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URUGUAY: TRISTE, SOLITARIO Y FINAL DEL SUEÑO ARTIGUISTA A MANOS DE LAS CELULÓSICAS

La ratificación del contrato con UPM impulsa nueva expansión forestal

La reafirmación del proyecto de la finlandesa por el gobierno de Lacalle Pou actúa como estímulo para las plantaciones de eucaliptos. Anuncian nuevas inversiones y dos plantas de celulosa más

FUENTE : sudestada.com.uy, por Víctor L. Bacchetta

El Memorándum de Entendimiento firmado por el gobierno de la coalición multicolor y la empresa UPM, que ratificó con creces el acuerdo del antecesor con la multinacional finlandesa, está abriendo las puertas a una nueva ola de inversiones en el sector forestal para la producción de celulosa. Obviamente, ningún inversor que ingrese al país va a aceptar peores condiciones que los extraordinarios beneficios otorgados a UPM.

El nuevo gobierno está dando señales inequívocas en esa dirección. Por un lado, en medio de la reciente interpelación parlamentaria sobre los acuerdos con UPM por la nueva planta en el río Negro, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, afirmó enfáticamente que el contrato firmado por el gobierno anterior es constitucional, siendo este uno de los principales cuestionamientos a ese acuerdo.

Arbeleche se refirió sobre el inciso 7° del artículo 85 de la Constitución que, al definir las competencias de la Asamblea General, incluye la de “decretar la guerra y aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras”.

“Ese artículo viene de la Constitución de 1830, en aquella época potencias extranjeras eran los reinos monárquicos, Gran Bretaña y otros. Pero después la palabra potencia fue adquiriendo otro sentido”

, explicó el profesor Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto, quien tuvo a su cargo la interpelación. “En la doctrina moderna se la asimiló con estados y se admite que algunos países invaden a otros por medio de empresas multinacionales”

, agregó.

Una inconstitucionalidad del contrato con UPM se basa, precisamente, en que no fue sometido al Parlamento. Pero para Arbeleche, la expresión “potencias extranjeras” se refiere sólo a Estados o países y no a empresas. Esta interpretación de la ministra, cuestionada por distintos juristas, está dando a entender que podrán venir nuevos contratos y que seguirán siendo negociados en solitario por el gobierno.

En la misma dirección van las últimas declaraciones del secretario de Presidencia. Álvaro Delgado. Al ser consultado sobre la actitud del gobierno ante la posibilidad de la construcción de una cuarta planta de celulosa señaló que “hay que estar abierto, con las garantías ambientales correspondientes, productivas, el país está abierto. Estamos recibiendo en estos días una cantidad de interesados en invertir en Uruguay”.

Ya había trascendido de la Presidencia anterior que se estaba negociando una nueva planta de celulosa. La posibilidad de una cuarta y una quinta planta ha sido confirmada ahora por el ex director forestal del Ministerio de Ganadería (MGAP), Pedro Soust, y por el senador Guido Manini Ríos del nuevo gobierno. Intentando frenar este proceso, legisladores de Cabildo Abierto acaban de presentar un proyecto de ley para limitar las áreas de forestación.

La propuesta de diputados de Canelones, Cerro Largo, Montevideo, Tacuarembó y Salto, limita las plantaciones a las áreas de prioridad forestal, en suelos de índice de productividad Coneat inferior a 76. Aunque significaría una reducción real, difícilmente se apruebe mientras subsista el pacto entre los partidos Nacional, Colorado y Frente Amplio que ha sostenido el modelo forestal celulósico hasta el presente.

La forestación en el contrato con UPM

En los últimos 12 meses, en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), se ha publicado la puesta de manifiesto de 25 proyectos de forestación abarcando casi 9 mil hectáreas, de los cuales 16 corresponden a Forestal Oriental SA (UPM) y 6 a Eufores SA (Montes del Plata). El contrato ROU UPM de noviembre de 2017 dedicó una sección especial a definir las condiciones futuras de los proyectos forestales.

Dentro de la estrategia nacional de desarrollo definida por el Poder Ejecutivo, el documento destaca “la importancia de la cadena forestal maderera en el desarrollo económico nacional, al haberse constituido en uno de los principales complejos agroindustriales impulsores del crecimiento ROU, con un papel sustantivo en la dinamización y diversificación de las exportaciones” (SIC).

El contrato establece que el plazo de validez de las Autorizaciones Ambientales Previas para los nuevos proyectos forestales presentados por UPM o por terceros asociados a su programa de fomento será de hasta tres ciclos forestales. Un ciclo forestal significa el periodo entre la plantación del bosque y su cosecha (siendo un periodo de no menos de nueve años. Es decir, una validez por 30 años.

Tras declarar que “las partes reconocen la importancia que se le otorgue máxima prioridad a los procesos y trámites para obtener las autorizaciones y permisos que fueren necesarios para las plantaciones forestales”, el contrato define los plazos dentro de los cuales deben ser otorgadas las autorizaciones ambientales previas de los proyectos, que el gobierno uruguayo se compromete a cumplir.

Para los proyectos forestales caracterizados como de “Categoría A”, que no requieren un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el plazo fijado para conceder la autorización no puede ser mayor de dos meses. Para los proyectos de “Categoría B”, aquellos que requieren un EIA, el plazo no puede ser mayor de seis meses posteriores a que la comunicación de cada proyecto a la Dinama, según el documento.

El contrato se ocupa después de los requisitos para “optimizar los procedimientos administrativos y cumplir con los plazos referidos anteriormente”. Y luego afirma que Uruguay “fortalecerá la organización interna de la Dinama” con el fin, que reitera, de cumplir el compromiso del gobierno con los plazos para emitir las autorizaciones de los proyectos presentados por UPM o sus asociados.

La insistencia del documento más adelante en que la Dinama “se compromete a asegurar disponibilidad de personal técnico (…) para analizar sin demoras (SIC), aproximadamente 30 (treinta) proyectos por semestre”

, contrasta con el reclamo de más de 100 funcionarios de la Dinama en riesgo de perder el contrato de trabajo. ¿Cómo se compatibiliza esto con los compromisos del contrato?

La planta de celulosa de UPM proporcionó un ejemplo del significado del compromiso de plazos en el contrato para otorgarle autorizaciones ambientales a la empresa. Se cumplió el plazo pero se postergó la definición de características clave del proyecto, como el sistema de dilución de los efluentes, la planta química y el destino de los desechos sólidos. ¿Ocurrirá lo mismo con las autorizaciones pendientes?

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