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CHAU ESTEROS DEL IBERÁ

SENTENCIA FAVORABLE A CORRIENTES
La Corte rechazó un amparo de la Nación en contra del proyecto Ayuí
El máximo tribunal del país consideró que el Estado nacional no cumplió con trámites previos para poner en cuestión el emprendimiento arrocero. Ahora, la Provincia podrá autorizar la obra en el centro-sur correntino.
La construcción del megaemprendimiento arrocero Ayuí Grande quedó a un paso de ser autorizada por la Provincia porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó ayer el recurso de amparo que había promovido el Gobierno nacional para frenar la obra de capitales privados en el centro-sur del territorio correntino. Ahora, solo resta que en Corrientes la Fiscalía de Estado emita un dictamen que dé cuenta de este importante avance legal para que el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), dependiente del Gobierno provincial, autorice a los empresarios a comenzar la obra. Ayuí Grande es el nombre de un proyecto de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que prevé construir un lago de ocho mil hectáreas para abastecer a emprendimientos arroceros, ganaderos y forestales, con la inyección inicial de 50 millones de dólares. La Corte dictó esta semana un fallo que da la razón al Gobierno provincial en la causa generada contra el aprovechamiento hídrico del arroyo Ayuí y su cuenca, y ratificó la seguridad jurídica que ofreció Corrientes a emprendimientos productivos a radicarse, entre otros lugares, en esa área inundable, mediante la Ley de Bosques. Puntualmente, el máximo tribunal judicial del país rechazó un pedido de intervenir en el tema presentado formalmente por los ambientalistas Lorenzo Fernando Olalla y Gabriel Alfredo Link, quienes estaban patrocinados por el Gobierno nacional. Asimismo, la Corte dio por extinguido el proceso judicial iniciado. Además, consideró que el Estado nacional había accedido a la documentación sobre el proyecto que le entregó el Gobierno correntino, pero señaló que la administración Kirchner nunca comunicó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) la existencia de la iniciativa privada. Es decir, para haber presentado el amparo con la intención de frenar el emprendimiento, o al menos ponerlo en cuestión, el Estado nacional tuvo que haber actuado primero ante la Caru y, luego, con argumentos de esa organización, en todo caso, haber apelado a la Justicia para que esta tome cartas en el asunto. El incumplimiento de este paso por parte de la Nación dejó el camino abierto para la construcción de la represa. “Por ello, se resuelve: rechazar el pedido de intervención como terceros formulado a fs.
409/410 y declarar extinguido el proceso”, dice la última parte de las tres páginas que tiene la resolución de la Corte, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay. El fallo (cuyos puntos centrales se transcriben textualmente en el recuadro de esta página) fue festejado ayer por el ministro de Producción, Jorge Vara, puesto que el propio jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, se había encargado de hacer la presentación ante la Corte y postergar de esa manera la obra que tendría que haber comenzado en agosto de 2010. El Gobierno provincial considera necesario que capitales privados construyan la represa porque, según entiende, permitirá el desarrollo de nuevas inversiones arroceras, ganaderas y forestales a partir de la infraestructura que permite el aprovechamiento del agua. La Nación, algunos intendentes y dirigentes del Partido Justicialista de la provincia consideran, sin embargo, que el proyecto afectará al medioambiente y que podría incluso llegar a contaminar el agua del río Uruguay.

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