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EL FISCAL VIANA DEMUESTRA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ARATIRÍ -2ºa. Parte-

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY:
CONTRATO DE INVERSION
Y DECONSTRUCCION
DE LA SOBERANIA NACIONAL Y DE LA REPUBLICA.
7. La ley de Minería de Gran Porte o ley Aratirí, 19.126, legítima los Contratos de Inversión, bajo el nombre de Contratos de Explotación o Contratos de Minería de Gran Porte. Lo hace al mismo tiempo que se está negociando entre el Poder Ejecutivo y la Corporación Anacional Privada ZAMIN FERROUS o ARATIRI un Contrato de Inversión. Ya esa negociación ha determinado la existencia de la ley aquí impugnada por inconstitucional.
Adviértase la mutua convalidación lograda: de la negociación del Contrato de Inversión entre el Poder Ejecutivo y ARATIRÍ nace la ley 19.126, y, a su vez, la ley 19.126 da vida a dicho Contrato de Inversión. Por algo, a los Contratos de Inversión se los llama Contratos-ley.
Sabido es que los Contratos de Inversión o Contratos-ley o Contratos de Estado (State Contracts), -como también se los denomina-, son contrarios a la Soberanía Nacional y a la cualidad de República de un Estado; colisionan abiertamente con los arts. 1º a 4º y 82 de la Constitución de la República.
Pues bien, esta ley 19.126 los encarta, por primera vez, en el ordenamiento legal nacional. Introduce legislativamente el germen de la deconstrucción del Estado Soberano y Republicano.
7.1. Cuando GUSTAVO ANTONIO GOMEZ, Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Argentina, enseña acerca del gran negocio de la contaminación y de que en la fórmula econométrica de las empresas, la variable de ajuste ya no es el trabajo o el salario como lo era hace cuarenta años atrás, sino que hoy es la contaminación, y que a más contaminación, más ganancias, a más ganancias, mayor capital de inversión, a mayor capital, mayor corrupción y a mayor corrupción, mayor impunidad, no hace otra cosa que describir la ecuación que da razón al arribo de las conocidas industrias sucias a nuestras latitudes (GOMEZ, GUSTAVO ANTONIO – SI CONOCE UN DELITO AMBIENTAL DENUNCIELO, NO SEA COMPLICE, en www.fiscaliagraltucuman.gov.ar \\ EL NEGOCIO DE LA CONTAMINACION, entrevista que le fuera realizada en Diario La Juventud, de 18 de mayo de 2010, pág. 8).
La actividad de la mega-minería a cielo abierto o Minería de Gran Porte integra aquel elenco industrias sucias que vienen siendo empujadas por el aumento gradual y metódico de las exigencias ambientales reguladas por la Comunidad Europea. Es esa misma Europa que se desarrolló en el pasado a costo de un grave pasivo ambiental. Es esa misma Europa que, habiendo arribado a ese grado de desarrollo y sin querer perderlo, no quiere más atmósferas, aguas y suelos contaminados, y que, entonces, facilita la huida de sus industrias contaminantes hacia los países subdesarrollados, el patio trasero. Para que dicha fuga hacia el patio trasero pudiera concretarse fue necesario elaborar, como parte de una sofisticada ingeniería jurídica, una estratagema, un vehículo que permitiera una colonización no bélica. Se construyó una neocolonización que resultara consentida por parte de aquellos países subdesarrollados que resultan asignados para cumplir con esa condición de patio trasero. Para el éxito de dicha estrategia era imprescindible mantener y, de ser posible, superar los niveles de lucro de las Corporaciones a cargo de esas industrias sucias, procurando que el traslado a estas latitudes les resultara atractivo, y, concomitantemente, sin provocar pérdidas en los niveles sociales de desarrollo de los países desde donde provenían. Ese hábil vehículo de colonización consentida han sido los Tratados con más los Contratos de Inversión. Aseguran, al unísono, el traslado del pasivo ambiental fuera de Europa, la exoneración tributaria en los países subdesarrollados donde se asienta el mismo y el mantenimiento de la tributación respectiva en los países desarrollados de origen. Negocio redondo para unos, desastre asegurado para otros.
No casualmente las industrias sucias, como la que patrocina ARATIRI, la de la mega-minería a cielo abierto, exigen como conditio sine qua non para instalarse en el territorio nacional la suscripción de Tratados y Contratos de Inversión. Vale decir, los Contratos de Inversión favorecen la llegada de las industrias con un alto cuestionamiento ambiental en los propios países de los cuales provienen. Existe un vínculo indisoluble entre la llegada de las industrias sucias a los países subdesarrollados y los Contratos de Inversión; sólo se negocian Contratos de Inversión cuando de industrias sucias se trata.
Y a no alarmarse, pues ya LAWRENCE SUMMERS, en su famoso Informe para el Banco Mundial, de 12 de diciembre de 2001, describía las ventajas de incentivar la migración de las industrias sucias a los países subdesarrollados (Ver Informe Summers, en Wikipedia). Y Uruguay reúne al menos dos de las ventajas destacadas en dicho Informe: escasa población y baja remuneración de sus trabajadores, lo que redundaba en montos reparatorios irrisorios a la hora de reclamos ambientales o por afectación de la salud pública a consecuencia de la operativa de las industrias contaminantes provenientes de Europa. Muy probablemente, en conocimiento de este Informe, en clara admonición, poco después se pronunciaba el Dr. TABARE VAZQUEZ, en su discurso en Minas de Corrales, en ocasión del Día del Medio Ambiente, el 5 de junio de 2004: “Y lo otro que produce la destrucción del medio ambiente es (…) la producción de determinados elementos que el mundo desarrollado sabe que producen destrucción del medio ambiente y entonces para no destruir su medio ambiente y sabiendo de las necesidades de los países más pobres con su gente empobrecida nos traen acá inversiones en industrias que destruyen el medio ambiente que es nuestro, porque ellos no quieren destruir su medio ambiente” (Fuente: Montevideo/Uruguay-13.05.06-Comcosur al día).
