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ENEMIGOS PÚBLICOS: LEGISLADORES ENTRERRIANOS, DE LOS «CONTRATOS TRUCHOS» A FRENAR LA LEY DE AGROTÓXICOS

Entre Ríos: el debate por el uso de agroquímicos sigue planchado en la Legislatura

Pese a los reiterados intentos oficiales de lograr una iniciativa que deje conforme a productores y ambientalistas, el debate en la Legislatura entrerriana no prospera.

fuente: eldestape web Juan Pablo Scattini (Entre Ríos)

La discusión de una nueva ley de fitosanitarios sigue postergada en Entre Ríos. Pese a los reiterados intentos oficiales de delinear una iniciativa que deje conforme a todos -especialmente a productores y organizaciones ambientales- el debate en la Legislatura no prospera, ya sea por la polémica que puede traer de por sí -innecesario en medio de una contienda electoral- o por roces internos, que no han permitido avanzar en una problemática que se viene agudizando a lo largo y ancho del territorio entrerriano.  

Al día de hoy, en la provincia, permanece vigente una Ley de Plaguicidas que data de 1995, modificada por sucesivos decretos. Es decir, se controla y regulan actividades en torno a agroquímicos con la perspectiva productiva de hace más de 25 años. En ese contexto, es natural que estemos hablando de una norma que ha quedado desactualizada y que no se ajusta no sólo a la forma de producir en la actualidad, sino que además a una temática que ha ido ganando cuerpo en el último tiempo: los efectos devastadores del uso de agroquímicos en la salud de la población. De hecho, como consecuencia de reiterados hechos, se han conformado entidades dedicadas a la visibilización de la problemática y hasta cobró vida una red de escuelas que fueron fumigadas.  

A lo largo de los años decenas de iniciativas se han debatido, pero pocas han tenido el respaldo político necesario para concretarse. Lo más cerca de ser realidad tuvo lugar en 2018, cuando el Senado, con amplio consenso, aprobó una ley que actualizaba los estándares en torno a la fumigación y el uso de fitosanitarios. Sin embargo, en la Cámara de Diputados no prosperó. El encargado de frenar el proyecto fue el propio presidente del cuerpo en aquel momento, Sergio Urribarri. El exgobernador señaló que la norma «relativizaba» los efectos de los productos usados en el campo en la salud de la gente. Por tal motivo, desató la furia de la Mesa de Enlace y de Cambiemos, que salieron al cruce del entonces diputado asegurando que protagonizaba una «cruzada anti-campo», comparando su actitud con el respaldo incondicional a la Resolución 125 de 2008, durante su primer mandato al frente del Poder Ejecutivo y en consonancia con las políticas de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Otros leyeron un round dentro de la interna mantenida con el gobernador Gustavo Bordet, que dividió las aguas en el pejotismo entrerriano. 

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