preparan acciones legales para solicitar la ilegalidad de la norma por generar riesgo ambiental y a la salud.

Igualmente, para que se haga efectiva, se debe contar con un decreto del Gobierno nacional para que autorice la explotación de los recursos naturales.

Es por ello que el recurso de amparo podría ser presentado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque trascendió que un juez federal en Corrientes ya tomó nota del asunto y podría actuar de oficio contra la ley provincial aprobada en mayo pasado.