Que una ley como la 19.126 haya incorporado a los Contratos de Inversión al ordenamiento jurídico nacional importa que el Uruguay y su ciudadanía se enfrenten a tres interrogantes cruciales: (I) ¿QUÉ PASA CUANDO UN ESTADO NACION DEJA DE SERLO?; (II) ¿QUÉ SUCEDE CUANDO CIERTAS CORPORACIONES ANACIONALES PRIVADAS SE CONVIERTEN EN NUEVOS SEÑORES FEUDALES QUE PACTAN CON EL ESTADO COMO SI FUERA UNO MAS?; y (III) ¿QUÉ HACER, CUANDO EL ESTADO RENUNCIA A SER EL ESCUDO PROTECTOR DE LOS INTERESES GENERALES PARA PASAR A PROTEGER DETERMINADOS INTERESES PRIVADOS A LOS QUE SE ASOCIA, Y EL CIUDADANO DE A PIE QUEDA EN LA INDEFENSIÓN?
En tal sentido, hace tiempo una gran voz de alerta fue dictada por el egregio constitucionalista argentino GERMAN BIDART CAMPOS:
«Impedir que la economía trasnacionalizada despoje al Estado de su capacidad de reaccionar para supervisar y controlar y, a la inversa, fortalecer las competencias estaduales para regular la irrupción en el mercado interno desde el propio Derecho Constitucional, es difícil, pero no imposible. Si el colapso que los condicionamientos provenientes de un poder económico multinacionalizado es capaz de significar para la política interna e internacional del Estado no consigue superarse, el espacio de la política socio-económica del Estado quedara acotado en desmedro de derechos primarios de los seres humanos, arrasados por el furor lucrativo y transgresor de la globalización económica. Habrá que rescatar, aunque cueste, la noción básica de que en cada Estado democrático, y en todos, la economía, la hacienda pública, la actividad financiera, y los particulares que operan en sus áreas deben subordinarse solidariamente a una inesquivable finalidad pública: hacer efectivos los derechos y las instituciones de la Constitución» (BIDART CAMPOS, GERMAN J. – LA CONSTITUCION QUE DURA, Ediar, 2004, págs. 203-204).
La clave para impedir esta neotérica sumisión, emprendida ya no por Estados sino por intereses privados sin nacionalidad o sin patria, anacionales, a veces disfrazados de Estado, está en hacer efectivos los derechos y las instituciones de la Constitución. O sea, a ese poder privado anacional sólo se lo frena con República, vale decir, con res publicae. Res publicae, que, en lo interno, es causa pública, orden público, interés general de la Nación, y, en lo externo, se llama Soberanía.
7.2. Con la previsión de los Contratos de Inversión o de Minería de Gran Porte, la ley Aratirí, 19.126 (§ 23 y ss), verifica un doble quebrantamiento de la Constitución de la República.
Por un lado, objetivo: autoriza a negociar con un Derecho innegociable como es el Derecho de la Constitución de la República. Y por otro, subjetivo, por cuanto la consecuente affectio societatis perseguida emplaza al Estado en una tan inconciliable como antijurídica posición de Juez y Parte frente al emprendimiento mega-minero que patrocina la Corporación Anacional ZAMIN FERROUS o ARATIRI; dependencia, subordinación y condicionamiento que tornan absolutamente tachables de parciales, ergo inconfiables, todas las actuaciones estatales al respecto.
En primer lugar, se ven seriamente conmovidos los conceptos de República y de Soberanía Nacional. El abandono de soberanía que entraña un Contrato de Inversión conduce, inexorablemente, a que el Estado deje de ser independiente, a su deconstrucción como tal, mutándolo en una mera cáscara o apariencia, o convirtiéndolo en un simple fenómeno de ventriloquia (síndrome de Mr. Chasman y Chirolita). Va de suyo, entonces, que la antijuridicidad o ilicitud de estos Contratos de Inversión refiere nada menos que a la violación del orden público constitucional.
Y en segundo término, surge una suerte de asociación, no clandestina, y, por esa razón, aparentemente legítima, pero contraria a los deberes fundamentales previstos en la Constitución de la República y atribuidos a la Administración Pública. Tal antijurídica asociación es entre la mismísima Administración Pública y ciertas Corporaciones Anacionales que se comportan como verdaderas agencias de Poder privado. La aducida motivación de tal asociación, manifiestamente reconocida, es la imperiosa necesidad o la prioridad absoluta de atraer inversiones extranjeras cual motor para promover el desarrollo económico de un país. Desnudo, o despojado de otras consideraciones, el dilema se centra en saber si la invocación de esa imperiosa necesidad puede abolir con validez la Constitución de la República. Plantear el dilema es resolverlo. «Nemo ius publicum remittere potest», decía ULPIANO. Nadie puede dispensar el orden público. O sea, no puede obrarse por debajo o al margen del orden público constitucional establecido. En un Estado republicano y soberano, debe acatarse su verticalidad; toda horizontalidad (negociación) que lo desconozca, cae; por antijurídica, deviene inválida. No hay necesidad imperiosa que tenga más imperio que el orden público constitucional; no hay prioridad absoluta mayor que el interés general reconocido en una Constitución. De obrarse en sentido contrario, deberá deducirse que ese orden público constitucional está siendo vulnerado, y que lo obrado en tal sentido, es de ningún valor. Adviértase que el orden público constitucional rige para gobernantes y gobernados. Cuando la Administración Pública ha sido encargada de cometidos esencialmente policiales o de control, de orden público, al margen de toda posibilidad dispositiva por parte de gobernantes y gobernados, la confusión o conjunción de roles o de prerrogativas puede resultar fatal para la vigencia del Derecho Ambiental. Si el agente, al que se confía la policía y el control administrativo, cede en cumplir o hacer cumplir tal cometido esencial, y porque conjuga otros intereses que le son extraños, entonces, el bien público protegido queda en indefensión. La confusión o conjunción de intereses públicos y privados hace desaparecer a los primeros. En función de esa confusión o conjunción de intereses públicos y privados, la Administración Pública, pospone u omite los deberes fundamentales asignados por la Constitución de la República; y, directamente, no está en condiciones de ejercerlos y hacerlos cumplir. Y basta con un obrar deficitario, insuficiente o imprudente de la Administración para que así ocurra. El orden público constitucional,  al igual que la Soberanía es indivisible. No admite parcelamientos, daciones o cesiones. O se cumple y se hace cumplir con todo su vigor, o no se cumple, y de esa manera, el bien público protegido queda desvalido. No hay medias tintas. No hay espacio, por tanto, para la negociación con intereses privados.
