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PARA EL FRENTE AMPLIO EL AGUA NO ES UN DERECHO SINO UNA MERCANCÍA

Gobierno reglamenta la mercantilización del agua Daniel Panario: “No es una ley de riego, es una ley de inversiones en represas”

FUENTE:lajuventud.com.uy

 

El gobierno comenzó con la reglamentación de la nefasta Ley de Riego, la cual fue calificada como una “burla” por el doctor Daniel Panario.

El martes 12 comenzó el Proceso de Participación Pública con la primera de 3 etapas que culminarán el 28 de junio donde se busca reglamentar la Ley de Riego aprobada por el Frente Amplio, el Partido Independiente y los partidos de la derecha tradicional en el mes de diciembre del año pasado a iniciativa del ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el empresario Tabaré Aguerre, y el Banco Mundial. Desde diversos ámbitos de la academia y desde los colectivos medioambientales se manifiesta que esta ley contamina y privatiza el agua al tiempo que viola la voluntad popular expresada en el plebiscito de 2004. Por eso han emprendido una intensa campaña para derogarla.
El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en nombre del Poder Ejecutivo, deben elaborar la nueva reglamentación de la Ley de Riego con destino agrario (Ley Nº 16.858, de 3 de setiembre de 1997, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 19.553, de 27 de octubre de 2017). A tales efectos, abren a la participación pública sus iniciativas al respecto.
El gobierno avanza a pie firme en su política privatizadora y bancomundialista en favor del gran capital extranjero en detrimento del Uruguay productivo, violando la Constitución, los acuerdos internacionales en materia de protección medioambiental y en contra del campo popular; los uruguayos debemos seguir aumentando los niveles de organización, movilización y acumulación contra el proyecto neoliberal que está destruyendo nuestros recursos y el bienestar de nuestras futuras generaciones.

El polémico artículo 15

Más allá de los fines privatizadores de esta ley, otro de los aspectos negativos es el impacto ambiental que puede tener sobre las aguas superficiales. En los artículos 13 y 14 se menciona que serán necesarios estudios de impacto ambiental para evaluar la instalación de represas, sin embargo, el artículo 15 afirma que lo establecido en los artículos 13 y 14 “no obstarán al otorgamiento de las autorizaciones, permisos o concesiones de los proyectos de riego y obras hidráulicas”.
La Juventud consultó al Dr. Daniel Panario, reconocido académico que ha trabajado ampliamente sobre temas vinculados a la calidad del agua, quien señaló que el artículo 15 “es una burla”. Aclaró que la academia está en contra de la Ley de Riego y señaló que los pequeños productores se verán afectados por esta ley “que vamos a pagar todos”.
Panario dijo que esta no es una “ley de riego” sino que es una “ley de inversiones en represas” por parte de empresas trasnacionales. Advirtió que, con este sistema, muchas personas podrán quedar sin agua hasta para beber.
El especialista dijo que algunos técnicos están a favor de la ley porque ven allí un negocio y que esta ley está basada en el modelo chileno. Señaló además que esta ley es inconstitucional y que atenta contra el aspecto socio ambiental. “Lo que importa es que se invierta y después no importa que las aguas se eutroficen, que tengan floración de algas tóxicas en todas las represas como estamos teniendo en los hechos”, explicó.
Panario dijo que toda la población está pagando una tasa ambiental para intentar mejorar la calidad del agua contaminada por los productores sojeros. Criticó la instalación de la segunda planta de celulosa de la multinacional finlandesa UPM sobre las aguas ya eutrofizadas del Río Negro. “A las represas del Río Negro, que ya están eutróficas, le vamos a agregar una planta que va a tirar una enormidad de fósforo al agua como es UPM 2. Desde mi punto de vista, estamos hipotecando el futuro del país”, sentenció.
Cuestionó además las grandes exoneraciones tributarias que reciben las inversiones importantes en detrimento del “empresariado pequeño”. Además, criticó la falta de evaluación del “pasivo ambiental”, es decir, las perdidas ambientales de las grandes inversiones multinacionales.

La posición de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida

Ante al llamado “Proceso de Participación Pública” convocado por el Poder Ejecutivo para la reglamentación de la Ley de Riego, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida emitió un comunicado el 12 de junio donde reafirma su posición de no intervenir en el proceso de reglamentación “de una ley que buscamos derogar, ya que no hay reglamentación posible que pueda revertir su inconstitucionalidad”.
“La Ley de Riego es inconstitucional porque profundiza el estado actual de contaminación que se registra en las cuencas hidrográficas del país (II) y permite la privatización de la gestión del agua”, afirma el comunicado.
“Esta convocatoria del Poder Ejecutivo es una parodia de consulta pública. Abrir una instancia de supuesta participación pública durante la reglamentación de la Ley es apenas una consulta tardía e inútil, que no puede reemplazar las instancias requeridas por la Constitución y la Ley. Desde que se inició el proceso de presentación de la Ley de Riego ante el Parlamento no ha habido intención real de considerar los alertas planteados desde las organizaciones sociales y la academia. Ahora se anuncia que durante una semana se recogerán sugerencias y comentarios sobre la reglamentación que -luego de transcurrida otra semana- serán devueltos por el Poder Ejecutivo. La convocatoria a esta instancia no fue abierta y se realiza a media mañana de un día laboral. Nos preguntamos ¿a quiénes está destinada? ¿Qué personas y colectivos se pretende que participen? No legitimaremos este proceso con nuestra presencia”, sostiene el punto 2.
El artículo 3 del comunicado afirma: “De acuerdo al Artículo 47 de la Constitución de la República y a la Ley Nacional de Aguas 18.610 se prevén instancias de participación ciudadana real y efectiva, tanto en la planificación, como en la gestión y el control de los recursos hídricos. Ninguna de estas instancias se ha garantizado a nivel nacional durante el período de presentación y promulgación de esta ley. Tampoco fueron considerados los aportes de académicos, organizaciones sociales e instituciones que en diferentes oportunidades expresaron sus advertencias públicas sobre los efectos nocivos de esta Ley sobre el agua y el ambiente”.
La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida afirma que está dispuesta a “dialogar y aportar en la resolución de los problemas de la gestión del agua, incluyendo el riego. Ese diálogo solo será posible sobre la base de la derogación de la Ley que ahora se pretende reglamentar”.
Finalmente, llaman a “redoblar esfuerzos en la campaña de recolección de firmas para que el pueblo decida sobre la derogación de esta Ley”.

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