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GRAVÍSIMO: DIPUTADOS QUIEREN AMORDAZAR A LA PRENSA ENTRERRIANA

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, preocupado por la difusión pública de las denuncias y procesos que lo incriminan en innumerables casos de corrupción, presentó un proyecto de Ley de su autoría “para reglamentar el derecho a réplica establecido en el artículo 13 de la Constitución provincial”, con la intención de censurar a la prensa que viene poniendo al descubierto los graves delitos cometidos durante su gestión que lo tienen como principal imputado

Simultáneamente presentó otro proyecto, con el apoyo de bloque oficialista que preside Juan José Bahillo, con el que pretende ratificar irregularmente a Guillermo Smaldone como titular del Tribunal de Cuentas con la intención de controlar políticamente este organismo, que podría aportar pruebas de las graves irregularidades que lo involucran.

 

 

Urribarri presentó en Diputados proyecto de ley para amordazar a la prensa

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Este martes sesionó la cámara de diputados de la provincia.

FUENTE: Noticiauno -Martín Carboni-

Es la segunda vez que el cuerpo se reúne después de las amenazas proferidas por uno de sus miembros que está imputado por el delito en la Justicia (el diputado José Ángel Allende) contra el periodista de Noticiauno Martín Carboni.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, preocupado por la difusión pública de las denuncias y procesos que lo imputan en innumerables casos de corrupción, presentó un proyecto de Ley de su autoría “para reglamentar el derecho a réplica establecido en el artículo 13 de la Constitución provincial”.

Iniciativa que con el apoyo de su bancada tomó estado parlamentario y fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Los portales de noticias más prestigiosos de Entre Ríos, Aim, Entrerios ahora y Análisis, denuncian que se trata de una ley mordaza para limitar el trabajo de la prensa, dejándola en situación de altísima indefensión frente al poder de funcionarios o legisladores, que quedan habilitados para iniciar acciones legales contra los periodistas cuando una información no les plazca, ventile situaciones que prefieren mantener en reserva o revelen algo de su patrimonio.

En abril de este año, Urribarri, usando un ladero suyo en la cámara, en contra de las normas más elementales de la democracia, logró poner límites al derecho de acceder a la información pública que tiene cualquier ciudadano, modificando el Reglamento General de Acceso a la Información Pública (por Decreto Nº 029) que fijó plazos más largos para que los legisladores provean la información requerida por cualquier ciudadano.                    El decreto establece que “el pedido de información pública (en lugar de ser respondido) debe girarse al área legal a fin de que emita opinión sobre la clasificación de los datos requeridos”. Y “si se considera que los datos solicitados son de carácter sensibles, el pedido (del ciudadano – periodista) deberá ser aprobado por el pleno de la Cámara (donde Urribarri tiene mayoría).

Después de esa traba, que YA ESTÁ VIGENTE CON EL ASENTIMIENTO DE LA OPOSICIÓN, este martes, Urribarri prosiguió en su embestida.

El proyecto presentado, que solo registra antecedentes en las dictaduras fascistas establece:  “El derecho a réplica consagrado en el artículo 13 de la Constitución Provincial será ejercido, de acuerdo con la reglamentación establecida por esta ley, por toda persona afectada en su honor o reputación por informaciones maliciosas, inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de un medio de comunicación social de cualquier especie, y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar en el mismo medio su respuesta u obtener su rectificación”.

……. “se iniciará con una presentación escrita ante las autoridades del medio, en un plazo de quince días corridos desde que se emitiera la información que se pretende responder o rectificar. El medio deberá publicar la respuesta o rectificación en el plazo de tres días corridos de recepcionada la solicitud o en el siguiente número si se tratase de un medio gráfico o en el programa más próximo de similar audiencia en caso de medios audiovisuales y de radio”.

Determina que… “la respuesta o rectificación deberá ser proporcional y con los mismos caracteres que la información que diera origen al reclamo. Los medios gráficos y digitales deberán procurar la misma extensión, tipografía y diseño que los utilizados en la información maliciosa, inexacta o agraviante. Los medios audiovisuales o radiofónicos deberán emitir la respuesta o rectificar la información en el mismo programa y como mínimo durante el mismo tiempo”.

