Juan González es el máximo referente de las luchas por la defensa de los derechos de los trabajadores del NEEA, actual Secretario General de CTA de la región también ha sido Secretario General Nacional de ATE, de la CLAT –Central Latinoamericana de Trabajadores-.

También es investigador histórico y el encabeza un  colectivo de organizaciones populares que están impulsando y participando en la creación de la Universidad Democrática de los Pueblos Libres , institución que viene a romper el paradigma de las universidades nacionales diseñadas a la medida de los intereses neocoloniales y entreguistas, ha decidido ampliar una denuncia penal, por él presentada ante la Secretaría Penal del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, donde reclama ante la justicia con fundamentos irrefutables que procese al presidente Macri y demás componentes de su gabinete.

aquí la denuncia:

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Denuncia Penal Criminal

 

SEÑOR FISCAL:

Juan Alfredo González – D.N.I.  N° 10.844.311, con domicilio en la calle Belgrano N° 952 de la Ciudad de Corrientes – Provincia de Corrientes, en la causa que se tramita por Expte. Nº3432/2016, ante la Secretaría Penal del Juzgado Federal Nº 1, al Sr. Fiscal me presento y digo:

Objeto: Que vengo por este acto a ratificar mi denuncia presentada ante usted el 2 de junio y ampliada el 27 de junio del presente año, por la probable comisión de delitos tipificados en el Código Penal Argentino, a los efectos de que se proceda a la investigación y el procesamiento de los autores, todo ello con la aplicaciones de las normas que regulan el procedimiento en el Orden Federal. Concretamente, mi insistencia señor Fiscal en ratificar la denuncia presentada ante la continuidad de las acciones políticas denunciadas que siguen agravando profundamente la realidad política socioeconómica de los ciudadanos de nuestro país. Situación que reafirman el necesario procesamiento al Presidente de la Nación Argentina MAURICIO MACRI y de sus funcionarios. Quienes según los escritos presentados en la fecha mencionada, surge la clara responsabilidad criminal del Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri en su condición de tal y como JEFE SUPREMO de la NACION, JEFE del GOBIERNO y responsable político de la Administración General del País. (Art. 99 inc. 1 de la Constitución Nacional), como autor “prima facie” responsable de los delitos de ASOCIACION ILICITA (Art. 210 del Cód. Penal); ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO (Art. 248 del Cód. Penal) todo en concurso real tantas veces reiteradas como hechos acreditados, todo ello en relación al incumplimiento como funcionarios públicos de las leyes que establecen responsabilidad del Estado en garantizar derechos sociales, laborales, económicos y culturales de trabajadores (urbanos y rurales) y de la ciudadanía en general. Responsabilidad que debe endilgarse al Sr Presidente con sus funcionarios, Ministros y Secretarios de las distintas Áreas de gobierno en donde se comprueben los hechos descriptos, en calidad de co-autores.

Todos en violación del art. 13 de la Ley 25188 de ETICA de la FUNCIÓN PUBLICA, con el objetivo de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO; utilizando sus funciones públicas con el fin de transferir recursos financieros y naturales a corporaciones empresariales de la que ellos son partícipes.

La ratificación que vengo a presentar es por el agravamiento de la situación de derechos humanos, sociales, económicos y culturales de los ciudadanos trabajadores y pequeños productores, tanto urbanos como rurales. Que dicho agravamiento es producto de la conducta del presidente y sus funcionarios, que continúan actuando en clara violación a lo establecido por la Ley de ETICA de la FUNCIÓN PUBLICA. Con hechos que demuestran el exclusivo interés privado y peor aún, el interés privado particular de estos empresarios-funcionarios, en contra del interés público y a costa del Bienestar general. Con el sostenimiento de políticas que afectan en forma directa derechos sociales, laborales, económicos y culturales de trabajadores urbanos y rurales (agricultores familiares y pueblos indígenas) que importa una afectación a los ciudadanos en general.

La presente ratificación lo hacemos por la gravedad de hechos que profundizan la violación de derechos que ponen en peligro la paz social dado el claro y definido incremento de la conflictividad social por el aumento de la pobreza e indigencia; que importa una perdida de calidad de vida, poniendo en riesgo la vida, ante la pérdida del ingreso mínimo vital de millones de argentinos, sumado al retiro del Estado como garante de la Seguridad Alimentaria. Todas, conductas políticas que violentan el principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno (Art. 33 de la Constitución Nacional).

La gravedad política social por violación de derechos nos habilita como ciudadano al “derecho de resistencia contra quienes ejecutaren actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático” según lo establece el Artículo 36 de nuestra Constitución. Se sostiene en este artículo que (…) “Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”. Definiendo en su último párrafo que “El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función”.

Surge claramente de este artículo que el gobierno (Ejecutivo nacional) debe tener legitimidad de origen y de ejercicio. Entendiendo, que la legitimidad de ejercicio nos remite al concepto asumido por las doctrinas iusnaturalistas: que el gobierno para ser legítimo debe propender al bien común, al Bienestar general, a la realización del valor justicia. La falta de esta legitimación en circunstancias extremas hace surgir el derecho de resistencia a la opresión y a la ley injusta.

