Ediles de Florida dispuestos a prohibir el tren de UPM por las zonas urbanas

Tras recibir las firmas de los vecinos, la Junta de Florida se compromete a aprobar la iniciativa popular, mientras que en Durazno la mayoría de los legisladores se inclina por ir al referéndum

FUENTE: sudestada.com.uy, porVíctor L. Bacchetta

“No vamos a dividir a la población en una discusión que no corresponde. Decidimos asumir la responsabilidad como órgano político representativo de los vecinos más allá de diferencias ideológicas. Hubo alguna controversia al principio, pero cuando el agua va para allá algunos se suben al bote y la siguen”, expresó el presidente de la Junta Departamental de Florida, Ignacio Costa Dodera, al recibir las firmas.

El pasado 13 de marzo, los respectivos grupos de vecinos de 25 de Mayo, Sarandí Grande y de la ciudad de Florida, entregaron en total más de 8.200 firmas en respaldo de la iniciativa para prohibir el tránsito del tren de UPM por las zonas urbanas de esas localidades. La semana anterior, lo hicieron los vecinos de Santa Bernardina y de la ciudad de Durazno, quienes presentaron más de 5.500 firmas.

De acuerdo con lo declarado por el presidente de la Junta, en Florida la iniciativa de los vecinos será aprobada en esa instancia, sin recurrir a la definición por medio de un referéndum. En Durazno, en cambio, el Intendente Carmelo Vidalín, sin cuyo apoyo el proyecto de planta de celulosa sobre el río Negro no habría sido viable, se inclina por que se haga el referéndum y su posición es determinante en la Junta.

A su vez, el próximo 21 de marzo se realizará la entrega de las firmas de vecinos de Joanicó y Canelones capital con la misma iniciativa. En otras localidades de este departamento, como La Paz y Las Piedras, aún no se llegó al 15 por ciento de los electores requerido. Paralelamente, en los municipios C y G de Montevideo continúa la recolección firmas, pero están más lejos de llegar al número necesario.

De todas maneras, la formalización de las iniciativas para prohibir el pasaje del tren de UPM por esas siete localidades, tres de las cuales son las capitales departamentales, constituye un serio obstáculo para la concreción del proyecto del Ferrocarril Central tal como fue concebido por la multinacional finlandesa y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del gobierno anterior, cuyas obras están en curso.

Una cuestión es tener que modificar el trazado del tren en una pequeña ciudad, que se soluciona con un bypass o rodeo, como se había resuelto en Sarandí Grande, con una población de 3 mil habitantes. Tener que hacerlo en esas siete localidades obligaría a cambiar el conjunto del proyecto, el presupuesto y las adjudicaciones consiguientes, alterando los costos y los cronogramas del tren y de la planta de celulosa.

Voceros directos e indirectos de las empresas evidenciaron la preocupación por estos efectos cuando salieron a cuestionar la validez legal de las acciones de los vecinos. Y atacaron especialmente al abogado y profesor Eduardo Lust por su asesoramiento en las iniciativas, advirtiendo que al ser también diputado de Cabildo Abierto estaría incurriendo en un acto violatorio de su condición de miembro del Parlamento.

“Es un hecho histórico. Por primera vez en 102 años, estamos practicando este procedimiento que está en la Constitución desde el año 2018. Como nosotros nos estamos enfrentando al patrón, o sea a UPM, al que enfrenta al patrón siempre le va a ir mal, entonces buscan por todos lados hacerte desaparecer porque uno es una piedra en el zapato. Van por un lado y por otro hasta que lo lograrán, o no, pero esto no tienen ningún sustento”, comentó Lust ante los cuestionamientos.

Sanciones al Estado y juicio político

Al concretarse la iniciativa de los vecinos ante las Juntas Departamentales, el vicepresidente comercial de la empresa Saceem, Alejandro Ruibal, salió a la prensa. Las obras del tren están a cargo del Grupo Vía Central, formado por las empresas Sacyr de España, NGE de Francia, Berkes y Saceem de Uruguay, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, un banco japonés y un banco italiano

“Nosotros tenemos un contrato que nos debe pagar 400 mil dólares estadounidenses por día si se detiene la obra, a nosotros y a los bancos que están poniendo el dinero”, indicó Ruibal. Sin embargo, en el contrato de la obra firmado con el MTOP no aparece ningún artículo referido a las multas que debería pagar el estado. Figuran, en cambio, las sanciones por incumplimientos del contratista, el Grupo Vía Central.

“La multa fue una amenaza del director de Saceem. Si quiere cobrar esa multa tendrá que hacerle un juicio al estado uruguayo”, comentó Lust en la entrega de las firmas en Durazno. “Lamentablemente, del gobierno que se fue y del que entró, tendría que haber salido algún ministro a decir esto. Pero como el gobierno actual está alineado con el proyecto, si no lo decimos nosotros no lo va a decir nadie”, agregó.

Paralelamente, varios juristas salieron a cuestionar las iniciativas de los vecinos. Los profesores de derecho constitucional y administrativo Rubén Correa Freitas, Edgardo Amoza y Álvaro Richino, contratados por el Grupo Vía Central, y sus pares Martín Risso y Carlos Delpiazzo, contratados por UPM, objetaron la validez de las acciones sin que hubieran sido presentados aun sus fundamentos ante las Juntas.

Las críticas apuntan en dos direcciones principales. Por un lado, se cuestiona la vigencia de la Ley Orgánica Departamental (N° 9.515) de 1935 donde aparecen las iniciativas locales, alegando que fue derogada por las Constituciones posteriores. Por otro lado, se sostiene que el trazado del ferrocarril es una decisión nacional y que lo local o departamental no puede estar nunca por encima de lo nacional.

Los también juristas Daoiz Uriarte y José Korzeniak, vinculados al gobierno anterior, se unieron a las críticas contra Lust. “Pretender con un plebiscito local cambiar el trazado del tren es un disparate o un engaño”

, afirmó Uriarte. Por su parte Korzeniak se basó en el artículo 124 de la Constitución para decir que Lust puede ser destituido como legislador por tramitar o dirigir asuntos de terceros ante el Estado.

Lust explicó a Sudestada

que el derecho de iniciativa está garantizado por la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana (N° 19.272), de setiembre de 2014, y que se apoya en el Artículo 332 de la Constitución por el cual cuando hay un derecho no reglamentado se aplica la norma análoga que, para el caso, es la ley N° 9.515. Dos sentencias de la Corte Electoral de 2017 ratifican la vigencia de esta ley.

En cuanto a la posibilidad de ser destituido, Lust alega que su papel en las iniciativas es el mismo de otros legisladores que promovieron plebiscitos de reforma constitucional o referéndums contra determinadas leyes. Por otra parte, destituirlo requiere hacerle un juicio político por violación de la Constitución y la aprobación con dos tercios de los votos del Senado, algo prácticamente imposible en la situación actual.