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URUGUAY: TABARÉ VÁZQUEZ ORDENÓ OCULTAR TODA LA INFORMACIÓN SOBRE UPM

En Presidencia tienen orden de no difundir decisiones sobre UPM

El acuerdo entre el gobierno y la empresa UPM para la instalación de una tercera planta de celulosa ha sufrido cambios pero en Presidencia existe la orden de mantenerlos en secreto
FUENTE: Sudestada/ por Víctor L. Bacchetta
El 7 de noviembre de 2017 se firmó en la Torre Ejecutiva el acuerdo entre el gobierno uruguayo y la multinacional finlandesa UPM, denominado Contrato ROU-UPM, para la instalación de una nueva planta de celulosa en el país. Firmaron en representación de Uruguay el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, el prosecretario Juan Andrés Roballo, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.
Para que las firmas de los representantes uruguayos tuvieran validez, era necesario que el Poder Ejecutivo los hubiera designado con ese fin. Esta decisión no había sido publicada en la página web de Presidencia de la República ni en el Diario Oficial y tampoco había aparecido al ser solicitada por distintas vías. Por esta razón, llegó a pensarse que este hecho era un factor que le restaba toda legitimidad a ese acuerdo.
Por una vía extraoficial, Sudestada accedió a la resolución del Consejo de Ministros que llenaba ese vacío legal. En junio de 2018 dimos a conocer la Resolución 1052/017 (CM/562) del 7 de noviembre de 2017, firmada por el presidente de la República y sus ministros, con la aprobación del gobierno nacional a dicho acuerdo, aunque hasta hoy esa decisión sigue sin ser publicada en los medios oficiales.
Por esa resolución fueron autorizados Toma, Roballo y García a suscribir el acuerdo en representación del Estado uruguayo. Y por ese mismo acto, el Consejo de Ministros los facultó para que “en forma conjunta y consensuada, efectúen los ajustes de texto del contrato que pudieran surgir previo a su suscripción” (sic). 
De ahí en adelante, los representantes del gobierno siempre se refirieron al Contrato ROU-UPM como el firmado en noviembre de 2017. Aunque la negociación del acuerdo se desarrolló en secreto y fue luego declarada confidencial por el gobierno, el director de la OPP ha aludido en reiteradas ocasiones a la difusión del documento final como demostración de la transparencia que caracteriza la relación con UPM.
“La transparencia del proceso está justificada en muchísimos hechos”, declaró García a Radio Uruguay en febrero último y volvió a poner como ejemplo la publicación del acuerdo en la Web de la Presidencia. “Todo el proceso es transparente y no hubo nada secreto”, insistió y agregó que su respuesta iba a estar dada al concurrir a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.
La comisión parlamentaria había convocado efectivamente a los firmantes del Contrato ROU-UPM para explicar los fundamentos del mismo a raíz de la denuncia presentada por cientos de ciudadanos que se consideran afectados por las inconstitucionalidades del acuerdo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo cambió a último momento de criterio y comunicó que sus representantes no asistirían a la sesión prevista.
En su lugar, Toma, García y Roballo enviaron al Parlamento un informe que definieron como “un estudio independiente”, confeccionado por la firma Rueda Abadi Pereira Consultores. Naturalmente, el estudio contratado por el gobierno concluyó que “el acuerdo de fecha 7/11/2017 celebrado entre Uruguay y UPM no transgrede norma constitucional ni legal alguna”, pero hizo una revelación inesperada.

En efecto, el informe de los consultores evidenció que el Contrato ROU-UPM ha sido modificado con posterioridad a aquella fecha y que hay otra decisión del Consejo de Ministros, identificada como la Resolución 154/2018 del 9 de abril del año pasado, que aprueba las enmiendas introducidas. Como en el caso anterior, la resolución no ha sido publicada y lo mismo sucede con las modificaciones del acuerdo.
Lo más insólito de la situación planteada es que, al realizar una consulta a las oficinas de la Presidencia de la República para acceder a la referida resolución, la respuesta es que existe una decisión expresa que lo impide. “No va a tener acceso porque la orden fue que no se publicara”, explicaron desde la sección de Acuerdos.

Por el estudio de Rueda Abadi Pereira, se supo que las enmiendas al Contrato ROU-UPM avaladas por el Consejo de Ministros habían sido realizadas el 5 de abril de 2018. El informe transcribe textualmente el Artículo 1° de la Resolución:
“1º.- Convalidase lo actuado por los señores Secretario de la Presidencia de la República, Dr. Miguel A. Toma, Prosecretario de la Presidencia de la República, Dr. Juan Andrés Roballlo y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Contador Álvaro García en relación a la suscripción de la Enmienda al Acuerdo de Inversión y sus anexos celebrado entre la República Oriental del Uruguay y UPM el 7 de noviembre de 2017, que se anexa y forma parte de la presente Resolución”.
Es decir, que los tres funcionarios firmantes del acuerdo en noviembre de 2017 han proseguido las negociaciones con la empresa UPM e introducido modificaciones. De acuerdo con el estudio enviado a los legisladores, la razón de los cambios habría sido “ciertas inconsistencias e imprecisiones detectadas por ambas partes en el Acuerdo”, pero su contenido no ha sido revelado hasta el presente.

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