Todos los empresarios funcionarios denunciados, encabezados por el presidente, ya fueron y siguen siendo denunciados en distintas causas, con la misma identidad de delitos económicos financieros contra el Estado que conlleva enriquecimiento. Insistimos, que estos delitos van contra la soberanía del pueblo; no se tratan de hechos aislados sino que, estamos ante una “asociación” de empresarios para cometer estos ilícitos. Grupos empresariales asociados que son reconocidos política y judicialmente en  sus operatorias de negocios empresariales desde la época de la Dictadura.

Es reconocida la identidad neoliberal de las políticas aplicadas por el gobierno nacional de Mauricio Macri y sus funcionarios-gerentes.

En esta ratificación queremos sintetizar para mayor claridad en cuanto al objetivo de la presente ratificación y ampliación de la denuncia, en dos ejes de las acciones y las estructuraciones políticas, económicas y financieras que definen el “grave delito doloso contra el Estado” sistemático de estos funcionarios encabezados por el presidente. Que, conformaron una asociación ilícita empresarial para el enriquecimiento de las corporaciones que representan y del que son miembros claramente definidos por la Ley de Ética Pública. Las políticas de endeudamiento, explotación y saqueo que escandalosamente llevan adelante, violentan el principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno (Art. 33 de la Constitución Nacional). Son estos principios violentados que definen el Derecho de Resistencia ante un gobierno claramente anti-democrático con el exclusivo interés privado de enriquecimiento.

Es reconocido mundialmente que las implementaciones de las políticas neoliberales para los países periféricos reproducen la cultura política de colonización, tal como fue denunciado y asumido en el proyecto ALCA en la Cumbre de presidentes de la OEA en noviembre de 2005 en la ciudad de Mar del Plata (Bs.As.) Argentina. El desarrollo de estas políticas neoliberales en nuestro país fue considerado como ejemplo en sus dos etapas de su aplicación. La primera, fue con el nefasto Golpe de Estado del 24 marzo de 1976, que instaló la Dictadura cívico militar que llevó adelante el plan definido por la “Doctrina de Seguridad Nacional” para desarrollar las políticas de dependencia política, económica-financiera, con el endeudamiento externo y la primerización de la economía. Políticas que nos llevaron a una desindustrialización nacional. Esta política de colonización económica financiera fue posible aplicarla por los cívicos-empresarios de la Dictadura, “gracias a los militares” que ejecutaron la más tremenda acción destructiva a la libertad y soberanía de los pueblos, con el genocidio. Un claro el exterminio sistemático y planificado de los sujetos populares, que aún estamos pagando sus consecuencias. Acción que fue realizada por Dictaduras cívico militares no solo de Argentina, sino de Latinoamérica.

La segunda etapa fue la iniciada bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem; donde continuaron con la estructuración de la dependencia, con la entrega patrimonial (de nuestros recursos naturales y empresas del Estado, incluido la “joya de la abuela”, el petróleo de YPF) al poder financiero a cambio de los papeles basura de la Deuda Externa “malhabida” realizada por la Dictadura, que incluyó la estatización de la Deuda privada. Para ello, en esta etapa se avanzó en la Reforma del Estado de segunda generación planificada y financiada por el Banco Mundial, y exigido por el FMI. La Reforma fue definida como Modernización del Estado, reduciéndolo a una estructura eficiente como instrumento de transferencia de recursos económicos y financiero a las corporaciones de la concentración transnacional; y como, control social focalizado, tanto en cuanto a políticas sociales como al armado represivo a efectos de contener o reprimir la conflictividad social, de los excluidos por estas políticas. La gobernabilidad del sistema desarrollado por el neoliberalismo se basa en estructurar la colonización de los Estados nacionales. Es importante resaltar, que en esta etapa se inicia la profundización de la crisis de representación democrática; donde las campañas políticas se convirtieron en campañas publicitarias basadas en el fraude ideológico electoral. Así lo expresó el presidente electo, Menem, “si decía lo que iba a hacer nadie me votaba”.

A efectos de garantizar este proceso, a través de la reelección presidencial, se concertó el “pacto de Olivos” con el fin de realizar la Reforma Constitucional. Allí, el progresismo popular, intento avanzar en mayores garantías democráticas para contrarrestar la ofensiva del neoliberalismo oligárquico colonizador.

Con este sentido fue incorporado el capítulo segundo en cuanto a Nuevos derechos y garantías en la Reforma constitucional del 94, donde su artículo 36º establece que, “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos”. Y además, que “Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas”.

Surge claramente, del texto del artículo 36º de la Constitución Nacional, que el acto de fuerza contra el sistema Democrático no se refiere solamente a la acción militar al establecer que, “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

Nuestra historia, expresa la vigencia de esta confrontación política: de empresarios de grandes corporaciones nacionales y multinacionales, que se enriquecen a costa del empobrecimiento de los trabajadores, a través del poder de la fuerza; que, violentando el orden institucional y el sistema democrático imponen un orden económico social basado en la acumulación de riqueza de la élite empresarial. Nuestra historia en la implementación de estas políticas es a través de la violencia en el ejercicio del poder, de la dominación por el miedo con el extremo del terrorismo de Estado. En estas etapas, de los noventa y la actual iniciada el 10 de diciembre de 2015, lo realizan no con la suspensión del orden constitucional sino con su  incumplimiento, gobernando por Decreto por encima del mandato constitucional y de las leyes que de ella emanan. Abuso del poder, al que debe sumarse la conducta de veto a leyes definidas en el marco de derechos por el Congreso nacional.