Al tiempo que la Administración Pública, por mandatos constitucionales está obligada de un modo irrenunciable al cumplimiento de ciertos deberes fundamentales, vale decir, por encima y con preeminencia sobre los intereses particulares, con la previsión del Contrato de Inversión en la ley de Minería de Gran Porte, se habilita la co-operación en la gestoría para la instalación de la Corporación Anacional ARATIRÍ en el territorio nacional, facilitándole y asegurándole su admisión y establecimiento. Se pierde, así, toda imparcialidad u objetividad imprescindible para rechazarla. Quien se asocia a una actividad, indudablemente no está en condiciones de poder evaluarla, de un modo autónomo o independiente y sin compromisos, lógicamente, porque los compromisos y dependencias han precedido a la labor de evaluación, predisponiéndola. Si dos sujetos son socios son uno en el propósito o finalidad que los liga o aúna. Obran bajo la unanimidad o el consenso. Entonces, así, como no se puede ser, al mismo tiempo, Juez y parte, tampoco se puede ser co-interesado en y policía de una misma actividad. Constitucionalmente, el Poder Administrador tiene asignados una serie de deberes fundamentales. Por un Contrato de Inversión, negocia seguridades, renuncias, salvaguardas, privilegios y prebendas a favor de una Corporación Anacional Privada ¿Qué objetividad o imparcialidad en el cumplimiento de aquellos deberes fundamentales puede esperarse ante tamaña incompatibilidad de conductas funcionales? Ninguna. Incompatibles son aquellas situaciones que se excluyen o repelen. Funciones que no pueden unirse, ni concurrir juntamente en una misma persona, ni ejecutarse simultáneamente por una misma persona. Toda incompatibilidad entraña la cohabitación imposible o insoportable. La sola constatación de un afán o un propósito por captar inversiones industriales, que exhiba cierta Administración Pública, no permite confiar a la misma aquel quehacer destinado a buscar el acatamiento de los rigores que el orden público constitucional demanda. Quien capta, razonablemente, lo hace predispuesto para decir si y porque lo motiva querer que el otro (a quien quiere captar) también diga si. Es obvio, que, entonces, no lo hace para decir no, y consabido es que todo orden público (inderogable por acuerdos de partes y constituido por normas prohibitivas), de modo inevitable, exige estar dispuesto a decir no. En puridad, si todo quehacer policial en un Estado Republicano se sostiene sobre el presupuesto de la objetividad o imparcialidad para llevarlo a cabo, quien carezca del mismo, no podrá o no estará en condiciones de controlar seriamente. Si pese a ello, si careciendo de imparcialidad u objetividad, igualmente, la Administración se aboca al quehacer policial, lo hará de un modo ilusivo, menoscabando, así, la cualidad republicana del Estado.
7.3. Al autorizar el Contrato de Inversión, que denomina Contrato de Explotación o de Minería de Gran Porte, la ley 19.126 (§ 23 y ss.), habilita la sumisión del Poder estatal al poder de una Corporación Anacional Privada.
La causa de todo Contrato de Inversión es la sujeción o subordinación del poder estatal al poder de una empresa privada. De allí su ilicitud. De allí su anticonstitucionalidad.
Se trata de una sumisión no producto de la fuerza, sino del sometimiento voluntario del Poder Ejecutivo, en nombre del Estado, a un vínculo contractual y por el cual se determinan sendas renuncias a cumplir con su rol de autoridad, por ende, consiste en un conjunto de abdicaciones al ejercicio de su jus imperium en lo que es materia del mismo.
Aunque voluntario y consentido, de cualquier modo, ese sometimiento, es ilícito por inconstitucional.
La Soberanía es la capacidad del Estado para determinarse de un modo autónomo jurídicamente. De aquí que el Estado soberano es el único que puede, dentro de las limitaciones que a si mismo se haya puesto, ordenar, de una manera plenamente libre, el campo de su actividad. El determinarse u obligarse por propia voluntad es, por tanto, la característica de todo poder autónomo de dominación. El Estado no soberano es aquel cuyo poder se halla limitado o subordinado por otro poder superior. La Soberanía es una e indivisible: la división crearía dos o más Soberanías, terminando con la que hasta entonces existiera. Es absoluta: no admite escalas o grados. Es perenne e imprescriptible: no se concibe condicionada ni a término. Es excluyente: donde una Soberanía tiene existencia y consiguiente aplicación, está desalojada toda otra Soberanía, y, por lo mismo, en la jurisdicción de un Estado no cabe la jurisdicción de otro. Por lo tanto, es inalienable (JELLINEK, GEORGE – TEORIA GENERAL DEL ESTADO, 1905, 2ª edic. traducida, edit. BdeF, Montevideo- Buenos Aires, 2005,págs. 565, 612, 613 \\ BIDART CAMPOS, GERMAN J. – TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL ARGENTINO, Ediar, Buenos Aires, 1995, T. I, pág. 233 \\ DE VEDIA, AGUSTIN – DERECHOS CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO – INSTITUCIONES DE DERECHO PUBLICO, Ediciones Macchi, 6ª edic., Buenos Aires, 1984, págs. 32-33).
La República es la comunidad política organizada sobre la base de la igualdad, cuyo gobierno es simple agente o mandatario del Pueblo, pues en éste reside la Soberanía (DE VEDIA, ob. cit., pág. 107).
¿ES JUSTIFICABLE QUE PARA QUE UN ESTADO (SUPUESTAMENTE) SE DESARROLLE TENGA QUE ENTREGAR SU SOBERANÍA Y SU CALIDAD DE REPÚBLICA COMO SI FUESE UNA MERCANCIA O MONEDA DE TRUEQUE?
Cuando el Estado abdica de sus poderes, para pasar a proteger determinados intereses privados lucrativos, lo menos que puede decirse es que deja de ser una República, y, con ello, irremediablemente, el resto de sus habitantes pasan a ser ciudadanos de segunda o súbditos, en la indefensión más absoluta ante esos intereses privados lucrativos cuidados a la medida y privilegiados. Si el Estado moderno debe funcionar como el escudo protector de todos los habitantes de la República, pero resulta que, Contrato de Inversión mediante, ese escudo se da vuelta porque pasa a ser arrendado para proteger a ciertos individuos y sus poderosos intereses económicos, entonces, sin más, el resto de los habitantes de la República quedarán en la intemperie y a merced de cualquier arbitrariedad.
