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Seguridad jurídica sólo para los saqueadores

27/10/13-FUNDAVIDA EN EL DIA DE GUALEGUAYCHÚ

Seguridad jurídica sólo para los saqueadores

fundavida megamineriaEn la República Oriental del Uruguay, los poderosos  siempre han sostenido la ficción que su justicia es de mejor calidad que la de otros países de la región, entre ellos Argentina, sin embargo la justicia charrúa es solo otra corporación más,  articulada con los intereses de las clases dominantes y de los capitales foráneos que asociados a ellas se reparten la riqueza desde siempre, y embargan el futuro de las mayorías.

 

Fundavida

 

El Partido Colorado, recalcitrante vocero de los intereses del privilegio, instaló la impunidad de los criminales militares y civiles que durante la dictadura torturaron y asesinaron a militantes sociales y políticos.

El dos veces presidente Colorado, Julio María Sanguinetti, conocido lobbysta de los capitales forestales extranjeros,  gestó esa ley  nefasta de impunidad y además subió la apuesta diseñando las “leyes de inversiones” que abrieron el camino a las empresas a las que estaba familiarmente asociado para que tomaran por asalto el patrimonio público del país.

Todo con la bendición de la Justicia local, impermeable a los impecables alegatos del Fiscal Enrique Viana Ferreira, solitario quijote que desnuda la aberración constitucional y la renuncia a la soberanía de estas leyes nefastas.

Ahora, en un paso más que revela la grotesca alianza de esta Justicia cómplice, la Corte Electoral, acaba de anular el plebiscito sobre la minería en Tacuarembó, a pesar de que todos los requisitos establecidos por la Constitución habían sido logrados por los ciudadanos para su realización.

Todo esto con la obscena complicidad de los malversadores del legado de los luchadores por la democracia y la justicia social: Vázquez, luego Mujica y nuevamente Vázquez. El pasado 27 de junio, la comisión “Por la Vida y el Agua” de Tacuarembó presentó cerca de 13.000 firmas que plantean la realización de la consulta popular departamental respecto a los emprendimientos de megaminería en la zona.

La iniciativa, impulsada por varias organizaciones civiles departamentales, representando al conjunto de la opinión pública buscaba declarar libre de megaminería metalífera a cielo abierto al departamento de Tacuarembó.

La semana pasada, la Junta Departamental de Lavalleja estableció que en ese departamento no se pueden realizar emprendimientos de minería metalífera a cielo abierto. La moción se votó por 19 votos a favor frente a 10 ediles que se expresaron en contra.

En Tacuarembó, como el camino elegido fue el de la consulta popular, las firmas fueron enviadas a la Corte Electoral, que en una primera etapa validó las rúbricas.

Sin embargo, al analizar “el fondo del asunto”, la Corte Electoral determinó que la consulta popular planteada en Tacuarembó contra la megaminería no es viable jurídicamente.

La mayoría del órgano (integrada por José Arocena, Wilfredo Penco, Washington Salvo y los representantes frenteamplistas Walter Pesqueira y Pablo Klappenbach) entendió que el mecanismo de consulta departamental está vigente, aunque en el caso planteado en Tacuarembó no es viable su realización porque “es como querer regular la hora de salida del sol”, ejemplificó Silveira.

Mientras tanto los gobiernos del Frente Amplio, que validan el saqueo del país basándose en una falaz voluntad de respeto por la “seguridad jurídica” que los justifica en su complicidad culposa con las leyes de impunidad y entrega de la soberanía, no se acuerdan de esta pretendida “seguridad” cuando se trata de resguardar los derechos Constitucionales, la voluntad popular y el patrimonio común.

Sólo los valientes alegatos jurídicos del Fiscal Enrique Viana Ferreira, quién en solitaria gesta exhibe por contraste la grosera complicidad política de la dirigencia conservadora y neo-conservadora del los gobiernos Colorados y Frenteamplistas.

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