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LOS NÚMEROS DE BOTNIA-UPM- QUE URUGUAY OCULTA

extraido de un artículo publicado en pagina12.com.ar

 

La planta de UPM no cumple estos límites establecidos:

 

 

 

1  – su temperatura supera el valor establecido en más del 50 por ciento;

2 – el contenido promedio de fósforo supera 36 veces el límite permitido por la normativa uruguaya, lo cual redundará en un incremento de los elevados valores que ya contiene el río;

3 – en cuatro muestras, los fenoles detectados duplicaron y hasta cuadruplicaron el tope vigente y en tres la cantidad admisible de cromo;

4 – el Comité Científico también detectó en el efluente de la planta endosulfán, un pesticida organoclorado de uso prohibido desde 2011 en el Uruguay, y

5 – en seis de catorce mediciones se detectaron grasas y aceites, que no estan permitidos en el efluente.

 

 

 La Argentina también se opone al aviso previo que el Comité Científico debe dar a la empresa antes de cada inspección, por disposición uruguaya, ya que los diez días que demora el trámite permiten corregir algunos apartamientos de la normativa antes del control.

 La alta concentración de fósforo promueve el crecimiento de algas que se corresponden con la acumulación de cianobacterias en la superficie. Estas masas densas de algas pueden ser barridas por el viento hacia las bahías o las costas e interrumpir el balance de oxígeno disuelto en el curso de agua. De día, el problema es atenuado por la fotosíntesis de las algas, pero de noche los bajos niveles de oxígeno disuelto consumido por las algas pueden causar la mortalidad de peces, lo cual se agrava con el aumento de la temperatura. Esas bacterias también pueden ser tóxicas para los animales que beben el agua, que adquiere olor y sabor desagradables.

 La descarga de una masa líquida con una temperatura superior a la del río constituye la violación al Estatuto del Río Uruguay contemplada en su artículo 40. De acuerdo con los datos recolectados desde mayo de 2008, la temperatura de los efluentes supera en más del 50 por ciento el valor establecido vigente.

 A lo largo de un año, la carga orgánica vertida por la planta equivale a la demanda química de oxígeno de una ciudad de 96.500 habitantes que volcara sus efluentes crudos al río; a la cantidad de fósforo de una ciudad de 25.000 habitantes y a la de nitrógeno de una ciudad de 28.000 habitantes que descargara sus efluentes sin tratamiento. Uruguay no cuestiona esas cifras, pero se queja de la alarma que producen.

 El miércoles 2 la Argentina hizo conocer estos valores. Al día siguiente, dos ministros uruguayos aseguraron que la planta cumplía con los estándares ambientales. Sin embargo, debieron reconocer que las cifras mencionadas por la Argentina eran reales. La diferencia reside en su interpretación. Uruguay informó sobre supuestas contaminaciones en otros sitios y localidades de los dos países. Pero los datos divulgados por la Argentina, que Uruguay no desmiente, fueron recabados dentro de la planta, en los caños de desagüe de efluentes y en los pluviales antes de llegar al río, tal como lo estableció el fallo de La Haya.

 Los estándares establecidos aplicables son los del Digesto de la CARU y, sólo cuando fueren más exigentes, los de la normativa uruguaya. Pero Uruguay aplica en forma unilateral estándares propios menos exigentes, de cuyo rechazo la Argentina dejó constancia en las actas de la CARU. Incluso si se tomaran los valores máximos uruguayos, el vertido de UPM al río equivaldría al de una ciudad de 36.000 habitantes en fósforo, 440.000 habitantes en demanda de oxígeno y 197.000 habitantes en nitrógeno. El efluente de fósforo de UPM supera nueve veces al del río y 36 veces lo permitido por la norma uruguaya.

 El recurso a la Corte Internacional anunciado por la Argentina intenta mantener el litigio en términos razonables, pero no sería beneficioso que los denominados ambientalistas de la margen occidental volvieran a enturbiar las relaciones con sus desplantes belicosos. Además de tener la razón, es conveniente guardar las proporciones, algo que no pueden hacer los municipios ni las provincias sino el gobierno de la Confederación Argentina.

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