Con la previsión legal de un Contrato de Inversión, se autoriza al Poder Ejecutivo a que, en nombre de la República Oriental del Uruguay, se pueda auto-restringir como Estado, a que pueda despojarse de su supremacía, es decir, a que se pueda condicionar a si mismo y también condicionar a los Poderes Legislativo y Judicial, ya no en beneficio de otro Estado, lo que sería gravísimo, sino en función de favorecer a ciertos intereses lucrativos de una empresa privada extranjera, lo cual deviene de igual o de mayor gravedad aún, todo para terminar confiriéndole a ésta prerrogativas, privilegios o prebendas de neto corte feudal. Intolerable. Nada más oprobioso para una República y para a un Estado Soberano que se digne de tal.
Por todo Contrato de Inversión se pretende arbitrar una específica y excepcional seguridad jurídica. Se procura una seguridad o estabilidad jurídica selectiva, clasista o feudal, y que sólo se provee para cierta Corporación Anacional Privada. Se concede una seguridad jurídica que, además de vulnerar la esencia de un Estado republicano (§ 1º a § 4 y §82), es violatoria del también republicano axioma de igualad ante la ley (§ 8º y § 9º Const.). A esa seguridad jurídica, selectiva o feudal, es lo que algunos denominan blindaje.
El concepto de seguridad es como el de libertad. Cuando se les da en demasía a unos inevitablemente se les quita en demasía a otros. Por tanto, el otorgamiento de seguridades, garantías o estabilidades especiales a una Corporación Anacional Privada como ARATIRI, conlleva a la inseguridad, a la ausencia de garantías e inestabilidad del resto de los habitantes de la República. Y la ley 19.126 es claro ejemplo de ello. La exorbitante tutela de una industria sucia como la mega-minería a cielo abierto, inevitablemente provoca el menoscabo de la protección ambiental, y pese a que ésta ha sido constitucionalmente declarara de interés general (§ 47), es decir, de orden público, por encima de intereses privados y no negociable.
Al prever el Contrato de Minería de Gran Porte, la ley 19.126 vuelve a evadir el ámbito de la norma general y abstracta, propia de una República y de una Democracia, y de un Parlamento o Poder Legislativo representante de la voluntad soberana de una Nación, -como ya explicó. Y se lo hace premeditadamente. Se lo hace para ingresar, Contrato mediante, y todavía en la clandestinidad, bajo cláusulas de confidencialidad, a los subterfugios de las islas normativas singulares, de los estados excepcionales, de los privilegios y las prebendas, de los estatutos feudales, de las normas a la medida o con nombre y apellido. Renacen así los antiguos mayorazgos, sabiamente prohibidos desde 1830 en la Constitución de la República (§ 9º). Pero, esta vez, los viejos privilegios feudales no están relacionados con los derechos de sangre o títulos hereditarios o nobiliarios, sino que operan en beneficio del poder real económico-financiero de ciertas Corporaciones Privadas extranjeras, convertidas, de este modo, en nuevos Señores Feudales. No se está ante una mera distorsión de una suerte de igualdad distributiva. Es la directa vulneración del principio de igualdad ante la ley (§ 8º), y por la cual aquellos más poderosos económicamente, y por esa sola causa, devienen favorecidos con un estatuto jurídico especial, por obra y gracia de una concesión contractual del Poder Ejecutivo. Se le otorgan seguridades jurídicas a una Corporación Privada; seguridades jurídicas, exclusivas o monopólicas, y en detrimento de la seguridad del resto de la ciudadanía; todo lo opuesto a una República y a una Democracia.
Como bien lo explica MARIA JOSE FARIÑAS: “pretende ser una forma de globalización jurídica, pero no consigue ser un nuevo derecho universal. Representan más bien, el derecho de los nuevos señores feudales (que son ahora las empresas trasnacionales) o de las nuevas burocracias privadas del comercio mundial, que están  consiguiendo imponer mundialmente sus propias normas jurídicas de autorregulación (…) lo que encontramos son simple y llanamente privilegios y derechos particulares y personales, impuestos por las empresas trasnacionales, que recuerdan más a los status medievales de privilegios feudales, que a una estructura jurídica moderna, caracterizada por la generalidad, la abstracción y la igualdad formal ante la ley” (FARIÑAS, MARIA JOSE – MERCADO SIN CIUDADANIA, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, pág. 147).
7.4. Y la propia ley 19.126 prevé todas las notas que definen al Contrato de Inversión como un contrato antirrepublicano, que corrompe a los tres Poderes del Estado.
7.4.1. En congruencia con ser una ley singular, a la medida o con nombre y apellido, y en consonancia con su finalidad de ser una prescripción para la concesión de prebendas y privilegios, la ley Aratirí solo prevé la modalidad de la negociación directa (§ 24).
Elude, así, el axioma de transparencia administrativa conocido como principio de la licitación pública (§ 33 TOCAF, § 20 y ss. Ley Anticorrupción, 17.060, de 23/XII/1998), y de neta raíz constitucional, conforme a los artículos 8º, 9º, 58 y 59 y 72 de la Ley Fundamental.
Los funcionarios públicos están al servicio de la Nación y el funcionario público existe para la función pública y no la función pública para el funcionario, -preceptúa la Constitución de la República.
La exigencia de la licitación pública en materia de contratos del Estado acude a evitar precisamente las preferencias indebidas por un contratante privado, siendo un obstáculo eficiente para la corrupción de los funcionarios públicos. Publicidad adecuada, máxima concurrencia de ofertas, mejor comparación, precio y ofertas, equilibrio contractual, igualdad y buena fe, imparcialidad y objetividad estatal, control público, seguridad jurídica, interés público, prevención de la corrupción, moralidad, son exigencias de razonabilidad que impone la Constitución de la República en materia de contratación del Estado: se trata de una garantía que deriva de la forma republicana de gobierno (§ 72). La licitación pública las cumple. La negociación directa de un Contrato de Minería de Gran Porte no las cumple.