Los trabajadores de los pueblos de nuestro país, ya conocemos la historia de estas políticas, de las corporaciones al servicio del poder financiero internacional; cometiendo ilícitos, con el crecimiento patrimonial de los empresarios-funcionarios asociados para enriquecerse, violentando derechos contra de los trabajadores y los pueblos en nuestro país.

Por ello, ratificamos la denuncia reafirmando que estamos ante una Asociación ilícita de empresarios-funcionarios, para llevar adelante este plan de saqueo de recursos naturales y financieros, la estructuración de la colonización neoliberal con el sometimiento de trabajadores y pueblos. Siendo, el objetivo principal de la presente denuncia (tercera presentación) es el funcionamiento republicano democrático, restituyendo el Estado de Derecho; ya que, el gobierno de CEOs presidido por Mauricio Macri, “incurren en grave delito doloso contra el Estado” con el fin del enriquecimiento privado (personal y de las corporaciones que representan y forman parte) en contra del Bienestar general.  Tal como lo establece el artículo 36º de la Constitución nacional y su Ley de Etica pública. Donde, más allá de establecer las responsabilidades penales del gobierno de funcionarios-empresarios en este delito contra el Estado, nos habilita como ciudadanos, como pueblos, al “derecho de resistencia contra quienes ejecutaren actos contra el sistema democrático”.

Frente a un gobierno que se aparta de la letra o del espíritu de la Constitución, el pueblo puede actuar contra las políticas injustas (inconstitucionales) con la desobediencia civil, el no reconocimiento de la política injusta. “Nuestra desobediencia como ciudadanos debe orientarse y sostenerse en el objetivo del bien común”. Por ello, la desobediencia se basa en la obediencia a los mandatos constitucionales, como mandato popular.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) señala en su Preámbulo que es esencial la protección de los derechos humanos para que el hombre no se vea obligado a recurrir al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

La resistencia como desobediencia civil es una acción previa a la situación extrema de la rebelión; se trata de sostener la obediencia a los mandatos constitucionales con sus mecanismos de defensa republicana de la democracia. Por ello, la imprescindible acción de la Justicia en la restitución del Estado de Derecho y la determinación de las políticas injustas, inconstitucionales y la ilegitimidad del gobierno, “por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos”. Considerando, que deben responder penal y civilmente por los delitos dolosos contra el Estado.

Nuestra desobediencia resulta de sostener la ilegalidad, ilegitimidad e inmoralidad (falta de ética pública) del gobierno nacional; por lo cual, asumimos ser Acreedores de una Deuda histórica, social, ecológica y Cultural; No deudores, de ninguna deuda generada por quienes violentando el sistema democrático han cometido delitos dolosos contra el Estado, es decir contra el pueblo con el fin de sus enriquecimientos.

A efectos de la presente ratificación, intentamos sintetizar su desarrollo en los dos ejes planteados del plan neoliberal: el primero, las reformas del Ajuste del Estado hacia su estructuración definida como “modernización”; y el segundo, la estructuración de la dependencia financiera.

1 – Modernización: desarme del Estado social de Derecho.

Los despidos masivos de trabajadores del Estado sin causa y el incumplimiento por parte de los funcionarios de gobierno de funciones del Estado por suspensión del financiamiento de organismos y/o programas, tienen el objetivo de la perdida de políticas públicas que garantizan derechos sociales y económicos de la ciudadanía en general. Esta conducta de los funcionarios bajo la máxima responsabilidad presidencial, expresan un abuso de autoridad y falta de los deberes de funcionario público; pero, principalmente implican una violación sistemática de “los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general”, por lo cual privilegian el interés particular sobre el interés público”.

La importancia del reconocimiento de la identidad empresarial de estos nuevos funcionarios públicos es lo referente a la responsabilidad de la representación política en la administración de lo público normado en el CAPITULO II sobre Deberes y pautas de comportamiento ético de la Ley 25.188 de Ética en el ejercicio de la función pública; que en su art.2º establece “Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético: a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno;

1. b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana;
2. c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular;
3. d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello; e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan;
4. f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados; h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia razonabilidad; i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil”.

Tanto en la primera presentación (02/06/2016) como en la segunda (27/06/2016) dimos cuenta detallada de los hechos violatorios de derechos en términos masivos en cuanto a políticas de Ajuste por los trabajadores y reducciones presupuestarias; como también, de hechos de corrupción producto del ejercicio de sus funciones con el fin de enriquecimiento.

Estas conductas se agravan con el avance hacia una reforma del Estado que define un achicamiento con reducción sustancial de presupuesto en las políticas sociales que garantizan derechos humanos, sociales, económicos y culturales de los trabajadores y de los pueblos claramente establecidos en nuestra Constitución y leyes que emanan de ella.

Por ello, reiteramos por la presente, no solo nos reconocemos en el derecho de resistencia sino que además, rechazamos el endeudamiento en nombre del pueblo por su ilegitimidad de ejercicio; reafirmando nuestros derechos de reparación en cuanto somos Acreedores de una Deuda histórica, social, ecológica y cultural, que con estas políticas la están incrementando.

