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PARQUE INDUSTRIAL GUALEGUAYCHÚ: A CADA CHANCHO LE LLEGA SU SAN MARTÍN

Muchas décadas de descontrol amparado por un ‘bill de inmunidad’ otorgado por poderosos intereses económicos y sus cómplices institucinales.  El martirio físico de los vecinos que soñaron vivir en el cobijo de un paraje natural y terminaron habitando una cloaca y el martirologio anónimo de los miles de habitantes de Gualeguaychú que se han ido enfermando al beber los fluidos  que desde el PIG fluyen hasta la entrada de la toma de agua de OS de Gualeguaychú, cuya planta no puede tratarlos porque son substancias químicas y sintéticas imposibles de extraer del agua sin costosísimos y complejos procedimientos, inabordables por las plantas de tratamiento de ninguna ciudad.
En la lista de imputados no están todos, faltan los que planificaban las oportunas tomas de muestra de las fábricas que preavisaban a los contaminadores para que en los días previos a la extracción solo arrojaran ‘agua bendita’ a sus colectoras de líquidos residuales. Los responsables de las empresas que economizan a costa de la salud de la naturaleza y las personas ‘externalizando’ sus detritus. Y muchos más, pero es un buen comienzo.

Contaminación del PIG: se abrió una instancia de mediación penal

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FUENTE: Diario El Argentino de Gualeguaychú -Nahuel Maciel-
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Se realizó ayer en Tribunales la audiencia a pedido del Ministerio Público Fiscal para solicitar una prórroga en la Investigación Penal Preparatoria (IPP), que si bien está terminada y lista para ser elevada a juicio; se intente en ese tiempo llegar a un acuerdo a través de la mediación en la causa iniciada el 11 de abril de 2017, caratulada “Unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambiental S/su denuncia”; de acuerdo al Le

Se trata de la denuncia que radicó la Unidad Fiscal de Investigación del Medio Ambiente (UFIMA), contra la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), cuyo volcado afecta a los vecinos del barrio Don Pedro, a la cañada Melgar y a la comunidad en general.

Por esta denuncia se encuentran imputados la directora de Ambiente de la Municipalidad, Susana Villamonte, pero no por su rol de funcionaria pública, sino por su cargo de auditora de la Comisión Administradora del Parque Industrial en representación del Estado Municipal; Juan José Benedetti (en su carácter de presidente de la Comisión del PIG), y Ariel Destéfano (en su rol de presidente de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú), quienes afrontan cargos por el delito de “adulteración y contaminación de aguas”, de acuerdo a los Artículos 55° y 57° de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

La audiencia de ayer se inició a las 10:30 y fue presidida por el juez de Garantías y Transición N° 1, Tobías Podestá; y participaron el fiscal general coordinador, Lisandro Béhéran; Fabián Moreno Navarro (abogado de la querella que representa a vecinos del Barrio Don Pedro); y los defensores particulares Martín Britos (Villamonte); Darío Carrazza (Destéfano) y Gustavo Pauletti (Benedetti).

La audiencia

El fiscal Béhéran explicó que solicitó esta audiencia para explorar la posibilidad de una solución alternativa a un juicio oral y público. Indicó que, si bien solicita una prórroga para ese objetivo, la Investigación Penal Preparatoria (IPP) está concluida; pero atento a la actitud demostrada por todas las partes luego de haber sido imputadas, se han demostrado hechos positivos que habilitarían la posibilidad de encontrar un acuerdo a través de las herramientas que brinda la mediación penal.

Destacó que la planta de tratamiento de efluentes está en funcionamiento, en una etapa técnica de prueba, que al finalizar comenzará la llamada etapa de funcionamiento en garantía; además de que se ha encontrado una solución al volcado, aspecto también significativo de este conflicto ambiental que embarga a la comunidad en su conjunto.

No obstante, al hacer su pedido lo encapsuló en un espacio de tiempo que no se prolongue más allá de los tres meses, a partir de su concesión.

El fiscal Béhéran entendió que tres meses es un tiempo apropiado para llegar a un acuerdo “definitivo” entre las partes involucradas y cuyo resultado deberá ser el que todos esperan: solucionar definitivamente el daño ambiental.

A su turno, Fabián Moreno Navarro, que representa a los vecinos afectados, adhirió a los conceptos de la Fiscalía y destacó que como querellantes “siempre adherimos a la búsqueda alternativa de soluciones al conflicto”.

También valoró como positivo los avances en la planta de tratamiento como en su volcado a partir del esfuerzo del Gobierno Provincial, la Municipalidad, la Corporación del Desarrollo y el Parque Industrial y se mostró confiado en el resultado de la mediación atento a la buena voluntad expresada en los últimos tiempos.

Aclaró que dicho acuerdo o solución alternativa al conflicto debe contemplar el cese del daño ambiental y el saneamiento tanto de la zona afectada (cañada de Melgar) como a los propios vecinos que representa y por extensión, beneficioso para la comunidad.

