Home / Bosques / MUERE EN UNA PRISION CHINA UN LUCHADOR POR LOS BOSQUES DEL TIBET

MUERE EN UNA PRISION CHINA UN LUCHADOR POR LOS BOSQUES DEL TIBET

.
.
El monje tibetano Tenzin Delek Rinpoche, defensor de los bosques del Tibet , sentenciado a 20 años de prisión en 2002, murió por causas no aclaradas a los 65 años de edad, en una cárcel del suroeste chino, reportaron hoy activistas de derechos humanos.  Mientras tanto el gobierno chino profundiza su ataque a los abogados por los derechos humanos:

El gobierno chino reprime a los abogados de derechos humanos

Hasta las 10 de la noche del domingo, un total de 106 personas de 15 ciudades habían sido arrestadas, llamadas a declarar o estaban en paradero desconocido.

Durante todo el fin de semana, más de 100 abogados y defensores de los derechos humanos en China han sido detenidos e interrogados por las autoridades, según han denunciado diferentes ONGs. Estos arrestos, realizados en diferentes puntos del país, han tenido lugar tras una campaña de varios meses en los medios estatales para desacreditar a este tipo de activistas por socavar la estabilidad nacional mediante el uso de las redes sociales.

Hasta las 10 de la noche del domingo, un total de 106 personas de 15 ciudades habían sido arrestadas, llamadas a declarar o estaban en paradero desconocido. Según informó la organización hongkonesa Chinese Human Rights Lawyers Concern Group, 82 de ellos fueron puestos en libertad más tarde, mientras que el resto permanecen en dependencias policiales acusados de «alterar el orden público», un cargo muy vago empleado por las autoridades en casos de este tipo.

Entre los detenidos se encuentra la prominente letrada Wang Yu y varios de sus colegas de la firma pequinesa Fengrui, que han representado a clientes como el disidente uigur Ilham Tohti, condenado a cadena perpetua por separatismo, o a Zhang Miao, asistente del periódico alemán Die Zeit que fue encarcelado 9 meses por ayudar a un periodista a cubrir la «revolución de los paraguas» en Hong Kong.

Las alarmas saltaron el pasado jueves cuando Wang Yu desapareció de madrugada tras enviar un mensaje de texto a sus amigos diciendo que habían cortado la luz y la conexión a Internet en su casa y que escuchaba a gente intentando entrar en el domicilio. Muchos de los detenidos posteriormente son firmantes de una carta hecha pública al día siguiente en la que se condenaba su desaparición y se pedía conocer su paradero.

Para William Nee, investigador de Amnistía Internacional en Hong Kong, estos letrados han sido «muy efectivos» sacando a la luz pública violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por el Estado, por lo que están sufriendo «una especie de venganza» por parte de las autoridades. A su juicio, fue clave el caso de un policía que mató de un disparo a un hombre desarmado delante de su madre y sus tres hijos en una estación de tren de la la provincia de Heilongjiang. Este hecho provocó que abogados y sociedad civil, organizados en las redes sociales, actuaran de manera conjunta para pedir justicia y presionar a la policía, «una nueva forma de protesta que el gobierno encuentra amenazante para su poder».

El «Diario del Pueblo», periódico del Partido Comunista chino, acusaba en un duro artículo a todos los detenidos de haber organizado más de 40 protestas desde 2012, muchas de ellas a las puertas de los juzgados, en las que «pagaban a los asistentes». En el texto también aseguraban que el Ministerio de Seguridad Pública había realizado esta operación para desbaratar «una banda criminal que ha utilizado la firma de abogados Fengrui como una plataforma para atraer la atención sobre casos sensibles y perturbar seriamente el orden social».

Otro editorial, en este caso del también progobierno ‘Global Times’, los acusaba de «crear conflictos entre las autoridades y la sociedad». Según se leía, «por medio de información falsa, estas personas han pintado al gobierno como el «protector del diablo», mientras que ellos son los «valientes ciudadanos», algo con lo que la verdad se ha visto emborronada».

Con la excusa de proteger y mantener la seguridad nacional y la estabilidad, la administración de Xi Jinping ha estrechado desde 2012 el control gubernamental sobre cualquier aspecto de la sociedad civil. En los últimos años, decenas de disidentes del Tibet y de la comunidad uigur han denunciado abusos, algo que ha provocado las críticas de países como Estados Unidos, y colectivos como el feminista o el de los periodistas también han sido duramente atacados.

En las últimas semanas, el gobierno chino ha aprobado una nueva Ley de Seguridad Nacional o publicado el borrador de la nueva Ley de Ciberseguridad, textos que refuerzan el control del Estados en todos los ámbitos, desde el religioso hasta el administrativo. Para Nee, actuaciones como la de este fin de semana, contradicen las palabras de Jinping de querer que China se rija «por el imperio de la ley».

Y es que, tal y como denunció Human Rights Watch, este ataque a nivel nacional contra los letrados demuestra que la voluntad de las autoridades chinas es la de deformar las leyes hasta que queden irreconocibles. «Este es un ataque especialmente preocupante», aseguró la investigadora de HRW Maya Wong, «ya que los abogados de los derechos humanos son los últimos guardianes de la sociedad civil en China».

Comentá desde Facebook

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *