Home / Botnia / URUGUAYOS: UPM LES HACE «PROMESAS SOBRE EL BIDET»(Charly García)

URUGUAYOS: UPM LES HACE «PROMESAS SOBRE EL BIDET»(Charly García)

……………….. «Por favor no hagas promesas sobre el bidet
Por favor no me abras más los sobres
«…. Canción de Charly García

………………………….

Nuestros amigos, los luchadores sociales uruguayos que vienen peleando con todo lo que pueden contra el modelo celulósico foráneo implantado en Uruguay miran con escepticismo la promesa de UPM . El mismo escepticismo con que en Gualeguaychú, escuchamos la promesa que nos hiciera en su momento el insigne payador oriental, el «pepe» Mujica, cuando en plena campaña presidencial nos aseguró sin que se le moviera un moflete:…»Si BOTNIA contamina la cierro» (SIC)


UPM promete reducir su producción si sobrepasa la contaminación admisible

Las irregularidades de la evaluación y autorización ambientales del proyecto de la multinacional culminan con el consentimiento de las autoridades en dejar decisiones cruciales en manos de la empresa

FUENTE: sudestada.com.uy Víctor L. Bacchetta

Desde las presentaciones iniciales de la planta de celulosa propuesta por la multinacional de origen finlandés UPM en el departamento de Durazno, las evaluaciones ambientales requeridas por la normativa uruguaya para autorizar la localización y la construcción del proyecto sufrieron graves irregularidades, y alteraron los procesos habituales de decisión, siempre invocando el supuesto valor estratégico de esa inversión para el desarrollo nacional.

La localización de la planta requería el cambio de categoría de los padrones de UPM en una zona rural. La Junta Departamenal y el Intendente de Durazno aprobaron la recategorización sin aplicar el instrumento establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial. En lugar del Programa de Actuación Integrada y la audiencia pública previstos, se decidió como si se tratara de un cambio de las directrices de ordenamiento territorial.

El gobierno departamental de Durazno justificó la ubicación del proyecto invocando el Contrato de Inversión ROU-UPM y “la estrategia nacional de desarrollo económico productivo e innovador, con sustentabilidad, equidad social y equilibrio ambiental y territorial” (sic)

. Una frase repetida por los organismos oficiales que han tomado decisiones sobre este proyecto, sin que se sepa hasta hoy donde figura tan brillante estrategia.

Con aval departamental, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) aprobaron la localización sujeta a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Según establece el contrato, el gobierno había aceptado subdividir el proyecto en tres partes (planta de celulosa, vía férrea y terminal portuaria) para evaluarlas por separado, como si fueran independientes.

El contrato ROU-UPM estableció plazos estrictos para las autorizaciones ambientales de los proyectos: tres meses la zona franca, ocho meses la vía férrea y 12 meses la terminal portuaria y la planta de celulosa, sin que UPM hubiera decidido aún hacer la inversión. Apremiado por lograr que la empresa confirmara el proyecto, el gobierno cumplió con los plazos, al costo de realizar evaluaciones ambientales incompletas.

La manera de sortear esta irregularidad fue otorgar las autorizaciones ambientales con la condición de que se cumpliera después con requisitos que debieron ser exigencias previas. Así fueron autorizadas la vía férrea, el 19 de marzo de 2019, en realidad un pre-proyecto con enormes lagunas, y la planta de celulosa, el 14 de mayo siguiente, supeditada a una larga lista de informaciones y proyectos pendientes.

Las consecuencias de este proceder están a la vista. El proyecto ferroviario estuvo mal diseñado, a pesar de haberlo hecho UPM y costarle 5 millones de dólares al Estado uruguayo. En el apremio, el gobierno anterior no lo supervisó, aunque se hizo cargo del financiamiento y la ejecución. El nuevo gobierno no está dispuesto a revisarlo, la obra está empantanada y sumó la doble vía en la ruta 5 como paliativo.

En ese contexto, una insólita decisión de la Corte Electoral avasalló el derecho de los vecinos del tren de UPM a decidir que esta vía férrea pase por afuera de las zonas urbanas. El nuevo gobierno también rechazó las propuestas de bypasses

 en esos casos alegando que costaría más y superaría las fechas comprometidas, pero los costos y los plazos por las imprevisiones del proyecto son mucho mayores.

Más subdivisiones de proyectos

Los riesgos con la proyectada planta de celulosa no son menores. Mientras pretende cumplir su cronograma a toda costa, previendo el inicio de la producción en la segunda mitad del año 2022, UPM no cumple las condiciones, aún benévolas, con que se le dio la primera autorización ambiental y tampoco proporciona a la Dinama las informaciones necesarias para aprobar las autorizaciones parciales subsiguientes.

La autorización de mayo de 2019 fijó seis meses para presentar componentes clave del proyecto, tales como el Plan de Monitoreo Ambiental y la línea de base, la planta química, el tratamiento de efluentes y residuos sólidos en la zona franca y el sistema de descarga de efluentes en el río Negro. Las mediciones de la Línea de Base debían preceder en un año la construcción y en dos años la producción de celulosa.

La construcción de las obras de la planta comenzó en octubre, sin estar definida la línea de base, y en noviembre sólo se había presentado la primera versión del Plan de Monitoreo Ambiental. El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) inició una acción judicial por incumplimiento de la autorización ambiental, pero fue desestimada por la Justicia que adoptó las justificaciones de la empresa y el gobierno.

