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UNANIMIDAD SOCIAL EN EL RECHAZO AL PROYECTO AMARRAS

Por primera vez en nuestra ciudad todas las ONGs referentes en temas ambientales y el Municipio se han unido en la manifestación pública de objeción y rechazo al proyecto de transformar un bajo que amortigua las crecientes sobre importantes barrios de la ciudad en un emprendimiento inmobiliario.

UNANIMIDAD SOCIAL EN EL RECHAZO AL PROYECTO AMARRAS

Cualquiera puede verificar el peligro en ciernes por el terraplenado en construcción consultando en la web el atlas topográfico mundial en: Http://es-ar.topographic-map.com/. Allí claramente se ve que levantando la cota del área objetada, el agua irá a desplazarse hasta cubrir la zona conocida como ‘la península’ y los barrios que van desde Tiro Federal hasta La Cuchilla.

Los estudios efectuados hasta el presente para avalar el proyecto son Estudios de Parte y no de entidades neutrales y Universidades Nacionales, desnudando que el aval otorgado por la Secretaría de Ambiente de la provincia carece de la imprescindible objetividad que se exige en estos casos.

Se han violado varios principios constitucionales como el recientemente instaurado Principio Precautorio y ahora al conocerse la postura de las distintas organizaciones de la sociedad civil queda claro que tampoco tiene la necesaria Licencia Social.

Dice la ACAG –Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú-: “es un proyecto cuyas consecuencias sobre el río Gualeguaychú no son fáciles de predecir y preocupan enormemente a los ciudadanos, en especial a los cercanos al emprendimiento”. “Las autoridades gubernamentales del Municipio de Gualeguaychú y del Municipio de Pueblo General Belgrano, no han tomado cartas en esta cuestión en el momento oportuno ni con la contundencia que le permiten sus facultades”, criticaron para expresar que eso favoreció para que “la empresa constructora comenzara la obra antes de contar con las exigencias pertinentes”.  “Algunas autoridades o entes Provinciales no han sido confiables en sus actuaciones… Los ciudadanos no hemos sido informados suficientemente por nuestras autoridades y por la empresa y no se nos dio la oportunidad de expresarnos a través de la Licencia Social”.

Manifiesta el FA –Foro Ambiental-: “El principio precautorio expresamente prescripto por la Constitución de nuestra provincia, impone a quien va a realizar un emprendimiento que pueda traer consecuencias graves e irreversibles para el medio ambiente (Cuenca del Río Gualeguaychú – Casa común y columna vertebral de nuestra sociedad – Conf. Carta Encíclica “Laudato Si”) en primer lugar demostrar a su costa, que el posible daño ambiental no se producirá como resultado de su objetivo de lucro”.

“A su vez, las autoridades municipales (Pueblo General Belgrano y Gualeguaychú) y provinciales, tienen “una obligación de previsión extendida y anticipatoria… obtener la suficiente información a efectos de adoptar una decisión basada en un adecuado balance de riesgos y beneficios…”) C.S.J.N 26/03/09. Dichos pasos no se han cumplimentado, más aun, las propias autoridades de Gualeguaychú alegan no haber tenido acceso al expediente de la Secretaría de Ambiente”.

“La legalidad de una obra implica en este caso, la de un estudio de impacto ambiental con su respectiva licencia social. Si no ha existido información para las mismas autoridades, menos podemos hablar de participación ciudadana y decisión conforme los intereses en juego, en donde debe prevalecer el bien común”.

Nuestra fundación, FUNDAVIDA, en el año 2012 alertó sobre las graves consecuencias que tendría la destrucción de la estratégica reserva próxima a la ciudad y desde entonces hasta el presente se han ido sumando voces que representan a todo el espectro social en su rechazo al proyecto.

Incluso se ha creado un movimiento ciudadano especial formado por cientos de adherentes que han concurrido a las movilizaciones convocadas para oponerse a esta iniciativa privada.

El Municipio local inició acciones administrativas y actualmente prepara las medidas legales poniendo en claro que el mencionado proyecto debe ser frenado por todos los medios antes que las consecuencias sobre el casco urbano de nuestra ciudad se vean expresadas.

Los vacíos legales, que habilitan por omisión, estas iniciativas particulares que afectarían el interés público deben ser regulados por las autoridades con normativas, que en este caso según ha trascendido se estarían preparando.

Las autoridades y la sociedad deben actuar con celeridad en todos los frentes posibles para frenar este proyecto antes de que ‘los hechos consumados’ nos impongan asumir iniciativas claramente opuestas al interés público como fue el caso de la instalación de la planta de celulosa BOTNIA en Fray Bentos (ROU).

El tema sigue abierto pero el tiempo pasa y se deberá actuar con energía y premura para evitar las consecuencias graves que podría tener este emprendimiento sobre Gualeguaychú 

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