El caso mas cla específico de la transferencia de recursos del Estado al sector agroexportador ha llevado el precio de productos alimentarios hacia el precio internacional. Agravando nuestra situación interna relacionado con el derecho alimentario. El Ministro de agricultura Buryaile manifestó, algo que esta reconocido desde el conflicto por la renta agroexportadora del 2008, que «Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, entonces no puede haber un solo argentino que pase hambre«. Nuevamente aquí, vemos la violación a la Ley de Etica Pública. Con la clara política de saqueo de recursos naturales y financieros. Sosteniendo la capacidad  de producción de alimentos para 400 millones y ben la Argentina somos solo 40 millones, donde este gobierno con sus medidas ha aumentado la pobreza y la indigencia.

 

2 – Endeudamiento

La manipulación del endeudamiento externo, la especulación financiera y la fuga de capitales, tienen el objetivo del enriquecimiento  particular de los empresarios-funcionarios y una clara política de dependencia eterna. Sistema que fue utilizado en el inicio de la Dictadura cívico-militar de 1976, totalmente comprobado. Este mecanismo delictivo fue investigado en la causa “Olmos Alejandro s/ Denuncia”, iniciada en octubre de 1982 y cerrada en 2000, donde se reúnen decenas de investigaciones, millares de fojas, informes periciales, recortes de diarios, declaraciones de ex funcionarios, todos datos que durante dieciocho años fueron recopilándose y que desentrañan los mecanismos utilizados para estafar al país, al pueblo que ha pagado con vida sus consecuencias.

La investigación judicial, que contó con numerosos peritos de organismos oficiales y privados, locales y extranjeros, comprometió seriamente a las autoridades civiles y militares de entonces, entre ellas, al ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, a su mano derecha Guillermo Walter Klein (h), quien tuvo a cargo la Secretaría de Programación y Coordinación Económica, y a los distintos presidentes del Banco Central.

Pero, éstos fueron los responsables políticos, los beneficiarios fueron algunos grupos económicos ligados a los centros financieros internacionales, como Macri, Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint (Rocca), Soldati, Pescarmona, que contrajeron la deuda privada que más tarde sería estatizada con seguros de cambio. En el año 2000 el juez Jorge Ballestero declaró esa deuda como “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”. Se había demostrado cómo las empresas nacionales y extranjeras habían creado rentas ficticias para defraudar al Estado. El pago de esta estafa se realizó revalorizando la estafa en la década de los noventa, generando un nuevo enriquecimiento de las corporaciones, principalmente financieras y el empobrecimiento de los trabajadores y de los pueblos.

Con el gobierno de la Alianza se vuelve nuevamente a “renegociar” con el mismo mecanismo de estafa. El Megacanje fue el mecanismo utilizado que consistió en el canje de bonos de la deuda pública para aplazar el pago de más de 20 mil millones de dólares en vencimientos de capital e intereses. Fue ideado por un acuerdo entre el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo – ideólogo de la convertibilidad-, y el ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos -titular del Banco CreditSuisse-First Boston en Buenos Aires en ese momento-, David Mulford.

Se canjearon 46 bonos por otros 5, que aplazarían pagos hasta 2031. Entre onerosos intereses, comisiones y demás, la pericia realizada y las posteriores denuncias establecieron un incremento de la deuda en al menos 55.000 millones de dólares. Se trabajó con siete bancos que recibieron comisiones por 150 millones de dólares (Mulford obtuvo unos 20 millones); que fueron: el Banco Francés, el Santander Central Hispano, el Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Credit Suisse First Boston.

Las comisiones cobradas por los bancos respondían al canje de bonos por 27 mil millones de dólares: pero 20 de esos 27 mil millones ya estaban en manos de esos bancos que, de ese modo, cobraron por un autocanje. Según la fiscal de la causa Fabiana León, se trató de un salvataje «doloso» a las carteras de los bancos.

Este proceso terminó en la crisis del 2001, donde la pagamos nuevamente los trabajadores con la muerte por represión en los días 19 y 20 de diciembre de aquel año; y además, con el empobrecimiento del 54% de los trabajadores, del pueblo.

Desde que asumió el presidente Macri junto con su gabinete Económico, la deuda externa no ha parado de aumentar y se prevé aún más, sobre los primer meses de gobierno hemos dado detalle del inicio de este endeudamiento; además de la identidad de estos funcionarios-CEOs que fueron partícipes de ello, durante y la Dictadura y de la década de los noventa, como del gobierno de la Alianza, de esta misma operatoria. De endeudamiento, de bicicleta financiera y fundamentalmente de la fuga de capitales. Ahora lo hacen como política de gobierno.

Esta política no solo continúa sino se agrava, tal como lo expresan los economistas, inclusive los que comulgan la misma ideología.

Según un informe del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET desde que asumió Mauricio Macri el endeudamiento externo, sumando la tomada por el Gobierno nacional, los provinciales y los privados, llega a la escandalosa suma de 81.972 millones de dólares. En el horizonte existe una improbable capacidad de repago porque el endeudamiento lejos de ser para un desarrollo genuino alimentó la fuga de capitales y cubrir gastos corrientes en un contexto donde, simultáneamente, se le dejó de cobrar impuestos al agro, a las mineras y se otorgan subsidios a las compañías energéticas más allá de la suba de tarifas. El endeudamiento externo es un tema crucial que requiere hoy una acción rápida para detenerlo y un plan para afrontar sus consecuencias nefastas.

