Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, salió al ruedo para tirar una bomba en un asunto clave: la  cuenca del río Santa Lucía, que surte de agua a más 1,5 millones de uruguayos, se encuentra en grave peligro. Panario hacía ya tiempo que advertía de los problemas en a cuenca del río.

En parte el problema surge de la mayor intensidad productiva, pero también hay quienes argumentan que hay industrias que tienen impunidad para verter residuos al río. Por un lado el ministro de Defensa amenazó con expulsar a productores y poner a disponibilidad aviones para inspeccionar la cuenca. Pero fuentes vinculadas a la industria del cuero aseguran que bastaría con inspectores imparciales que llegaran a pie a la empresa  cooperativa El Águila, situada en las afueras de Florida y aplicaran las mismas exigencias que rigen para el resto. Es que –según estas fuentes– la empresa arroja al río íntegramente los residuos del procesamiento de mil cueros cada día, sin cumplir las reglamentaciones  y los procedimientos de tratamiento de residuos que le son exigidas al resto de las empresas.

La Dinama confirmó a través de una declaración escrita que la curtiembre no tiene tratamiento de efluentes y no lo tendrá en lo que queda de este año y el próximo. Según el comunicado, la curtiembre Cooperativa El Águila está comprendida en los sujetos de Control de Dinama. Eso significa que es inspeccionada periódicamente  y que presenta sus informes ambientales  periódicos.

Dado el no cumplimiento de los estándares de vertido, la empresa fue intimada a presentar una nueva Solicitud de Desagüe Industrial (SADI), la cual ha sido recibida en plazo y está en estudio de la Dinama.

El proyecto presentado en la SADI, además del tratamiento secundario, incluye tratamiento terciario, para el cumplimiento de la norma con  disminución de nutrientes (nitrógeno y fósforo).

Una vez aprobado por Dinama y de acuerdo al cronograma propuesto por la empresa la planta de tratamiento estaría construida y operando antes de enero de 2015, plazo previsto en el plan mencionado para las industrias prioridad uno de la Cuenca del Río Santa Lucía. Desde la empresa, Oscar Ferreyra, secretario de la cooperativa, dijo que las obras empezaron este 7 de junio. “Si bien sabemos que estamos contaminando estamos dentro de los rangos. El viernes empezamos con las obras en las piletas (de decantación)”.

Explicó que el gobierno ha dado el visto bueno a un fondo de US$ 600 mil para mejorar las piletas. Pero todavía no han accedido al dinero. “Lo único que estamos haciendo es adelantar los trabajos hasta que venga dinero del Fondes, y ya comprar el portland y lo que se necesita a modo de adelanto”. Respecto a la situación actual recalcó que “no estamos contaminando al río”, aunque reconoció que hay quejas en la ciudad. “Se complica un poco con el mal olor”. “Nosotros estamos controlados por la Dinama, que viene día por medio o cada dos días a tomar muestras”. De modo que dijo “las piletas están en uso parcial”. En opinión de las fuentes privadas consultadas, el carácter cooperativo de la empresa y el apoyo político con que cuenta llevan a que trabaje en forma irregular a sabiendas de que no será inspeccionada. “Procesar los residuos implica un costo de US$ 3 por cuero, que todos los demás debemos cumplir y ellos no”, explicó la fuente industrial.

La cuenca que es  fuente de consumo de agua potable de más de la mitad de la población uruguaya recibe por día 42.600 metros cúbicos (42,6 millones de litros) de efluentes generados por las industrias de la zona, según dijo Magdalena Hill, directora de Calidad de Agua de la Dirección de Medio Ambiente.

Las denuncias de Panario generaron molestia en el Ministerio de Medio Ambiente y en OSE, que de inmediato exigieron que presentara pruebas.  Pero la facultad de Ciencias se mantuvo firme en defensa del científico. El decano de la Facultad, Juan Cristina, redactó un informe junto a sus colegas de Agronomía, Ingeniería y Química. “Los valores de concentración de fósforo estuvieron en general por encima del límite establecido por Dinama, excepto en las partes altas de las cuencas de los ríos Santa Lucía Chico y Grande. El informe de la Universidad asegura que 80% de la contaminación del Santa Lucía “proviene de fuentes difusas”.