Al igual que con la subdivisión del proyecto en partes, el gobierno acepta dividir los subproyectos cuando UPM lo solicita para no detener la construcción, alegando que no hay afectación ambiental. Para la Dinama, el monitoreo de la calidad de aguas, sedimentos y biota, que integraba la Línea de Base, podía hacerse después sin ser alterado por las explosiones y movimientos de tierra de las obras en la zona.

La planta de tratamiento de efluentes y la descarga de los efluentes tratados en el río eran un solo proyecto, pero la demora de UPM en presentar una solución aceptable para esos componentes y la determinación de mantener su cronograma la hicieron plantear la separación el 28 de enero último. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, autorizó el pedido en una larga resolución donde justifica tal decisión.

“Corresponde precisar que la planta de tratamiento y la estructura de descarga de los efluentes conforman el sistema de mitigación que hacen admisible el impacto ambiental del vertido de efluentes sobre la calidad de agua del río y que con el análisis ambiental integrado de dichos componentes es que se evalúa finalmente si el sistema puede dar cumplimento de las restricciones establecidas”

, afirma Peña.

https://drive.google.com/file/d/1dCiLUjVMo05SgXFq25x65uEISxEGmynp/preview

Tras reiterar que el tratamiento y la descarga de los efluentes deben ser un sistema integrado, Peña señaló que “no es menos cierto que – adoptando la hipótesis de que el sistema de descarga logrará un satisfactorio desempeño en cuanto a las condiciones de mezcla en el río del efluente tratado – igualmente se puede elaborar una opinión respecto a la planta de tratamiento de efluentes y la suficiencia de su diseño” (sic).

La resolución finalmente ordena continuar la evaluación de la planta de tratamiento de los efluentes “condicionada a que una vez presentada la documentación pendiente respecto a la estructura de descarga podrán ser impuestas restricciones adicionales al efluente final vertido”

. De nuevo, se habilita la autorización de una parte del proyecto condicionada al cumplimiento posterior de los requisitos que la hacen viable.

Decisión final en manos de UPM

El colmo de este proceso de fragmentación de la evaluación del impacto ambiental de un proyecto y las autorizaciones condicionadas a un resultado no asegurado aún es el Informe final para la operación de la planta de tratamiento de efluentes (PTE) de UPM en Durazno, elaborado por la División Emprendimientos de Alta Complejidad (DEAC) de la Dinama el 25 de enero pasado, que deja a la empresa la decisión final.

El informe comienza constatando que “no se dispone de información contra la cual contrastar la caracterización presentada”

 de amonio, esteroles y clorofenoles en las concentraciones y cargas de contaminantes esperadas en el efluente a ser tratado. Para subsanarlo, la DEAC admite el compromiso de UPM de aportar la información en un plazo no mayor de tres meses posteriores a la aprobación del proyecto.

https://drive.google.com/file/d/1Q5bfeYL1eawdCLnylX4vLoJt-QPsZiQb/preview

Más adelante, el informe se refiere al número de unidades de tratamiento propuestas para los efluentes en donde, en lugar de utilizar varias unidades de menor tamaño, que según los técnicos darían mayor flexibilidad y adaptabilidad al sistema ante contingencias, la empresa opta por pocas unidades de grandes dimensiones.

La Dinama constató a continuación que las propuestas de UPM se basan grandemente en la experiencia y el diseño de la empresa Aguaflow, pero advierte que algunos parámetros de las unidades caen “por fuera de los rangos y recomendaciones clásicas que surgen de la bibliografía habitual” y que algunas características principales no fueron aportadas por considerarlas parte del know how de Aguaflow.

Una situación similar ocurre con el conjunto de piletas de seguridad requerido para almacenar el volumen de efluentes durante las reparaciones que interrumpen el sistema de tratamiento. Aquí también, los técnicos de la DEAC señalan que todo el sistema de almacenamiento planteado “no se adecúa a las pautas ni antecedentes que se tienen en el país con respecto a este tipo de plantas” (sic).

A pesar de la insuficiencia de las informaciones, la DEAC propone aprobar el proyecto de PTE confiando en el “compromiso asumidos por los proponentes de que si en alguna circunstancia no se alcanzara a cumplir con los objetivos de tratamiento (…) se regulará la producción de la planta industrial y su consecuente generación de efluentes” 

si se sobrepasan los límites admisibles de contaminación.

En resumen, ni UPM ha presentado, ni los técnicos de la DEAC cuentan con las informaciones suficientes sobre el diseño de la PTE como para garantizar que las cargas y las concentraciones del efluente a ser vertido en el río Negro cumplirán las condiciones establecidas por la autorización ambiental del proyecto, pero facultan a la empresa a seguir adelante y a que ella ajuste la producción a ese fin.

Casualmente, la confiabilidad de este procedimiento quedó a la vista en esos mismos días, cuando Peña anunció que estaban aplicando una nueva “multa administrativa” a UPM por iniciar las obras de la PTE sin autorización. Tanto la resolución del ministro como el informe de la DEAC decían explícitamente que la aprobación del proyecto de ingeniería no era suficiente para iniciar la construcción de la planta.

Comentá desde Facebook

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *