PARLAMENTO EUROPEO Vs. PARLAMENTO ENTRERRIANO

 

A veces las comparaciones son odiosas, pero otras, como en este caso, sirven para contrastar la calidad institucional de diferentes realidades geopolíticas.

Apenas unos meses atrás, el Dr. Andrés Carrasco, Director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA-CONICET fue invitado por el Parlamento Europeo con sede en Bruselas, Bélgica, para exponer sus trabajos de investigación sobre agrotóxicos.

Con los antecedentes reunidos, entre ellos en un lugar destacado este aporte,  la Unión Europea limitó y/ó prohibió en todo su territorio un amplio vademécum de estos peligrosísimos  productos, como asimismo la utilización de organismos transgénicos modificados, en salvaguarda de los habitantes de ese continente.

Aquí sin embargo nuestros legisladores han actuado exactamente a la inversa.

El mismo científico, el Dr. Carrasco, disertó en la Legislatura de Entre Ríos sobre este tema, y salvo quien lo invitara a hacerlo, Héctor de la Fuente, ningún legislador entrerriano concurrió a escuchar su exposición.   Y no solo no concurrió ningún parlamentario sino que tampoco lo hizo el Secretario de Ambiente de la provincia.

Por estos dias se esta reeditando localmente el mismo escenario planteado en Europa el año pasado: el Parlamento local esta debatiendo el tema de los agrotóxicos, específicamente su aplicación a través de las fumigaciones.

Pues bien, nuestros legisladores no invitaron a Carrasco ni tampoco a ninguno de los investigadores que en nuestro país se están ocupando del tema.

Tampoco invitaron a las Asociaciones Civiles que vienen bregando para que se establezcan en forma perentoria protecciones a los ciudadanos y la naturaleza de la provincia que son víctimas de estos graves ataques a la salud y a la vida.

Tampoco invitaron a los médicos que están enfrentando en solitario este flagelo, como el Dr. Verseñazi de Paraná ó el Dr. Lescano de Basavilbaso.

Ni a las víctimas de estas prácticas que deambulan desprotegidas por hospitales de la provincia, donde son atendidas solo por la generosidad de algunos profesionales, dado que el sistema de salud de Entre Ríos “no registra casos” de afectados por este flagelo.

Pero entonces ¿a quien invitaron los legisladores entrerrianos para que los asesoraran en este tema?

Seguramente Ud. ya lo sabe, pero por las dudas le informamos: invitaron a los más conspicuos integrantes de la corporación económica que se beneficia con estas prácticas asesinas.

A los representantes y amanuenses de las multinacionales cerealeras que se están llevando de arrebato la fertilidad de los suelos de la provincia, a la Federación Agraria, a la Mesa de Enlace, a la Asociación de Ingenieros Agrónomos de la provincia, la misma asociación cuyos miembros en Gualeguaychú afirmaran en la Facultad de Bromatología, que en la provincia no había ningún caso de intoxicación por agrotóxicos, ante un auditoria en el que estaba Fabián Tomassi y la Sra. De Cián, cuya salud ha sido destruida por estos venenos.

Envalentonados por la impunidad que habilitan nuestros legisladores, estos intereses van por todo, ya ni siquiera admiten que deba establecerse una distancia mínima de las poblaciones y escuelas para la aplicación de estos productos, a pesar que como ocurriera hace poco tiempo en nuestra vecina Costa Uruguay, AGMER denunció que escolares son habitualmente rociados con estos venenos.

Lo que esta ocurriendo en la legislatura provincial es bochornoso, nuestros supuestos representantes, que han sido ungidos por nuestro voto para defender el interés general y resguardar nuestros derechos constitucionales están traicionando flagrantemente este mandato negociando nuestra salud y la de nuestra naturaleza con una corporación impiadosa que defiende intereses económicos de sectores minúsculos, la mayoría de los cuales ni siquiera están en el país.

Cuando un funcionario público traiciona sus obligaciones inflinge nuestro código penal y es pasible de ser procesado y condenado por incumplimiento de sus deberes.

Cuando un legislador traiciona a sus representados sigue su camino sin ningún problema, esta inconsistencia institucional debería ser revisada para evitar estas bochornosas situaciones que degradan la ética pública y condena  a nuestra sociedad.