No aclara quiénes son esas fuentes. Para muchos, el documento apunta a los productores lecheros de la zona. Para otros a las nuevas 5.000 hectáreas de agricultura que se instalaron en los alrededores de la cuenca.

El presidente de OSE, Milton Machado, anunció que a  mitad de año habrá aumento de tarifas para financiar las obras que permitirán mejorar la potabilización del agua para los habitantes de Montevideo. Pero muchos señalan que es necesario ir a las causas del problema más que a gastar en mitigar los problemas que causa la contaminación del agua.

Esas obras consistirán en una planta para suministrar más cantidad de carbón activado, otra planta de dióxido de cloro para el tratamiento de residuos orgánicos y una tercera planta para mejorar el tratamiento de los lodos que deja en el agua del río la propia estación de OSE en la localidad de Aguas Corrientes. Y las pagaremos todos. “Sería un ajuste por tarifas, donde todos los uruguayos serían conscientes del problema, porque el problema es de toda la sociedad”.

Caminos de prevención
Ilse Margarita Valdez, que tiene un vivero en la zona, reclama la protección del monte natural de las orillas del río y recuerda que en 2000 la Dinama contactó a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para trabajar en la contaminación del río.

Valdez en persona colaboró con el proyecto, trabajando en su especialidad, la flora autóctona, pero no recuerda cuándo el proyecto quedó en la nada. Relevó algas en Paso Severino y entregó el informe a las autoridades, pero nunca obtuvo respuesta.

Propietaria del Vivero la Siembra, de Florida, Valdez cree que lo que el río Santa Lucía necesita es que le devuelvan lo que le quitaron. El monte ribereño autóctono obró durante décadas como elemento descontaminador, como filtro natural. Las raíces de esos árboles hicieron una tarea que ya no hace nadie. Alguna vez fueron el 25% del paisaje fluvial, pero hoy representan menos del 3%.

Ella estima que entre muchas otras medidas se debería repoblar el Santa Lucía con árboles como Arrayán, Coronilla, Tala o Rama Negra. “Esos árboles son auténticas barreras sanitarias. No son especies caras. A lo sumo cada árbol puede costar unos 60 pesos. En el costo beneficio es un proyecto sostenible y barato”, dice Valdez.

Manejar la intensificación
Lo cierto es que toda actividad productiva genera desechos, que si no son tratados pueden ser tóxicos. La presencia de fosforados se debe sobre todo a fertilizantes. También por lixiviación de bosta de animales que comieron pasturas con los mismos productos.

Bien lo sabe Martín Maness, director de Zaratina, una empresa que se dedica a limpiar corrales de feedlots y de tambos. Su trabajo es intentar preservar la calidad de las aguas circundantes.

Un animal de corral genera tres kilos de bosta por día. A los 100 días, son 300 kilos de desechos por  unidad. “Hay productores que se dejan estar, y hasta que los animales ya no pueden caminar dentro del lugar, comienzan a limpiar. Hay que tener en cuenta no sólo el problema que genera, sino que el animal no se alimenta bien, eso genera acidosis y un círculo vicioso no recomendable”.

Pero el estiércol puede convertirse en algo de valor. Dicha empresa lo estiba para que se composte. Se le echan hongos y bacterias para neutralizar los efectos nocivos. Maness cuenta que un frigorífico con el que realiza trabajos conjuntos con forestales compostando desechos, estiércol por un lado y corteza por otro. “La solución beneficia a ambas partes”, asegura.

El ingeniero Martín Henderson, que se dedica a la producción de fertilizantes orgánicos, no tiene tanta suerte con los productores. Desde su empresa Bioterra es testigo de la forma en que muchos vecinos tratan los desechos de animales y fertilizantes químicos. Su establecimiento queda en Juanicó. Ha tratado por todos los medios que los productores no viertan sus desechos en tierra propia. Pero son muy pocos los que están dispuestos a cargar un camión con materia y llevarla a Bioterra. “Sucede es que eso es un costo para ellos”, dice. “Hay algunos que me lo quieren vender. Una empresa de la zona me dijo hace poco que no le interesaba venderlo porque tienen 1.000 hectáreas para tirar el material”.

Lo mismo ocurre con las aves de corral y los tambos. De esos materiales muchos son contaminantes. No sólo se trata de fertilizantes. El rumen –coloquialmente se le dice así al estómago de la vaca y a lo que hay adentro– contiene pasto pre-digerido con sustancias nitrogenadas, potencialmente cancerígenas.

El negocio de Henderson es convencer a los productores que usen sus productos, a los que inocula microorganismos naturales. Parte es destinado al abono orgánico, parte hacia la producción de humus. Bioterra considera que el rendimiento del fertilizante que ofrece genera cuando menos “los mismos resultados” que su competencia química. “Actúa como un probiótico en el suelo. Hemos observado muy buenos rendimientos en olivos, en la plantación de lechugas, tomates y también en soja”, agregó.

Alternativas caras e inciertas
En una sesión de la comisión de Medio Ambiente del Senado el directorio de OSE reveló que se buscan fuentes alternativas al río Santa Lucía. Si hay algo que dejó en claro este episodio es que la mitad de la población del país no puede depender de un lugar para el suministro de agua potable.

Daoíz Uriarte dijo que el primer escenario es muy costoso y de difícil aplicación: desalinizar el agua del Río de la Plata. El informe de los decanos recomendó una consultoría antes de emprender un proyecto de estas dimensiones.

Algunos expertos creen que se trata de una utopía. Desalinizar el Río de la Plata es costoso y poco viable, ya que la calidad de su agua sufre las consecuencias de las descargas del río Uruguay y Paraná, también muy contaminados, dijo a El Observador Guillermo Chalar, doctor en ingeniería ambiental.

El experto en hidrogeología, Jorge Montaño, explicó que desde fines de los 80 Uruguay venía analizando otras formas de abastecerse, entre ellas usar el acuífero Raigón, al sur de San José, mayor reserva de agua subterránea del país. La otra opción es construir un embalse en Casupá, proyecto presente en los 80 cuando los expertos empezaron a coincidir en que la red hídrica iba a dejar al país en déficit energético por la vía del cambio climático. El proyecto también tiene cuestionamientos técnicos, admitió Uriarte.

Falta educación
“Uruguay se ha dejado estar un poco”, reconoce el ingeniero agrónomo Alejandro Morón a partir del debate que se generó a partir de la cuenca del Santa Lucía.

Reconocido investigador de suelos en el INIA, forma parte del equipo docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad e la Empresa (UDE).

“Información disponible siempre hubo, especialmente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Hay también contribuciones de la Facultad de Ciencias. estamos en condiciones de saber dónde estamos parados en materia de contaminación de ríos”, agregó.

Morón cree que Uruguay tiene suficiente legislación para combatir la contaminación de ríos como el Santa Lucía. “Si uno rastrea normativa,   existe desde hace más de 30 años. Y no es mala. Podemos cambiarla, mejorarla. Pero el principal problema que tenemos es hacerla cumplir”, sostiene.

Para Morón, esto se debe llevar a cabo con una variedad de enfoques. El primero está relacionado con el control y el establecimiento de sanciones. El segundo es un asunto de diagnóstico. “Hay que tomar conciencia del problema. Esto supone identificar las distintas situaciones, detectar a los responsables y las medidas a tomar al respecto”, señaló. El tercer punto es la educación, primero para los tomadores de decisiones, el estamento técnico que trabaja junto a los productores. “Yo creo que ahí tenemos un déficit. El agua no es una disciplina en las carreras relacionadas con las ciencias agrarias, como lo es el suelo. Es algo a revisar”, dijo.