EL PATRIMONIO PÚBLICO NO ES UN BOTIN

Guillermo L. Luciano

Algunos políticos para obtener cargos se anotician con de los deseos de la sociedad para  transformarlos en banderas electorales, adoptando  los ideales de la gente como propios, ya sean pato o gallareta.
Proclaman discursos tocando siempre las melodías que todos quieren escuchar al solo efecto de alcanzar los cargos electivos.
Posicionados en los sitiales obtenidos sinceran su verdadero rostro y comienzan a manejarse como si lo que han alcanzado es el control  de  un botín y no un compromiso delegado por la sociedad para cumplir los ideales de ésta haciendo honor al pacto primordial de la democracia.
Según de quien se trate el cambio será más franco o más disimulado.            Uno de los extremos fue un presidente de fines del siglo pasado quien, luego de haber triunfado con un discurso populista, antiimperialista y patriotero, dispuso las “relaciones carnales” con EEUU y cedió el control de la economía a las multinacionales que saquearon el país manoteando los tesoros de la Nación en una obscena liquidación.
A partir de 2003,  más allá de las ideas de quien lo analice, el rumbo tomado por las políticas nacionales fue aprobado por una mayoría abrumadora de ciudadanos que se sintieron expresados por ellas. Este ajuste entre las aspiraciones sociales y las acciones de gobierno  se verificó en los resultados electorales que permitieron a la ciudadanía manifestar claramente su conformidad con lo actuado.
La aprobación de estas políticas nacionales tuvo como efecto de arrastre los aplastantes resultados electorales en muchas provincias, más allá de que algunos gobernadores no solo no honraron sus compromisos previos y están en graves conflictos con los ciudadanos de sus distritos por traicionar, post-elecciones, los mandatos y la voluntad de sus electores.
En La Rioja, por ejemplo, el gobernador Beder Herrera no puede justificar millones de dólares a su nombre en bancos extranjeros  mientras entrega los tesoros mineros provinciales al mejor postor, enfrentando la heroica resistencia ciudadana,  como ell Cerro Famatina, asignado inconsultamente por él para el saqueo de una multinacional minera.
Sergio Urribarri, impulsó una ley en la Legislatura de la provincia, con posterioridad a las últimas elecciones, que contraría claramente la voluntad de sus conciudadanos y ofende la ética republicana.            Urribarri, al igual que B. Herrera, diseñó un proyecto de entrega del patrimonio público sin precedentes en Entre Ríos, que habilita la transferencia por un siglo, de tierras públicas a una ignota Sociedad Anónima, que además  recibirá un crédito con garantía de la coparticipación provincial por 50 millones de dólares.
El proyecto significa la destrucción del mayor humedal del país, segundo del planeta, obsequiándoselo a ignotos (pero no tanto) particulares que los destinarán a la agricultura industrial la misma con que Monsanto está saqueando la naturaleza, la fertilidad y la biodiversidad de la pampa húmeda.      Para esto anularon sin debate leyes que los declaraban patrimonio intangible de todos los entrerrianos y libres de fumigaciones.
Urribarri,  con su proyecto, comete el error  de actuar como si los votos prestados le otorgasen “patente de corzo” sobre el patrimonio público de los entrerrianos.               Y todos, sus ad-láteres, aún los más genuflexos, saben que no es así: él debe cumplir el mandato delegado por la sociedad, no disponer la transferencia de los bienes públicos a particulares para su saqueo y destrucción.
Los entrerrianos somos especialmente sensibles a las cuestiones ambientales y la ciudadanía lo ungió gobernador para custodiar los tesoros naturales de la provincia no para apropiárselos y entregárselos a particulares.
Las tierras fiscales, la capacidad de financiamiento que otorga la Coparticipación Provincial y el destino de nuestros humedales no forman parte de un botín personal a repartir discrecionalmente.
Urribarri se equivoca mal con esta decisión y también lo hacen sus funcionarios, como el  Fiscal de Estado Rodríguez Signes que manifestó públicamente que con esta ley no se enajenará un cm  del patrimonio público, cuando él sabe bien que cederlo por 99 años a particulares significa precisamente lo que él niega.
Ó su Secretario de la producción, el contador Schunk, que otrora supo exhibir un ropaje ecologista, incluso fue invitado por Fundavida a hablar en Gualeguaychú de producción sustentable cuando se decía ambientalista y ahora aparece como ideolólogo  necesario de este proyecto.
También Raffo, el Secretario de Ambiente Sustentable, que hace un año, conmemorando el día de los Humedales, disertó sobre la importancia de éstos y la necesidad de defenderlos, y ahora, privatizados y habilitados para las fumigaciones, mira para el cielorraso con la actitud autista cómplice a la que nos tiene acostumbrado.
Este proyecto es demasiado en todo sentido, porque además de inconstitucional, para impulsarlo hubieron de anularse sin estudio ni debate sabias leyes logradas por las luchas de los entrerrianos; demasiado grosero porque habilita una transferencia de cientos de miles de hectáreas y millones de dólares del patrimonio público a particulares “anónimos”.
Y finalmente demasiado extemporáneo porque aunque se apruebe, finalmente deberá ser derogado y los responsables legales tendrán que ser procesados por administración fraudulenta e incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos., y sus responsables políticos condenados socialmente por traicionar arteramente el mandato popular.