Durante el año y medio de gobierno de Mauricio Macri, Argentina se transformó en el país emergente que emitió más deuda en dólares en el mundo. Colocó títulos públicos y letras del Tesoro por 45.951 millones de dólares, un 263 por ciento más que Arabia Saudita que quedó en segundo lugar con 17.500 millones, según reveló el último informe del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET. Si se suman las emisiones en pesos y la deuda colocada por provincias y empresas la cifra llega a la friolera de 81.972 millones de dólares. A su vez, el decreto 334 del 12 de mayo habilita al Ejecutivo a tomar otros 20.000 millones en lo que queda del año. La situación genera preocupación entre especialistas porque la deuda fue en su mayoría a financiar la fuga de capitales en sus distintas variantes

El Estado Nacional emitió deuda en 2016 por 22.351 millones de dólares y en lo que va de este año ya lleva sumados otros 23.600 millones, lo que arroja un total de 45.951 millones sólo entre títulos públicos y letras en dólares. Los títulos públicos suman 22.051 millones el año pasado y otros 10.962 millones en los primeros cinco meses de este año, lo que totaliza 33.013 millones a un plazo promedio de 10,7 años. Por su parte, las letes en dólares fueron 300 millones el año pasado y 12.638 en lo que va de este año.

A los 45.951 millones de dólares en títulos y letras se le suman otros 17.274 millones de dólares también emitidos por el Estado Nacional, pero en moneda local, 10.381 millones de dólares de las provincias, que tiene como garante al Estado Nacional, y 8366 millones de dólares de empresas privadas, lo que arroja un total de 81.972 millones.

En lo que refiere al sector corporativo, 13 empresas se endeudaron por 2675 millones de dólares en lo que va del año. Las últimas fueron Los Grobo Agropecuaria, Capex y Electronic System que en mayo colocaron en total 483 millones en dólares bajo legislación local. Desde la asunción de Macri, el total de firmas privadas que se endeudaron en dólares llega a 29 por un total de 8366 millones a un plazo promedio de 5,8 años.

A raíz del creciente endeudamiento, los vencimientos comienzan a pesar cada vez más en el conjunto de las cuentas públicas. Del total a vencer en moneda extranjera en 2017, vencimientos de interés por 2.124 millones de dólares y vencimiento de Letes del Tesoro en dólares por 10.388 millones de dólares corresponden exclusivamente a “nueva deuda” emitida por la gestión Cambiemos. La nueva deuda ya explica el 41 por ciento del total de los vencimientos anuales de 2017. En este punto, insistimos sobre la compre de Lebac por parte del presidente con el dinero que tenía en el paraíso fiscal de Bahamas, según sus propias declaraciones.

Además, en perspectiva agregada, esa “nueva deuda” explica un 27 por ciento (71.229 millones de dólares) del total de vencimientos de deuda pública para los años 2017-2046 en su conjunto (268.147 millones de dólares en total). El crecimiento de la deuda es vertiginoso y el gobierno no da señales de que tenga previsto sacar el pie del acelerador. Por ahora, quien asuma en 2019 deberá enfrentar un horizonte financiero muy pero muy complejo.

Este Gobierno, no deja de sorprender, la semana pasada, nos endeudó nuevamente, pero con una colocación de 2.750 millones de dólares mediante un bono en dólares al inusual plazo de 100 años.

Con una tasa de interés del 8,25 por ciento anual, este bono se convertirá en la operación financiera más rentable para los grandes fondos de inversión internacional. El gobierno del Presidente Macri ya emitió deuda por casi 100 mil millones de dólares en casi veinte meses de gestión, superando el ritmo de endeudamiento de la dictadura militar.

La tasa de interés es altísima, el plazo es extensísimo y la moneda de emisión del bono no es la propia. El gobierno encabezado por Mauricio Macri ha colocado deuda por casi 100 mil millones de dólares en casi veinte meses de gestión, iniciando el tercer gran ciclo de endeudamiento argentino a un ritmo más veloz que el anterior que comenzó con la dictadura militar de 1976, ratificando que la deuda será eterna.

Es una tasa ruinosa para el país, al comprometer las finanzas nacionales a pagar intereses muy altos en un plazo ultralargo.

Los demandantes privilegiados de esos bonos son fondos de pensión que buscan elevadas rentabilidades por plazos larguísimos. Es un negocio diseñado para esos administradores del dinero de trabajadores esperanzados de obtener una jubilación decente en la etapa laboral pasiva. La dimensión del negocio es tan rentable para los financistas –no para Argentina- que según operadores de la city, luego de difundirse la noticia, en apenas una hora, se habrían generado órdenes de compra por más de 3.000 millones de dólares.

Los bonos a cien años emitidos por el gobierno de Cambiemos, con la tasa de interés pactada, es una operación ilegal y absolutamente ruinosa para el país. Se pretende que paguemos 19.600 millones de dólares de intereses, y con una pérdida a valor de hoy de 2.286 millones de dólares. Además viola la Ley de Presupuesto 2017 y la Ley de Administración Financiera del Estado

Tampoco se conoce la finalidad con que el gobierno van a usar estos 2.472 millones de dólares. Unos 40 mil millones de pesos. Casi lo que cuesta la millonaria y polémica obra del Soterramiento del Tren Sarmiento a cargo de Odebrecht y Iecsa, cuyo contrato detentaba el primo hermano Angelo Calcaterra Macri, cuyo costo ronda los 3.000 millones de dólares.