“El cambio de volcado como la planta propiamente dicha debe ser parte de la solución”, encuadró su planteo.

Con respecto a los plazos, entendió que tres meses es un tiempo más que suficiente e incluso se aventuró que por el diálogo que vienen manteniendo, estima que ese acuerdo podría alcanzarse en semanas, siempre con plazos concretos que no superen más allá de fin de año.

Por último, solicitó que independientemente de la instancia de mediación penal, la Municipalidad siga realizando los controles periódicos, tal como se vienen desarrollando y que han sido importantes para saber en qué situación se está frente a la contaminación.

Las defensas

El primero en hablar por parte de los abogados defensores, fue Martín Britos que defiende los intereses de Susana Villamonte. Consideró que el planteo de la Fiscalía es procedente y encuadró que este nuevo escenario tuvo un punto bisagra cuando se firmó el Acta de Compromiso Ambiental que permitió finalizar la planta de tratamiento de efluentes y abordar el cambio del volcado de los mismos.

Expresó que en un año se logró avanzar de una manera significativa, como nunca antes en las últimas tres décadas.

Luego habló el abogado Darío Carrazza, que defiende a Destéfano en su carácter de presidente de la Corporación del Desarrollo. Indicó contradictoriamente y sin ruborizarse que no hay una hipótesis delictiva -a pesar de que la contaminación es un delito- y encuadró la situación en un mero problema ambiental. Una ofensa para los vecinos damnificados y para la comunidad que padece desde hace décadas la contaminación ambiental generada por las empresas del Parque Industrial.

El futuro en todo caso se construye con una responsable retrospección o análisis del pasado y una madura y sincera ubicación en el presente.

No obstante, adhirió al planteo de explorar la mediación penal y en ese marco recordó que esa propuesta la habían formulado hace bastante tiempo, pero sin éxito.

Por último, Pauletti (que defiende a Benedetti) también adhirió al planteo de la mediación penal y aclaró que este conflicto se suscitó por causas ajenas a los involucrados porque no tenían el control o la tutela cuando la planta había sido licitada por la Provincia y luego cuando se estaba reconstruyendo por parte de la empresa privada que ganó esa licitación. Sostuvo como una situación hipotética que este conflicto no se resuelve con una condena y que la búsqueda de una solución alternativa es un acto de Justicia que puede terminar con el conflicto en pugna.

Reconoció que las partes han avanzado de manera sustancial para una solución definitiva, y que la mediación podría ser el último recorrido para un acuerdo beneficioso para todos los involucrados e incluso para la comunidad.

El juez

Escuchado los fundamentos de todas las partes, el juez Podestá analizó cada argumento, tuvo en cuenta que la Investigación Penal Preparatoria está finalizada y valoró que en este estadio procesal se intente una búsqueda de solución alternativa a través del diálogo.

Hizo observar que nadie pidió el sobreseimiento de los imputados, que en todo caso si se llega a un acuerdo de conformidad de partes, será un planteo a resolver.

Por eso estableció que se debe ser preciso con los plazos, acordó con la Fiscalía que tres meses es un lapso razonable, teniendo en cuenta la magnitud de los intereses en juego. Al respecto, también recomendó que más allá del acuerdo de partes, se tenga presente que hay “víctimas difusas” (por la comunidad) que también hay que contemplar fortaleciendo el interés general de la sociedad.

Así, resolvió que es procedente la prórroga que se extenderá hasta el 27 de noviembre, tal como lo acordaron las partes y que sea la Fiscalía la encargada de realizar el traslado de la causa a la Oficina de Mediación a fin de  que esta fije una fecha de convocatoria para comenzar a transitar una alternativa de solución al conflicto.

En los pasillos de cualquier Tribunal se suele escuchar de boca de abogados, fiscales y jueces que muchas veces es mejor llegar a un acuerdo, aunque no sea ventajoso, pero evitar el juicio que además tiene siempre un resultado incierto.

Esta suerte de premisa estuvo ayer presente en el espíritu de las partes, quienes coincidieron que, en un hipotético escenario de condena, esa sanción por sí misma no arribaría a una solución integral a la problemática ambiental que se viene padeciendo desde hace décadas.

No fue ocioso lo expresado por el juez Podestá, en el espíritu de que las partes deben sacrificar sus posiciones procesales, plantearse un escenario de diálogo y considerar todos los factores y consecuencias que pueden incidir en el mejor beneficio ya no sólo de sus clientes, sino del interés general de la población.

No hay que olvidar que la posibilidad de arribar a una solución, surge por la apertura de una causa penal ante el cúmulo de evidencias científicas que indican estar frente a un delito.

De la cultura del diálogo dependerá si se puede aspirar a  construir un buen acuerdo para evitar un pleito nacido de la irresponsabilidad, el afán de lucro por el lucro mismo y, en todo caso, por no haber hecho las cosas como corresponden ajustadas a la ley y al respeto por el semejante.

 

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