Además, establece que en caso de rechazarse la solicitud o no realizarse la publicación “en tiempo y forma, la persona perjudicada podrá acudir ante la Justicia ordinaria por la vía sumarísima prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos, siendo competente el juez del domicilio del afectado o del medio a elección del actor. La acción deberá deducirse dentro de los treinta  días corridos contados a partir de la fecha en que debió realizarse la publicación”.

“En caso de acogerse la acción –dice el artículo 9°, la publicación deberá realizarse dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas de quedar firme la resolución judicial”. Y en caso de negarse el medio a publicar el derecho a réplica, “el juez que hubiere dispuesto la misma está facultado a aplicar una multa diaria cuyo monto estará vinculado al valor de los espacios publicitarios en dicho medio. A elección del afectado el juez además podrá disponer de que la rectificación se publique o difunda en otro medio similar a costa del editor o responsable del medio condenado”.

“La publicación parcial, defectuosa o que por cualquier otro motivo no se ajuste a las pautas establecidas en esta ley, será tenida como negativa del medio dando lugar a la aplicación de las sanciones que el juez interviniente determine”, insiste Urribarri.

Según publicó Análisis, el proyecto “ya fue girado a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), como así también al Foro de Periodismo Argentino (Fopea), quienes en próximos días se pronunciarán al respecto. ADEPA ya se ha manifestado en oposición a la aplicación por ley del derecho de réplica”.

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Otro proyecto escandaloso

FUENTE: analisisdigital.com

 

Polémico proyecto de Urribarri

El presidente de la Cámara de Diputados y su par de bancada, Juan José Bahillo, proponen reglamentar el Tribunal de Cuentas. Pero dispone que su titular, Guillermo Smaldone, sea ratificado sin concurso.
A través de un proyecto de ley, el titular de la Cámara de Diputados provincial, Sergio Urribarri (FpV-Concordia), y el presidente del bloque de diputados provinciales del oficialismo, Juan José Bahillo (Gualeguaychú) proponen reglamentar el Tribunal de Cuentas de la provincia.La iniciativa prevé que el Poder Ejecutivo constituya el Jurado de Concurso, se incorporen los «Vocales parlamentarios» por la mayoría y minoría de la Cámara de Diputados. Pero además, el texto propone que se confirme la designación del actual presidente del organismo, el ex ministro de Trabajo de la anterior gestión provincial, Guillermo Smaldone, quien llegó al cargo sin atravesar un concurso previo como manda la Constitución.La designación de Smaldone, que tuvo acuerdo del Senado en la anterior composición legislativa, está judicializada desde hace más de un año por una presentación realizada por el exlegislador Juan Carlos Arralde, y sobre la que aún no se expresó la Justicia provincial.Según recordaron los legisladores en un comunicado, la reforma constitucional de 2008 introdujo en la Carta Magna una sección especial dedicada a los «Órganos Autónomos de Control», en la cual los artículos 213, 214 y 217 refieren al Tribunal de Cuentas.

En este sentido, el proyecto de ley presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri; y por el presidente del bloque de diputados provinciales del oficialismo, Juan José Bahillo; «reglamenta los nuevos parámetros constitucionales y los armoniza con las previsiones de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos (Ley 5796)», dice el comunicado.

Según se adelantó, «esta iniciativa viene a satisfacer la demanda de legisladores de la oposición y el oficialismo; al reglamentar el principal órgano de control externo de la administración pública entrerriana, y ofrecer a la sociedad una propuesta superadora de la actual, en lo que hace al fortalecimiento del Tribunal de Cuentas como órgano controlador del Estado; respetando los lineamientos trazados por los constituyentes de 2008, cuando la Convención Constituyente debatiera el diseño, los contornos, la naturaleza, extensión y funciones del TCER».

Además, añade que «con este proyecto de ley se reglamenta la nueva Constitución Provincial; se incorpora a la minoría; se reglamenta el concurso para cubrir las vacantes; y se confirma en su cargo a Smaldone como Presidente del Tribunal de Cuentas».

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