Los bancos encargados de colocar la deuda eterna argentina son el Citi, HSBC, Santander y Nomura.

Citigroup y HSBC fueron los bancos gestores, mientras que Nomura y Santander actuaron como encargados conjuntos.

Según la AFIP, el HSBC en Argentina facilitó un mecanismo de fuga de divisas provenientes de la evasión tributaria. La investigación, producto de la denuncia de la AFIP, debe establecer el “grado de planificación ilegal del HSBC” y cómo esa planificación pudo contribuir a la evasión tributaria.

Pero, el gobierno actual del presidente Macri desmantela las áreas de control del Estado sobre los delitos de evasión fiscal, como la UIF, cuya función es controlar, monitoreando e identificando responsabilidades de delitos en el sistema financiero. El presidente Mauricio Macri despidió a trabajadores de distintos departamentos de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de controlar el lavado de activos, reduciendo a la mitad su personal. Los despidos completan el círculo de desmantelamiento de áreas y dependencias estratégicas en la supervisión y control del sistema financiero.

De esta manera, este Gobierno de empresarios quitó a la UIF el lugar de órgano central en las políticas de prevención y persecución de delitos financieros de los cuales ellos están sospechados junto a sus empresas.

Pero, además, el gobierno de Macri designó por decreto a María Eugenia Talerico como vicepresidenta del organismo. Talerico, fue abogada del HSBC y como tal está en al menos tres causas ante la Corte Suprema iniciadas por la UIF contra esta empresa. Lo cual es violatoria de todo lo establecido en la Ley de Etica pública.

La fuga de capitales se aceleró en este primer cuatrimestre y creció un 40% hasta los u$s 5.630 millones, de acuerdo a un informe presentado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) este martes.  «Su crecimiento es aún mayor en relación a igual período de 2015, considerando que la adquisición de moneda extranjera para la formación de activos externos en los primeros cuatro meses de este año resultó ser el doble«, segun el informe.

Durante el 2016, la Formación de activos externos del Sector Privado No Financiero (FAE del SPNF) alcanzó los u$s 9.951 millones, con un fuerte crecimiento en relación con el año anterior. Sin embargo, se aclara, «de no haber sido por el ingreso de cerca de u$s 4.000 millones en el marco del Régimen de Sinceramiento Fiscal, la fuga habría sido de alrededor de u$s 14.000 millones«.

En esta línea, el trabajo de CEPA marca que «hasta noviembre de 2015, los flujos mensuales de salidas no superaban los u$s 1.000 millones y, a partir de ese momento, se acercan a los 2.000 millones de dólares. Entre enero y noviembre de ese año, el promedio de salida mensual fue de u$s 590 millones, mientras que entre diciembre de 2015 y abril de 2017 el promedio de salida mensual es de u$s 1.037 millones de dólares, lo que indica un aumento del 75%«.

Un informe de la Universidad de Avellaneda reveló que en los primeros dos meses de 2017 se fugaron casi u$s 4.000 millones, la suma más grande desde 2003. Por su parte, el Observatorio de Políticas Públicas de la casa de estudios indicó que en 2016 la salida de dólares del sistema financiero superó en un 16,8% a la de 2015 y que se trata de un 37,2% al promedio de los últimos cinco años.

El relevamiento asegura que la perspectiva para el 2017 «parece mantenerse» ya que las erogaciones de dólares del BCRA para atesoramiento privado, pago de intereses y remisión de utilidades «fue la mayor de los últimos quince años».

En ese marco, se calculó que la salida de casi u$s 4.000 millones en el primer bimestre del año representan la suma de dólares fugados del sistema más grande desde el año 2003, superando en un 83,9% al promedio de los últimos quince años.

Ante este contexto desde la Universidad de Avellaneda señalaron que las metas de inflación del Banco Central «están en riesgo», lo cual afecta nuevamente a los trabajadores. Los especialistas analizaron que «si los ahorristas no encuentran un refugio de poder adquisitivo en pesos, la dolarización de carteras puede tomar un ritmo peligroso para la sustentabilidad macroeconómica».

Por otra parte, el informe destaca que la dolarización de carteras está en niveles «como no se habían visto en décadas». Según el informe de la Universidad de Avellaneda, desde enero a noviembre de 2016 se fugaron algo más de 11.000 millones de dólares, lo que representó un aumento del 84% en términos interanuales. En tanto, en los dos primeros meses de 2017 ya se fugaron 9.000 millones de dólares, la mitad de la deuda
En tanto, el informe del Observatorio de Políticas Públicas de la universidad señaló que en el primer bimestre del año 2017, las erogaciones totales del sector privado no financiero crecieron un 120% y que si se toman el subconjunto de dólares destinados al atesoramiento privado y la fuga, se registra un crecimiento del 10,6% en el acumulado enero-febrero del corriente año, respecto a igual período de 2016.

«El mes pasado por cada dólar que entró al mercado interno para invertir en actividades productivas hubo otros 5 dólares que ingresaron para la especulación financiera», así lo define CIFRA.

