¿Entre Ríos será cómplice de un delito si exporta madera al Uruguay?

El fiscal general de Tucumán, un hombre clave en la lucha ambiental, no tiene dudas. Lanzó una fuerte advertencia al gobierno entrerriano: «la causa penal contra UPM, iniciada por la provincia, está abierta».

¿Entre Ríos será cómplice de un delito si exporta madera al Uruguay?

 
Fuente: El Entre Ríos
 

Gustavo Gómez es fiscal general en Tucumán. Allí tiene una prolongada trayectoria investigando la comisión de delitos ambientales. Tiene experiencia, la que adquirió por primera vez siendo muy joven y en otra provincia: «tenía 30 años cuando me nombraron fiscal general, en Chubut», recordó.

Allí se fue abriendo camino este hombre nacido en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, que este viernes pasó por Concordia, invitado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER y la Asamblea Ciudadana de Concordia. «El primer caso fue el de 16 mil pingüinos empetrolados, en Punta Tombo, cerca de Trelew», recordó.

Entonces siquiera estaba vigente, en el territorio argentino, la Ley Penal de Delitos Ambientales (N° 24501). «No hubo condenados», admitió en el programa «Despertá con Nosotros» (lunes a viernes de 7 a 9) de Oíd Mortales Radio, pero aclaró que fue «algo que me recuerdo y me hace muy feliz porque fue un trabajo en equipo de muchas organizaciones. Hasta la Embajada de Estados Unidos participó».

El escenario actual es muy diferente. Citó varios ejemplos, al respecto, sobre procesos judiciales en los que se probó la comisión de delitos ambientales. «La base de cualquier discusión, sobre si contaminamos o no el ambiente, tiene que ser el delito. Si esto es un delito, todos tenemos que estar en contra del delito. Si por los índices de contaminación no llega a ser un delito, podemos discutir qué norma administrativa podemos o no aplicar», planteó como máxima.

El delito al que se expondría la provincia

Hizo un alto en su repaso a los casos en los que le tocó intervenir y habló de la actualidad entrerriana. Recientemente trascendió que el gobernador Gustavo Bordet elevará al Senado un proyecto de modificación de la ley que hace que Entre Ríos sea la única provincia que no puede exportar madera al Uruguay.

El fiscal general de Tucumán advirtió al Estado entrerriano.
Foto: El fiscal general de Tucumán advirtió al Estado entrerriano.

«Mi pregunta es ¿saben acaso que eso los puede transformar en cómplices? Porque el gobierno de Entre Ríos, con el entonces gobernador Busti, se presentó como querellante contra la papelera UPM (ex Botnia) por el delito de contaminación», provocó en diálogo con la emisora de El Entre Ríos en Concordia.

 

Dijo, al respecto, que se trata de una penal que aún está abierta en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. «Si yo cambio la ley y le voy a proveer la venta de madera, voy a ser cómplice del delito que por otro lado el gobierno está acusando», reflexionó.

¿Entraría en una contradicción, no ya digamos solamente discursiva o ideológica, sino penal?
«Podría ser acreditado por el delito de cómplice de contaminación. Entonces: ¿yo voy a necesitar alguna pericia de UPM que si está contaminando o no? Lo único que tengo que demostrar es que, con la Ley, se está autorizando. O sea, es cómplice del mismo delito que el gobierno de Entre Ríos ha denunciado y es querellante en esa causa que todavía no se ha cerrado».

¿Corrientes no está en esa situación si le está vendiendo madera porque no denunció que existiera contaminación?
«Al menos en Corrientes no sería una contradicción flagrante y lo que pasa es que en Corrientes el que vende no es el gobierno, sino un empresario que vende madera. En Entre Ríos no. En Entre Ríos se hace la Ley para favorecer la comisión de un hecho ilícito».

 

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