Adviértase que así lo reconoce la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de Mérida, México, del 9 al 11 de diciembre de 2003 (§ 9º), ratificada por la Ley 18.056, de 20 de noviembre de 2006.
7.4.2. Por la ley 19.126, en típica característica de los antirrepublicanos Contratos de Inversión, se prevén tanto una negociación como un Contrato resultante confidenciales o secretos (§ 24, § 25, § 26).
Es decir, ya no sólo el Contrato de Minería de Gran Porte no va precedido de la transparencia y ética públicas que significa una licitación pública, sino que, encima, es negociado y finalmente acordado a escondidas, a espaldas del Pueblo, en la opacidad. Se obstruye de este modo el acceso ciudadano a un Contrato en el cual el Estado es parte.
Sabido es por qué los Contratos de Inversión son secretos y confidenciales.     Avergüenzan.
Suponen el condicionamiento de la voluntad de los tres Poderes del Estado, -como se verá continuación. Son la deconstrucción del Estado Soberano y de su cualidad de República ante el poder anacional de una empresa privada; ergo, no pueden ser divulgados abiertamente, deben quedar circunscriptos a ámbitos reservados, ajenos al Pueblo. Por tanto, los Contratos de Inversión también son antidemocráticos. Eso sí, su confidencialidad no mengua su exorbitante fuerza vinculante: rompen al mismo tiempo la Pirámide del KELSEN y la Separación de Poderes de MONTESQUIEU, en razón de que valen por encima de la Constitución de la República. Son antirrepublicanos. Por eso son secretos.
7.4.3. La ley Aratirí prevé que el Contrato de Explotación tendrá las inconstitucionales cláusulas de congelamiento del Derecho, -típicas de todo Contrato de Inversión.
Con el Contrato de Minería de Gran Porte, la ley 19.126 estableció un blindaje que le asegura el mayor de los privilegios a una Corporación Anacional Privada como ARATIRÍ: la inalterabilidad de su estatuto legal especial ante la legislación futura.
Se estipula un mecanismo de renegociación del Contrato de Explotación, por el cual cualquier modificación provocada por el Estado que altere significativamente la ecuación económico-financiera resultante del Contrato al tiempo de su celebración le otorgará a la Corporación Anacional Privada contratante el derecho a renegociar o de reclamar compensaciones o indemnizaciones (§ 30, § 31, § 33).
Se crea así un verdadero estatuto feudal a favor de la Corporación Anacional Privada, que no puede ser modificado por el Estado, salvo que el Estado se someta a una renegociación del Contrato. Se condiciona la voluntad estatal. Por ello, a estos Contratos de Inversión, doctrinariamente, se los llama Contratos-ley, porque siendo meros compromisos en una relación sinalagmática, sin embargo, pretenden valer como una ley, aunque, en puridad, sus disposiciones, al amparo de una suerte de ultra-actividad legislativa, pretenden valer mucho más que una ley, como una súper-ley. Se trata de un Contrato que pretende valer como una ley pero que no puede ser modificada por una verdadera ley posterior. Y tales compromisos sinalagmáticos pretenden valer como una ley por la sencilla razón de que van a ser otorgados por el Poder Ejecutivo en nombre de la República Oriental del Uruguay. Se cercena a futuro el poder de legislar del Estado. Se contraviene la esencia de la Democracia: la Soberanía Legislativa.
A este tipo de cercenamiento de la Soberanía Legislativa se lo conoce como la cláusula del Congelamiento del Derecho. Por esta razón, la doctrina extranjera denomina a los Contratos de Inversión como convenios de estabilidad o de blindaje jurídico, porque el compromiso más importante que alcanzan de parte del Gobierno de turno consiste en mantener cierto régimen legal inalterable o inmodificable, ya sea que refiera a los tributos como a las exigencias ambientales, en materia de salud pública, etc.. Inalterabilidad frente a la contingencia de las leyes, -se dice en un intento fallido por justificar esta práctica antirrepublicana y antidemocrática.
Se impide la dación de normas imperativas que modifiquen los términos del Contrato. Se elimina el jus imperium propio de una Nación Soberana a través de su Parlamento. Se lo hace consintiendo una obligación negativa, de no hacer, una renuncia o abstención, de no legislar contra los intereses económico-financieros de una Corporación Anacional Privada. Se abdica de lo irrenunciable, se renuncia a la Soberanía Legislativa. Hasta la propia ONU reconoce que estas cláusulas, que llama de estabilización, coartan la Soberanía Legislativa del país receptor de la inversión (NACIONES UNIDAS – CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO – CONTRATOS DE ESTADO, Nueva York y Ginebra, 2004, Impreso en Suiza, pág. 23).
A partir de este Contrato de Explotación, previsto en la ley 19.126, a la hora de legislar, el Legislador habrá de tener cuidado de no ocasionar perjuicios a la ecuación económica de ARATIRI. O, lo que es peor, si la nueva Ley causa perjuicios a la ecuación económica de ARATIRI, habrá que recompensarla; es decir, si se legisla o para legislar en contra los intereses de ARATIRI  habrá que pagarle un precio. El mercantilismo en su máxima expresión: la Ley ha sido convertida en un bien negociable. Con la ley 19.126, mediante la previsión de un Contrato de Inversión se  le ha otorgado a la Corporación Anacional ARATIRI un crédito pecuniario contra la República Oriental del Uruguay si una Ley futura le perjudica su ecuación lucrativa.
Los Contratos de Inversión están inspirados en los contratos de las empresas petroleras norteamericanas en su explotación de hidrocarburos en México y América Central. Otro de sus orígenes es la extracción minera en Chile y Perú. Y ese así que en el país de la extracción del oro y otros metales preciosos, impuesta a sangre desde los tiempos del Conquistador Pizarro, estos Contratos se encuentran previstos en el Código Civil desde 1984 y en la Constitución desde 1993. Léanse los arts. 1357 del Código Civil peruano y 62 de la Constitución Política del Perú. Eso sí, más allá de la hipótesis de tener normas inconstitucionales dentro de la propia Constitución, el ejemplo de Perú, país de triste tradición en la explotación minera, con graves consecuencias sociales y políticas, es elocuente porque allí se llegó a tomar la previsión de incorporar esos preceptos, que admiten los Contratos de Inversión, contratos-ley los llaman en sendos textos legal y constitucional. Y a mayor abundamiento de lo que significan en el Perú estos Contratos, consúltense las siguientes monografías: “CONSTITUCION, PRIVATIZACION Y SERVICIOS PÚBLICOS – El blindaje jurídico que protege a los contratos-ley en el Perú”, de JORGE SANTIESTEVAN DE NORIEGA; “LA NECESIDAD DE LOS CONVENIOS DE ESTABILIDAD PARA LA INVERSION MINERA: UN CASO ESPECIFICO. LAS REGALIAS MINERAS”, de ANTONIO PINILLA CISNEROS; y “ALGUNAS CONSIDERACIONES DE LOS DENOMINADOS CONTRATOS LEY”, de JORGE A. PEREZ LOPEZ.