Esta relación de inversión versus especulación se incrementó con respecto a los meses pasados y pone de relieve un problema para el  gobierno: la incapacidad de generar financiamiento para obras y el problema de pagar los intereses de las LEBACS.

«Esos capitales especulativos van a la compra de Lebacs de corto plazo y en 2017 aumentaron mes a mes hasta marcar un pico histórico».

Según datos difundidos por el Banco Central «En enero fue de 270 millones de dólares, en febrero de 603 millones, en marzo de 737 millones y el mes de abril superó los 1200 millones».

La Fuga de capitales se incrementó en los últimos meses; «La salida de capitales del mercado interno por ahorro, turismo y giro de utilidades siguió en aumento, según el informe del Central, al tiempo que se redujo la inversión extranjera destinada a la economía real».

Tampoco se conoce la finalidad con que el gobierno van a usar estos 2.472 millones de dólares. Unos 40 mil millones de pesos. Casi lo que cuesta la millonaria y polémica obra del Soterramiento del Tren Sarmiento a cargo de Odebrecht y Iecsa, cuyo contrato detentaba el primo hermano Angelo Calcaterra Macri, cuyo costo ronda los 3.000 millones de dólares.

El anuncio oficial se limita sólo a decir que: “esta operación se enmarca en el objetivo del Gobierno Nacional de asegurar el financiamiento en las mejores condiciones posibles para el crecimiento de la economía y la generación de empleo”.

Por esto, no queda otra que suponer y que el destino del endeudamiento será para financiar gastos corrientes y solventar el déficit fiscal. Lo que fue el Gran caballito de batalla de electoral de este gobierno. Destino que, según Giuliano, “está vedado por la Ley 24.156 de Administración financiera del Estado, que en su artículo 56 dice expresamente que se prohíben las operaciones de crédito público para financiar gastos operativos”.

Además, este nuevo bono externo, no está previsto en la Ley 27.341 de Presupuesto 2017, que en su artículo 34 sólo autoriza la realización de operaciones de crédito público según la planilla anexa a dicho artículo. Y en ella no figura este endeudamiento. Normativa que a su vez está ceñida por la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, que en su artículo 60 establece taxativamente, que no pueden contraerse operaciones de deuda fuera de la Ley de Presupuesto anual, o Ley Especial al respecto.

Por último, la centenaria deuda de Macri, tampoco tiene opinión del Banco Central como marca la Ley. Y trasgrede la Ley 24.156 que exige que en todas las colocaciones de Deuda Pública se cubran requisitos de “eficiencia” y “eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos”.

La deuda emitida desde enero ya ascendió a más de 20 mil millones de dólares y 55 mil millones de pesos. El Gobierno argentino encaró un proceso de mayor endeudamiento desde que asumió el 10 de diciembre de 2015. Sin embargo, parte de esos dólares que ingresaron por la colocación de Bonos y letras tuvieron un paso fugaz por el país, ya que casi el 40% sirvió para financiar la fuga de capitales.

Según el estudio del Observatorio de la Deuda Externa (ODE), de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET), la cantidad de dólares que salieron por la fuga representan el 39,1% del total de la deuda emitida desde el 1 de enero de 2017 hasta la fecha. Según estas estimaciones, el Estado nacional tomó deuda por el equivalente aU$S20.004 millones, entre los Bonos (US$9.167 millones) y Letras del Tesoro (U$S10.387 millones). A esto hay que sumar la deuda en pesos, que alcanzó los 55.325 millones en moneda nacional.

Hasta el último dato disponible del Banco Central, la fuga de divisas totalizó7.820 millones de dólares entre enero y marzo. Es decir que casi 4 de cada 10 dólares que ingresaron a la economía argentina vía deuda volvió a salir por otra vía.

Según el ODE, existe un «subsidio implícito» a sectores de mayores ingresos, que obtienen así dólares baratos. «Si al tipo de cambio atrasado lo combinamos con recesión en el consumo y apertura de la economía, los efectos sobre la vida en comunidad productiva, empleo y distribución de ingresos se hace la más regresiva y temerosa de los últimos 40 años«, según el informe.

El presidente como muchos empresarios argentinos, entre los que se encuentran varios funcionarios designado por el presidente fueron “descubiertos” públicamente por investigación periodística en la existencia de empresas y cuentas en el paraíso fiscal de Panamá y ahora también en las Bahamas.

La situación específica del presidente está en la justicia, en manos del fiscal Delgado y cuenta con las documentaciones que demuestran las falsedades en que ha incurrido el presidente, en cuanto a su declaración jurada y sus manifestaciones públicas. Pero, además, el mandatario admitió poseer más de 1,4 millón de dólares en cuentas en el paraíso fiscal, Bahamas. Con ello, reconoce su doble delito. Primero, doble ocultamiento; ya que, no tenía declarado siendo funcionario público, como jefe de Estado de la Ciudad A. de Bs. As.; y segundo, tampoco informo al entregar al fideicomiso “ciego” la administración de su patrimonio.

La gravedad de este modus operandi, de  “especuladores financieros”, de evasores y lavadores de dinero, son contra el Estado argentino. Que, históricamente se desarrollo con la “fuga de capitales” en un monto similar, con el mismo incremento de la Deuda externa.

