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LA MESA DE ENLACE: ‘PREPOTEA’ AL GOBIERNO ENTRERRIANO

La Mesa de Enlace ejerce presión y le puso un plazo de diez días al gobierno para elaborar un nuevo decreto

FUENTE:analisisdigital.com

La entidad que nuclea a las distintas organizaciones que representan el agronegocio aplazó al gobierno provincial a que elabore un decreto en un plazo de diez días, fecha hasta la cual se comprometieron a no realizar ninguna manifestación pública.

Esto encaja con el paso de las elecciones generales, ya que desde el gobierno se comprometieron a firmar el decreto posterior a lo que suceda en las urnas el próximo 9 de junio. «El decreto tendría herramientas de fiscalización y mayor fundamentación, teniendo en cuenta que la deriva es el conflicto que tenemos en este momento. Participará la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el Conicet, el INTA y el Senasa», dijo Alfredo Bel, referente de Federación Agraria.

Cabe recordar que la Justicia dejó firme los límites para fumigar con tóxicos en inmediaciones de escuelas rurales, prohibiendo todo tipo de aplicación a mil metros por vía terrestre y a tres mil metros vía aérea. Un grupo de 130 productores rurales reunidos en la noche del miércoles en la ciudad de Crespo, acordaron una tregua de diez días con el gobierno provincial hasta que se pueda emitir un nuevo decreto, en el marco del conflicto suscitado por el fallo que prohíbe las fumigaciones alrededor de escuelas rurales.

De esta manera quedó en suspenso el pedido de los ruralistas de base para que se tomen acciones gremiales, tales como los cortes de ruta, convocar en la zona del túnel subfluvial o concentrar nuevamente en la Casa de Gobierno. Según se indicó desde la Mesa de Enlace, integrada por la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria Argentina (FAA), se «llegó a un punto intermedio» hasta después de las elecciones generales del 9 de junio.



Así quedó establecido en un comunicado, que alude al nuevo decreto que se acordó confeccionar luego de una reunión entre la patronal del campo, la Secretaría de Producción y la Fiscalía, se confirmó a
Uno Entre Ríos.



«El decreto tendría herramientas de fiscalización y mayor fundamentación, teniendo en cuenta que la deriva es el conflicto que tenemos en este momento. Participará la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el Conicet, el INTA y el Senasa», señaló a UNO el delegado de la Federación Agraria, Alfredo Bel.



«También se acordó que se comience con un relevamiento de los productores afectados por los fallos con el fin de solicitar concretamente que se suspenda por parte del gobierno provincial el cobro de todo tipo de impuestos, Inmobiliario Rural, Ingresos Brutos», agregó el comunicado aprobado por unanimidad.



Productores «enojados»



El vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, Elvio Guía, reconoció que los productores «atraviesan un momento muy complicado, dado que hay muchas familias que no saben qué hacer con su producción», y sostuvo: «Después de un largo debate, donde tuvimos fuertes discusiones, se lograron frenar las protestas».



«La nueva instancia –aseguró– implica la redacción de un nuevo decreto, donde el gobierno deberá hacer las cosas bien, se haga todo con fundamento científico y técnico, para que no tengamos que estar explicando algo que ya venimos explicando hace mucho tiempo. Estamos ejerciendo una actividad que es lícita, venimos trabajando con prácticas que respetan el medio ambiente, más aún con los niños , ya que son nuestros hijos los que van a la escuela. Nuestros niños están en esas escuelas. Queremos una ley que proteja a todos, y principalmente a la salud. Que sea una cuestión lógica, ni caprichosa ni fundamentalista».



Por lo pronto, el decreto se estaría redactando entre la Fiscalía de Estado de la Provincia y organismos técnicos que buscarán aportar su conocimiento para corregir las cuestiones que sean necesarias. «Nosotros pedimos una reunión con el área que nos compete, que es la Secretaría de Producción, donde también participó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Con el gobernador no hemos hablado, ni hemos tenido ningún contacto. Lo único que estamos haciendo es traer un poco luz sobre este tema», recordó el dirigente.



Guía admitió el creciente malestar entre los ruralistas ante el fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia que limita las fumigaciones terrestres y aéreas en inmediaciones de escuelas rurales. Al respecto señaló: «Los productores están enojados. ¿Y por qué lo están? Y porque es lo mismo que te echen de tu trabajo y que no tenés más nada que hacer. Evidentemente no creo que te vayas alegremente a tu casa y digas ‘está bien’. Se ponen mal porque no saben qué les deparará el destino, cómo van a hacer. Lo que necesitamos es seguridad jurídica para las producciones y no de la soja, sino de la citricultura, de los pecanes, de la lechería y de la ganadería. Y cómo vamos a hacer para producir en campos que son generalmente pequeños; son 3.000 familias que pueden quedar con algún riesgo o sin saber cómo hacer».



Sobre el debate que se instaló acerca de hacer una transición hacia la producción agroecológica respondió: «Sí, se pueden hacer en pequeñas escalas, pero lleva un tiempo de acomodamiento por la presión de malezas y por los insectos. Esta cuestión a nuestros productores les resulta difícil porque no están en una situación cómoda económicamente».



En el marco de este conflicto se escucharon diferentes voces, sobre todo en la concentración del sector agropecuario en Tribunales. Allí un productor sugirió cerrar en forma paulatina las escuelas rurales y trasladar a los alumnos a las ciudades. Para Guía esa propuesta «se dijo en un momento de calentura y de enojo, porque hay una realidad concreta: hay un alumno en algunas escuelas. En el 95% de las escuelas no tenemos ningún tipo de conflicto. Es más, los productores trabajan en las cooperadoras, arman el baile los fines de mes para juntar plata, cortan el pasto. Es decir que trabajan codo a codo. Solamente tenemos problemas con cuatro o cinco que las usaron para asumir en la Secretaría General de Agmer; se ha generado una batalla campal. Sumado a Basta es Basta, quienes viven todos en Paraná y ninguno produce, ni tampoco trabaja en el campo».



Por último el representante del sector explicó que esta controversia representa «un problema social» dado que «todos los pueblos del interior o las juntas de gobierno, de menos de 2.000 habitantes viven exclusivamente de la cuestión productiva. Por eso es el enojo de los productores y se dicen algunas cosas que no son simpáticas, pero en algún momento también hay que decirlas».



En este contexto de incertidumbre se estima que continuarán las negociaciones entre el campo y el gobierno, atento a la reacción que pueda deparar el nuevo decreto entre las organizaciones ambientalistas.

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