Y el ejemplo de Perú es muy ilustrativo, porque en el Uruguay tal modalidad de contratación no es admitida gracias al Derecho Constitucional Patrio vigente, aún. Por ello, en el texto de la Constitución seguimos siendo una República, una Nación Soberana y un Estado independiente de todo poder extranjero y que no será patrimonio de  personas. No acontece lo mismo con esta ley 19.126. De allí que, justamente, en esta causa, se venga a pedir inconstitucionalidad.
7.4.4. Junto a la comentada a la previsión de la cláusula de estabilización o de blindaje o de Congelamiento del Derecho, en la ley 19.126 se consagran otras previsiones anticonstitucionales muy propias de los Contratos de Inversión.
Para reforzar la posición de la Corporación Anacional Privada ante el Estado, se prevé la claúsula de prórroga de jurisdicción, bajo el nombre de mecanismo de solución de controversias (§ 30) De esta manera, para el caso de conflicto con el Estado en todo lo que versa el Contrato de Inversión, se habilita el apartamiento del Juez Nacional y del Derecho Nacional.
Tamaño privilegio es propio de un verdadero Sr. Feudal: ¿Qué justiciable no quisiera tener la posibilidad anticipada de poder elegir el Derecho aplicable y el Juez para cuando un litigio lo enfrentara con el Estado? Pues bien, ARATIRI lo tiene asegurado merced a la ley 19.126.
Se trata de una cláusula de arbitraje o de elección del foro, muy específica, a favor de una empresa privada extranjera. Amén de objetivamente substituir al Poder Judicial de la República Oriental del Uruguay como tal por un arbitraje privado y en beneficio de una empresa privada, su previsión significa un subjetivo menosprecio por la imparcialidad de la Justicia uruguaya. Se engendra una fuga de la Justicia Nacional en privilegio de una empresa privada extranjera. Con ello, también se engendró una fuga del Derecho Nacional en privilegio de una empresa privada extranjera.
En cuanto a la inconstitucionalidad de la prórroga de jurisdicción arbitrada por el Estado en favor de una empresa privada, sigue teniendo plena vigencia lo que dijo el Poder Ejecutivo del año 1965, a través de la Resolución Nº 558/965, de 10 de junio de 1965.
“1º) Que la Constitución de la República no permite aceptar otros Tribunales que no sean los nacionales para juzgar la jurisdicidad de los actos del Estado en el orden interno, ni aceptar otras leyes que no sean las del país para regular las relaciones o situaciones jurídicas que se operen o concreten en su territorio. 2º) Que asimismo establece la igualdad de las personas ante la ley, sin admitir más distinciones que la derivada de los talentos o virtudes. Por imperio de dichos textos en nuestro país tanto los inversionistas locales como los extranjeros son tratados en un absoluto pie de igualdad. El proyecto de Convenio, por el contrario, colocaría en una situación particular a los inversionistas extranjeros al crearles para éstos, un estatuto especial. 3º) Que el arbitraje aparece especialmente previsto en nuestra carta constitucional como procedimiento indicado para solucionar los conflictos que surjan entre los Estados pero no para la solución de diferencias entre el Estado y personas particulares. 4º) Que asimismo la Constitución uruguaya asegura la independencia del Poder Judicial de todo otro poder político. Lo cual, unido a la clásica estabilidad institucional de nuestro país y a la tecnificación de ese Poder Judicial circunstancias estas que por notorias nos eximirían de todo tipo de probanzas, constituyen verdaderas garantías de imparcialidad, y justicia para todo particular, ya sea nacional o extranjero, que tenga que someter a la decisión de nuestros jueces un conflicto con el Estado uruguayo” (Al ratificar el voto desfavorable emitido por la Delegación del Uruguay en la Asamblea de Gobernadores del BIRF realizada en Tokio (1964) en relación con el Convenio sobre: el texto del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el BIRF que constituye un mecanismo de conciliación y arbitraje para solucionar posibles disputas relativas a inversiones que se susciten entre los Estados miembros de dicho Banco y los inversores privados de otros países  – Consejo Nacional de Gobierno: WASHINGTON BELTRAN, ALBERTO HEBER USHER, CARLOS MARIA PENADES, HECTOR LORENZO Y LOZADA, ALFREDO PUIG SPANGENBERG, OSCAR GESTIDO y ALBERTO ABDALA y AMILCAR VASCONCELLOS – REGISTRO NACIONAL DE LEYES, AÑO 1965, TOMO I, págs. 669-670).
A la luz de esta sabia decisión del Poder Ejecutivo de entonces, queda patente una grave confusión cuando se invoca la Constitución para justificar la prórroga de jurisdicción por compromiso arbitral. La Constitución sólo admite que el Estado puede proponer la cláusula arbitral en su relación con otros Estados (§ 6º), jamás con empresas privadas. Corporaciones Anacionales como ZAMIN FERROUS o ARATIRÍ pretenden, mediante Contratos como el previsto en la ley 19.126, convertirse en nuevos Sujetos de Derecho Internacional, en cuasi-estados. Es decir, con esa legalización de los Contratos de Inversión, se les confiere tal indebido status.
Obviamente, que este súper-privilegio refuerza el anterior de la cláusula de Congelamiento del Derecho. Si el Estado no lo indemnizara por aquella ley futura que ocasionare perjuicios a su ecuación económica, ARATIRI o su sucedáneo tendrá a su disposición la facultad de acudir al mecanismo de arbitrajes privados elegido en el Contrato de Explotación, y que aplica su propio Derecho Mercantil, Lex Mercatorum,  conjunto de axiomas de elaboración propia, que no tienen por qué tener en cuenta el Derecho Patrio del país receptor del emprendimiento inversionista en cuestión.
