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LA DESASTROZA GESTION AMBIENTAL DE ENTRE RÍOS

Cientos de miles de hectàreas de bosques nativos entregados impunemente al holocausto sojero, «humedales protegidos» que en realidad han sido endicados y contaminados, playas del Río Uruguay que son cloacas a cielo abierto son algunos de los «logros» de la actual gestión ambiental que cumplirá una década de destrucción y abandono de los tesoros naturales de la provincia

Instan a las autoridades a mejorar la gestión ambiental

delta

La Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a las autoridades competentes a implementar un mecanismo de acción interjurisdiccional para mejorar la gestión ambiental del Delta del Paraná, el humedal más importante del país.

 El Secretario General, a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, Carlos Haquim, exhortó a las autoridades de la Nación y de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe a implementar un mecanismo de acción interjurisdiccional para mejorar la gestión ambiental del Delta del Paraná, que constituye el humedal más importante de nuestro país. También se exhortó a que se complete el relevamiento de los terraplenes y endicamientos existentes en el territorio del Delta.

El pedido fue dirigido a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y los mandatarios provinciales para que coordinen -en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Consejo Hídrico Federal y el Consejo Federal de Medio Ambiente- la implementación de un mecanismo de acción interjurisdiccional, en el marco de la Ley Nº 25.688, dotado de las facultades necesarias para emitir opiniones vinculantes cuando exista un posible impacto originado por actividades antrópicas significativas (ejemplo: obras públicas o privadas que impliquen cambios de uso del suelo, introducción de especies exóticas, modificación del régimen hídrico y en general todo lo previsto en la Ley de Aguas).

Esto implica que esa autoridad tenga la capacidad y la obligación de evaluar si existen impactos interjurisdiccionales y, en caso de que así sea, exigir medidas de mitigación (o de recomposición, si el impacto ya se hubiera producido).

A su vez, se pidió que se elabore, con carácter de urgente y con amplia participación social, un plan operativo de gestión que contenga objetivos, acciones, plazos, responsables y presupuesto asignado y se promueva la adopción de una norma de Ordenamiento Ambiental del Territorio a escala regional que considere la dinámica hídrica del humedal y garantice la transparencia hidráulica, y atienda los impactos que causan los terraplenes actuales.

También se exhortó a que se complete el relevamiento de los terraplenes y endicamientos existentes en el territorio del Delta, evaluando su impacto ambiental tanto individual como acumulativo e integral, y en caso de constatar la clandestinidad de las obras o determinar que las mismas causan un desequilibrio ecológico, se dispongan las medidas de mitigación o recomposición ambiental que resulten necesarias.

Finalmente, se solicitó que se establezca una moratoria en la aprobación de nuevos emprendimientos o cambios de uso del suelo que pudieran modificar la dinámica hídrica hasta tanto esté en funcionamiento el plan operativo de gestión antes mencionado.

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