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URUGUAY: TODOS LOS GOBIERNOS SE PELEAN A VER CUAL ES MAS CIPAYO

La historia con final anunciado de la minera uruguaya la empezó el FA y el remate, no por esperado menos indignante, lo dará ‘Lacayo’ Pou.

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¿El litigio con Aratirí puede afectar las relaciones internacionales del país?

La Presidencia justificó el secreto sobre los gastos que ocasiona la demanda de la minera Aratirí por la necesidad de preservar la identidad del equipo a cargo de la defensa de Uruguay

FUENTE: sudestada.com.uy porVíctor L. Bacchetta

Pasaron más de tres meses para que la Presidencia de la República entregara una resolución, fechada el 24 de marzo de este año, que declara como reservada la información sobre los “actos administrativos y gastos en viajes, viáticos, contrataciones y consultorías” 

relacionados con el Caso CPA N° 2018-04, que es como se denomina el arbitraje internacional entre el Estado uruguayo y los dueños de Aratirí.

La minera Aratirí presentó en 2018 ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya una demanda por 3.536 millones de dólares contra el Estado uruguayo por no haberse concretado su proyecto de extracción de hierro en la localidad de Valentines, ubicada en el límite entre los departamentos de Treinta y Tres y Florida. Aunque una cláusula del Código de Minería lo eximía de comparecer, el gobierno encabezado por Tabaré Vázquez aceptó dirimir esa demanda ante un tribunal internacional.

Tras la primera ida de una delegación uruguaya a Nueva York, trascendió que se le pidió al tribunal que se pronunciara antes de la asunción del gobierno que surgiría de las elecciones nacionales de 2019, pero esto no ocurrió. Durante la transición con el gobierno de Luis Lacalle Pou, se informó que se estaban desarrollando las últimas audiencias, pero el proceso continúa hasta el presente y el final es incierto.

El gobierno anterior había declarado confidencial “toda la información intercambiada o presentada en el procedimiento arbitral” con Aratirí. Con el cambio de administración, Sudestada solicitó el acceso a la información de esas actuaciones, pero el gobierno de Lacalle Pou mantuvo la decisión de Vázquez y la amplió a los gastos. Extrañamente, esta resolución de Presidencia no estaba publicada ni nos fue entregada.

Hubo que realizar una nueva solicitud por la Ley de Acceso a la Información Pública para que, en la fecha límite, se entregara la resolución. Resultan sorprendentes los fundamentos para no brindar la información. No sería un problema de volumen y justificación del gasto, sino de preservar la identidad de los defensores de Uruguay para no afectar las negociaciones o “las relaciones internacionales” (sic).

La resolución P/89 del 24 de marzo del año expresa:

“VISTO: la necesidad de proceder a la clasificación de la información relativa a los registros de los actos administrativos y gastos en viajes, viáticos, contrataciones y consultorías relacionados con el procedimiento arbitral “Caso CPA N° 2018-04” promovido por los señores Ritika Mehta, Vinita Agarwal y Prenay Agarwal contra la República Oriental del Uruguay;

CONSIDERANDO: I) que la referida información se relaciona directamente con las personas que integran la defensa de nuestro país en dicho proceso;

II) que la exposición pública de los integrantes del equipo puede afectar la conducción de las negociaciones o bien de las relaciones internacionales;

III) que el mencionado arbitraje se encuentra en fase definitoria, por lo que resulta indispensable preservar las condiciones de trabajo del equipo y de su entorno para un adecuado despliegue de la estrategia en la etapa final del diferendo;

IV) que asimismo, puede verse afectada la provisión libre y franca de asesoramientos, opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo hasta que, sea adoptada la decisión definitiva”.

Llama la atención esta decisión porque contrasta con la del gobierno anterior, ya que al menos una parte de los gastos, los viajes y viáticos de los funcionarios uruguayos, estaban publicados en el sitio oficial de Presidencia de la República

. Pero el celo por ocultar la identidad del equipo a cargo de la defensa del país haría pensar que el desenlace de este litigio puede depender de misteriosos arreglos y acciones secretas.

O, mucho menos aún, creer que en este proceso arbitral entre el estado uruguayo y una firma con sede en un paraíso fiscal y un escritorio en Londres pueden estar en juego las relaciones internacionales del país. ¿Serán las relaciones con la República de Aratirí? o, tal vez, si mudó su sede, ¿con la ínsula Barataria, gobernada por el inefable Sancho Panza, fiel escudero de don Quijote de la Mancha?

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