Muchos Estados subdesarrollados ya conocen amargamente de la experiencia de ser llamados y obligados a comparecer en litigios arbitrales ante el CIADI. Uruguay lo viene aprehendiendo en forma reciente con el archiconocido caso de PHILLIP MORRIS INTERNACIONAL, la tabacalera que nada menos que en materia de Salud Pública reniega de la aplicación del Derecho Nacional uruguayo y del juzgamiento por parte de los Jueces uruguayos, y, entonces, decidió acudir a resolver su disputa a tal mecanismo de arbitraje mercantil. Este conflicto ha dado lugar a que los Sres. Presidentes de la República, TABARE VAZQUEZ y JOSE MUJICA, lleguen a referirse a la presión chantajista de los monstruos. Pues bien, precisamente, la presión chantajista de los monstruos es consecuencia de eso: de la facultad que le viene a conceder la ley 19.126 a la Corporación Anacional Privada ARATIRÍ para evadirse de la aplicación del Derecho Nacional y de la jurisdicción del Poder Judicial Nacional.
La prorroga de jurisdicción a favor de un mecanismo privado de soluciones de controversias, prevista en la ley de Minería de Gran Porte, conduce a la elección o selección del Derecho (pactum de lege utenda o de electio juris). Y al facultarse la elección de un arbitraje privado, se autoriza la elección o selección de un Derecho no estatal, paralelo, privado, ajeno al Patrio o Nacional uruguayo, feudal. La Corporación Anacional Privada ZAMIN FERROUS o ARATIRÍ o sus sucesores consiguen, de esta forma, no encontrarse regidos por el Derecho Positivo Nacional uruguayo. Se estableció así un eslabón o enganche, propio de lo que se da en llamar ingeniería jurídica, que desplaza o substituye a la normativa nacional de la República Oriental del Uruguay aplicable, y en cuanto se refiere, nada menos, que a la interpretación y ejecución del Contrato de Minería de Gran Porte. Se la substituye por un Derecho Anacional Privado, una suerte de Derecho Feudal o Corporativo, que suplanta al Derecho Nacional o Patrio. Ese Derecho consiste en la llamada Lex Mercatorum, un Derecho Mercantil Privado, de creación privada, no estatal, que para nada tiene en consideración a los Derechos Patrios o Nacionales. Tampoco toma en consideración las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos ni las normativas jurídicas que refieren a la protección del medio ambiente, de la salud pública o de las relaciones de trabajo, -a modo de ejemplo.
Vale decir: por la ley 19.126 se autoriza la vigencia de un Derecho Paralelo, paraestatal, de fuente privada y extranjera, que suspende al Derecho Patrio y que regirá en el territorio nacional en exclusivo privilegio de una empresa privada extranjera.
Hasta la propia ONU reconoce la significación de la internacionalización provocado por los que llama indistintamente State Contracts, Contratos de Estado o Contratos de Inversión. “La internacionalización de los contratos de Estado se explica principalmente por la preocupación relativa a la imparcialidad de los tribunales nacionales y el objetivo de neutralizar la superioridad inherente de las instituciones de país receptor, habida cuenta de sus facultades soberanas legislativas en materia de derogación de los contratos y de injerencia en los mismos” (NACIONES UNIDAS – CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO – CONTRATOS DE ESTADO, Nueva York y Ginebra, 2004, Impreso en Suiza, pág. 5).
En buen romance: la internacionalización contenida indefectiblemente en todo Contrato de Inversión, y que es esencial a su ingeniería jurídica, consigue abolir la Soberanía Legislativa de los Estados que los suscriben. Entonces, solo cabe preguntar: ¿está dispuesto el Uruguay a abolir su Soberanía Legislativa? De ser así, habrá dejado de ser un Estado Nación, una República y una Democracia.
7.4.5. Y la ley de Minería de Gran Porte no se queda en las referidas cláusulas de Congelamiento del Derecho, de selección de un Derecho aplicable anacional y de prórroga hacia una jurisdicción arbitral privada internacional.
Prevé para el Contrato de Explotación las llamadas cláusulas de admisión y de establecimiento, es decir, aquellas que le aseguran la rápida y diligente concesión de un conjunto de permisos y autorizaciones administrativas para instalarse en el territorio nacional, con el camino allanado, sin obstáculos fácticos o jurídicos. Por la ley 19.126, se autoriza que en el Contrato de Explotación se estipulen beneficios fiscales, la realización de obras de infraestructura y la provisión de servicios (§ 30). Con la previsión de estas cláusulas, de lo que se abdica es de la debida y objetiva administración pública. La ley autoriza al Poder Ejecutivo o al Administrador a restringirse en su autoridad pública por obra de un Contrato. Se subjetiviza bajo los compromisos asumidos en un Contrato. Como ya se explicó, se vuelve socio del emprendimiento privado. Pierde la objetividad propia del control estatal, que se torna inconfiable. Se menoscaban la República y los intereses generales de la Nación.
La consagración del Contrato de Minería de Gran Porte en la ley Aratirí  la tipifica definitivamente como una previsión proteccionista de favor negotti o de favor inversionis. Se habilita una intervención estatal proteccionista,  selectiva, a favor o en beneficio exclusivo del negocio o de los intereses privados de una empresa privada inversionista. Al prever el Contrato de Inversión, ya no caben dudas que la finalidad de la ley es promover y hacer posible la actividad extractiva de la Corporación Anacional Privada ZAMIN FERROUS en el territorio de la República Oriental del Uruguay. Entonces, para lograr la inversión empresarial privada, desde ya  se comprometen una serie de conductas estatales futuras. La ley 19.126, con la previsión del Contrato de Explotación, supedita y somete determinadas conductas estatales futuras a la voluntad de una empresa privada. Vale decir: la razón de ser del Contrato de Inversión, previsto en esta ley 19.126, es condicionar, restringir y subordinar la voluntad política o de gobierno de los tres Poderes de la Republica Oriental del Uruguay a los intereses de una empresa privada.
