Batalla legal sin precedentes por la segunda planta de UPM

A las implicancias ambientales, sociales y económicas de la planta de celulosa en el río Negro, se suman inéditos cuestionamientos constitucionales y legales

FUENTE:sudestada.com.uy/
Víctor L. Bacchetta

Desde la firma pública del llamado Contrato ROU-UPM, el 7 de noviembre de 2017, por tres funcionarios de la Presidencia de la República y la multinacional finlandesa, se ha generado una sucesión de impugnaciones legales sin antecedentes en Uruguay. El comienzo fue el cuestionamiento de ese acto oficial y siguió a medida que se fueron conociendo las consecuencias de su implementación.

La polémica se inició con la propia denominación de «contrato» a un documento que sólo es una sucesión de compromisos asumidos por una de las partes, el gobierno nacional, en nombre del Estado uruguayo, mientras la empresa UPM queda libre de responsabilidad si decide hacer o no la inversión. Al cabo de cierto tiempo, desde la misma Presidencia de la República se pasó a hablar del «acuerdo».

Se cuestionó también que tales compromisos fueran firmados por unos funcionarios y no por las autoridades responsables, sobre todo el presidente Tabaré Vázquez. Luego se supo que existía una resolución del Consejo de Ministros aceptando el acuerdo y facultando a esos funcionarios a firmarlo. Sin embargo, dicha resolución (R. 152/017) no ha sido publicada hasta el día de hoy en los medios oficiales.

A partir de allí, los cuestionamientos abarcaron prácticamente todo el contenido del acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo y habilitaron acciones previstas en el orden legal vigente. Pero la urgencia del gobierno por concretar la inversión ha llevado a nuevas transgresiones de los procedimientos vigentes para la autorización de los proyectos y éstas son la base de nuevas impugnaciones legales.

Las acciones van desde alegar el carácter inconstitucional e ilegal del Contrato ROU-UPM hasta el cuestionamiento de varias decisiones posteriores del Poder Ejecutivo, principalmente del Ministerio de Transporte y Obras Pública (MTOP) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), a lo que se suman los gobiernos departamentales implicados en partes del proyecto.