Además, esta política determina que las metas de inflación del Banco Central «están en riesgo», lo cual esto lo pagan los trabajadores con el aumento de la pérdida de poder adquisitivo. Los especialistas de la Universidad de Avellaneda analizaron que «si los ahorristas no encuentran un refugio de poder adquisitivo en pesos, la dolarización de carteras puede tomar un ritmo peligroso para la sustentabilidad macroeconómica».
El informe destaca que la dolarización de carteras está en niveles «como no se habían visto en décadas»; desde enero a noviembre de 2016 se fugaron algo más de 11.000 millones de dólares, lo que representó un aumento del 84% en términos interanuales.

Además, Hernán Arbizu, un ex empleado de JP Morgan, se presentó en la Justicia de Nueva York y relató los mecanismos de fuga de divisas que involucran a distintos bancos. En distintas ocasiones mencionó a Alfonso Prat Gay, otro ex ejecutivo de JP Morgan, como uno de los profesionales que asistía a los grupos que pretendían fugar dinero del país. Arbizu fue extraditado a los Estados Unidos por una causa de fraude que le inició su ex empleador; pero, aceptó presentarse ante la Justicia de Nueva York a cambio de relatar ilícitos financieros y mecanismos de fuga de divisas que involucran a bancos estadounidenses y que complican seriamente al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay.

Según su testimonio, relató las maniobras que involucran a bancos estadounidenses pero además, ilustran un circuito de dinero negro que triangula entre Buenos Aires, Suiza y Estados Unidos de manera ilegal. Su labor consistía en crear las cuentas en el exterior, transferir el dinero sin pasar por los carriles regulados y administrarlo vía triangulaciones entre paraísos fiscales, capitales europeas y centros financieros, todo en absoluta clandestinidad. A mediados del 2007 la entonces diputada nacional Graciela Ocaña (ARI) denunció que Prat Gay tenía “una doble moral” por haber fugado casi 800.000 dólares antes del corralito.

Todo nos lleva a entender estas conductas delictivas, que se evidencian estructuradas sistemáticamente y que se encuentran presentes en la actual política de gobierno, con el Ministro de finanzas y su gabinete. En el mes de diciembre, luego del levantamiento del cepo cambiario se disparóde divisas; ese mes, fue la mayor fuga en cuatro años.

La fuga debemos asociarle al endeudamiento. El Gobierno nacional emitió casi 50 mil millones de dólares de deuda, entre los bonos en dólares y los emitidos en pesos. El aumento de la deuda pública se disparó a partir de abril, cuando el Palacio de Hacienda con Prat Gay selló el acuerdo con los fondos buitre. El monto emitido equivale a 1,5 veces las reservas que tiene el Banco Central en la actualidad, entre los cuales se cuenta, precisamente, un préstamo de 5 mil millones de dólares que distintos bancos realizaron a principios de año y que deberá ser devuelto a finales de 2016. El festival de Bonos de Deuda que caracterizó la década de los noventa vuelve con los mismos mecanismos y los mismos fines. El caso más concreto violación a la Ley de Etica Pública y de conducta dolosa contra el Estado para su enriquecimiento.

La política económica del gobierno de Macri estuvo signada por la triangulación, basado en los ejes  de la transferencia de ingresos, el endeudamiento y la fuga de capitales. Pero, las consecuencias de estas políticas fue la realización de una política de un tremendo ajuste de la economía, que se expresa en un profundo deterioro del salario real (del orden del 25% al que debe sumarse la desactualizada base de partida salarial a partir de la devaluación) y una feroz ola de despidos y suspensiones. En esta realidad, se produce una fenomenal transferencia de ingresos a distintas fracciones del poder económico, como los grandes exportadores, los principales formadores de precios, el sector financiero, las prestatarias de servicios públicos y el oligopolio petrolero. Situación agravada por las importaciones que en numerosos rubros industriales están desplazando producción nacional.

El ministro Buryaile, dijo que «el consumidor debe tomar conciencia sobre el nivel de precios de la carne vacuna, y si se tiene que abstener de consumir lo haga, porque nosotros tampoco queremos volver a esquemas que no han dado resultado». Expresando que no sirve el control de precios, manifestando además que, «Con el gobierno anterior nos habíamos acostumbrado a comer barato«. Reconociendo, que los aumentos de precios en la carne se deben a que “los productores se están volcando a la exportación”. Este funcionario-empresario, oriundo de Formosa, es empresario ganadero, con más de 20.000 hectáreas en Formosa y en Salta, beneficiado con todas estas políticas implementadas a favor de los grandes empresarios exportadores y en contra de la agricultura familiar, de la producción interna y de los ciudadanos-consumidores argentinos. Clara violación a la Ley de Etica Pública y dolo contra el pueblo para su enriquecimiento.

Dada las consecuencias de las mismas, es que este incumplimiento del funcionamiento que no es circunstancial, sino una decisión política de privilegiar al sector históricamente beneficiada y gran responsable de la situación por la cual se sancionó la Ley de Reparación histórica de la Agricultura Familiar. Por lo expuesto, resulta claramente definida la Falta grave de los deberes de estos funcionarios públicos.

Ampliación Denuncia Penal 3 (ARCHIVO PARA DESCARGAR)