Y lo enseña la ONU: “cuando un gobierno firma un contrato de inversión con un inversor privado, la admisión sobre la base de ese Contrato suele ser automática. Cabe, por cierto, esperar que el Estado Parte esté obligado a facilitar la concesión de la totalidad de las licencias, permisos y autorizaciones pertinentes, a fin de que la inversión se apruebe debidamente, de conformidad con la legislación nacional. Lo contrario podría constituir un incumplimiento del contrato de inversión” (CONTRATOS DE ESTADO, ob. cit., pág. 31).
Aquí ya no es solo que con las cláusulas de un Contrato de Inversión se conforma un compromiso de protección. La propia ley de Minería de Gran Porte es un compromiso de protección. Por ello, si se también se llama a los Contratos de Inversión como Contratos-ley, no hay más remedido que calificar a esta ley 19.126 como una ley contratada. Y allí precisamente se hace patente el concepto de blindaje. Con la ley 19.126 y el Contrato de Explotación que ella prevé, se habilita la estipulación de obligaciones de no hacer y de hacer a cargo del Estado, todas imbuidas del compromiso de blindar las rentas de la inversión, de manera de no obstaculizar el desarrollo de la misma, y favoreciéndose la concesión de las autorizaciones, licencias y privilegios necesarios para su realización. Compréndase, entonces, al tenor de la ley 19.126, el  valor aparente o teatral que tendrán todas las autorizaciones administrativas, referidas al proyecto ARATIRÍ, como, por ejemplo, la autorización ambiental previa, cuando se otorgan al mismo tiempo que se negocia un Contrato de Minería de Gran Porte con ARATIRÍ, por el cual el Ejecutivo, precisamente, se obliga a concederlas. Nada menos que el ejercicio de la autoridad  pública queda unidireccionalmente sometido, subordinado y condicionado a un acuerdo de partes con una Corporación Anacional Privada.
Enseña HERNANDEZ ZUBIZARRETA: “Son contratos blindados (…) las cláusulas de estabilización son mecanismos cerrados, nos transparentes y que dejan a las comunidades afectadas sin la información necesaria para evaluar los impactos de la actividad empresarial sobre los derechos humanos” (HERNANDEZ ZUBIZARRETA, JUAN – La feudalización del Derecho Corporativo Transnacional, en Uruguay ante el Ciadi y los Tratados de Protección de Inversiones, Redes- Amigos de la Tierra, Uruguay Sustentable, pág. 36).
7.5. Es la Constitución de la República que dispone que la República será siempre libre e independiente de todo poder extranjero, que jamás será patrimonio de personas, que la Soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, que la Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana, y que la soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral e indirectamente por los Poderes representativos que establece la Constitución conforme a las reglas expresadas en la misma (§1º, § 2º, § 3º, § 4º y § 82).
Se trata de preceptos de orden público, no dispensables, innegociables, fuera del comercio de los hombres. Es decir, jamás podrían ser causa u objeto de un negocio o contrato como acontece con el Contrato de Minería de Gran Porte. Se está ante un contratos con objeto y causa ilícita, moralmente imposible por contrario al orden público y por referir a las cosas o hechos que no están en el comercio de los hombres (§ 8, § 11, § 1261, § 1282, § 1284, § 1286, § 1286, § 1560 y § 1561 Código Civil).
Con la ley 19.126, se convierte a la Soberanía Nacional y a la República en simples mercancías, negociables o cedibles; he allí su inconstitucionalidad de mayor lesividad. Ya no sólo se desobedecen los mandatos del artículo 47 de la Constitución, se desarma o se deconstruye por entero el Estado Constitucional de Derecho.
Soberanía Nacional, República y Democracia o Neofeudalismo, ciudadanos o plebeyos: esas son las alternativas que están en juego con la ley Aratirí.
Se trata de evitar que una cosa, que no es un bien en el comercio de los hombres, como es el poder soberano o la autoridad suprema del Estado se transforme en una mercancía,  o sea, de impedir que se convierta en un objeto intercambio, a través de un Contrato, negociado con grupos de poder privado, y para conferirles a estos la capacidad de determinar el comportamiento del resto de los personas (BOBBIO, NORBERTO – TEORIA GENERAL DE LA POLITICA, Trotta, Madrid, 2003, págs. 490 y ss.).
Por todas estas circunstancias, la declaración o no de la inconstitucionalidad que se pide por esta vía, marcará un antes y un después en la Historia del Uruguay.
De no declararse la inaplicabilidad de la ley 19.126 para el caso de autos, no existirá la posibilidad de reclamo ambiental alguno ante el Poder Judicial uruguayo. Si se admite o tolera lo más, se admite y tolera lo menos. Si se admite y tolera la Minería de Gran Porte, cualquier otra causa ambiental parecerá una nimiedad y todavía justificada por la aceptación y tolerancia de un mal mayor.
La ley 19.126 es una ley que justifica daños físicos y jurídicos.
Autoriza, por un lado, agresiones irreparables a la integridad física del territorio nacional.
Pero junto a ello, y para ello, también autoriza lesiones a la integridad jurídica y moral de la Nación, pues, con la ley 19.126, el Uruguay definitivamente deja de ser un Estado Soberano y deja de ser una República.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia adquiere entonces la condición de encrucijada. Se ruega que la misma esté a la altura de lo que tal cruce de caminos significa.
Nada más.
++++++++Por todo lo expuesto, , y de acuerdo a los artículos 256 a 259 de la Constitución de la República, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 516, 520 y 521 del C.G.P., y demás disposiciones referidas y concordantes, a la Sra. JUEZ PIDE:
1º) Se le tenga por opuesta, por vía de excepción o defensa, la solicitud de inconstitucionalidad de la ley identificada en el exordio de este escrito, y con la documentación que se adjunta con copias.-
2º) Se eleven estas actuaciones para ante la Suprema Corte de Justicia.-
Y a los Sres. MINISTROS de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, SOLICITA:
1º) Se admita la solicitud de declaración de inconstitucionalidad, sustanciándose con un traslado simultáneo a Estado – Poder Ejecutivo – MVOTMA, y mandándose, luego, oír al Sr. Fiscal de Corte.-
2º) Se haga lugar a la inconstitucionalidad de la ley impetrada, disponiéndose su inaplicabilidad al caso de autos.-
Fiscalía Civil 3º, 29 de octubre de 2013.-

 

 

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