Mediante el Decreto 4.407, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, redujo de 1.000 a 100 metros el radio terrestre y de 3.000 a 500 la distancia aérea, por las que mediante un fallo judicial se resguarda a las escuelas rurales de las pulverizaciones con agroquímicos, confirmó AIM. Desde la coordinadora Basta es Basta sostienen que la normativa contradice la reglamentación vigente, que además está ratificada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

No obstante, el decreto no ha entrado en vigencia ya que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial y se aguardan los plazos de rigor. De esta forma, el Gobierno cumplió con lo prometido a las entidades rurales que, hasta la semana pasada, evaluaban medidas de protesta entre la que se encontraba marchar a Paraná para protestar.

Los artículos 1° y 2° del Decreto refieren a las distancias alrededor de las escuelas, reducidas en casi un 90 por ciento a partir de esta normativa. Los artículos 3°, 4 y 5° hablan de las medidas de seguridad que deben tomar quienes realicen las prácticas de pulverización. Finalmente, el artículo 6° establece que los dueños o arrendatarios de los campos en cuestión deberán “comunicar fehacientemente con 48 horas de anticipación la aplicación sobre estos lotes (hectáreas donde se fumigue) adjuntando copia de la receta Agronómica de Aplicación al municipio (…) como así también a los directivos de las instituciones escolares”.

Basta es Basta

Desde la coordinadora provincial Basta es Basta por una vida sin agrotóxicos criticaron con dureza la medida del Gobierno y recordaron que está en vigencia el fallo judicial por el que rigen las distancias de 1.000 y 3.000 metros por tierra y aire respectivamente, alrededor de las escuelas rurales. María Fernanda Benetti, una de las abogadas que ejerció la representación legal de las organizaciones ambientales dijo que “nuestars escuelas rurales siguen efectivamente protegidas cueste a quien le cueste, al menos así lo dicta nuestro ordenamiento jurídico, un supuesto decreto que circula que no ha sido publicado en el boletín oficial, no está vigente, ¡y no es ley!”.

Por otra parte, Alejandra Pérez, integrante de la Asamblea Paraná sin Agrotóxicos, dijo a esta Agencia que el Decreto “debe declararse nulo porque no puede estar por encima de un fallo judicial”. Asimismo expresó que “se reafirma el fallo de la Justicia, que es lo único que está vigente. Lo que hizo el Ejecutivo no es legal”.  

Cabe destacar que la firma de esta normativa se produjo a tres días de que el Gobierno convocara a las agrupaciones ambientalistas de la provincia para avanzar en políticas agroecológicas.