Informe Especial

Por Nahuel Maciel

EL ARGENTINO ©

Los agrotóxicos utilizados en las producciones agropecuarias matan. A veces provocan las peores de las muertes, aquella que carcome la vida día a día, llagando pieles, lacerando cuerpos, devorando la propia vida durante años… décadas… con secuelas irreversibles.

¿Qué parte de tóxicos no entienden que poseen los agrotóxicos? La pregunta no es un juego de palabras, sino para desnudar hasta dónde el cinismo, el afán de lucro por el lucro mismo, ocultan algo tan elemental como vital.

En Entre Ríos, las producciones agropecuarias que utilizan agrotóxicos vienen intensificando sus labores, ampliando la cantidad de hectáreas sembradas, lo que implica utilizar una mayor cantidad de tóxicos para proteger estos sembradíos –el 99 por ciento de exóticas y monocultivo-, sin importar los daños que genera a la salud y al ambiente.

El vínculo muerte-dinero no es nuevo en la humanidad. Se lo puede observar en la carrera armamentista, en la producción de energía, en la medicina y ahora es visible en la producción de alimentos.

Los intereses en juego no sólo erosionan los suelos, sino incluso a las instituciones mismas de la República. Un ejemplo es claro en Entre Ríos: pese a ser un territorio en extremo sojero, pese a la existencia de innumerables denuncias de afectaciones a la salud por los agrotóxicos que obran en historias clínicas e incluso en la propia Justicia, Salud pública carece de un estudio científico que de certezas hasta dónde influyen los agrotóxicos en estas afectaciones recurrentes que se observan en quienes han manipulado o han estado cerca de fumigaciones.

Es tal el desmadre que existe en la provincia, que se violan normas elementales y rectoras como la propia Constitución Nacional. Nadie repara, por ejemplo, que el glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P, CAS 1071-83-6) es un herbicida no selectivo de amplio espectro, que fue desarrollado en primera instancia para combatir hierbas y arbustos, en especial los perennes. Pero se trata de un herbicida total, que es absorbido por las hojas y no por las raíces (1).

Este producto es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial de Monsanto, aunque su patente expiró en 2000). Esta empresa genera una soja resistente al glifosato, que también las vende dado que uno sin el otro no tendría mayor sentido comercial.

El doctor Andrés Eduardo Carrasco es director del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet y de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, además de ser uno de los investigadores de mayor renombre en la materia en América Latina.

Carrasco es categórico: “el glifosato puede provocar trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales en las personas”. ¿Desde dónde lo afirma? Lo hace desde un trabajo de investigación para la cual utilizó dosis hasta 1.500 veces inferiores a las usadas por productores de soja para fumigar sus plantaciones.

Eso no es todo. Porque si el glifosato produce gravísimas consecuencias en los ecosistemas y en la población humana, estos riesgos se potencian con el endosulfam, otro herbicida que se utiliza para potenciar el uso de ambos agroquímicos.

Por eso, la Asociación de Abogados Ambientalistas pidió el año pasado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “como medida cautelar innovadora, se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación del glifosato y del endosulfam en todo el país para cualquier tipo de sembrado” (2). Los fundamentos de esta Asociación tuvieron como base las investigaciones del doctor Carrasco. Ahora se entiende un poco mejor por qué este investigador científico se ha convertido en el enemigo público número uno de la empresa Monsanto: otra vez el olor del dinero se parece al de la muerte.

Las alertas ambientales y sanitarias que expresan entidades como el Grupo de Reflexión Rural con su “Campaña paren de Fumigar” o la que lleva adelante el “Foro de Resistencia a los Agronegocios” (3), no es escuchada todavía por los organismos del Estado que incluso no han sabido dar respuesta proporcional al daño a la vida que se está generando.

Tanto la soja como el eucalipto responden al mandado de los mercados mundiales, quienes asignaron a esta región un rango prioritario para su expansión sin importar ni medir las graves consecuencias que generan estos sistemas productivos en el medioambiente y en la salud.

“No nos seduce la cascada de anuncios nacionales e internacionales que promueven la expansión de la frontera agropecuaria y la producción de agrocombustibles, y que agravarán de ese modo hasta lo indecible, la situación de emergencia ambiental existente, y la apropiación de los bienes que nos son comunes: el aire, el agua y la tierra”, se sostuvo en un documento firmado por medio centenar de organizaciones civiles y científicas. (4).

Los científicos estiman que en Argentina se utilizan cerca de 200 millones de litros de glifosato por año. La soja ocupa alrededor de 50 por ciento de la superficie agrícola, casi 17 millones de hectáreas, y es el principal producto de exportación. El herbicida se aplica principalmente mediante fumigación aérea. Curiosamente, el herbicida de Monsanto (o Mondiablo) fue evaluado en 1996 por las autoridades argentinas y lo calificaron como de “improbable riesgo agudo”, pese a las innumerables pruebas mundiales que existían para calificarlo de muy grave riesgo a la salud. Otra vez el olor del dinero se parece al de la muerte.

La expansión de la soja transgénica obligó a aumentar el uso de plaguicidas como el glifosato, el paraquat, el 2,4 D y el endosulfán. Todos ellos son considerados tóxicos para la salud humana, animal y el medioambiente. Pero no se prohíben, ni se controlan. Y si aparecen patologías derivadas de esos productos, se las borra de las historias clínicas.

Un dato de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) es muy ilustrativo: el 99 por ciento de las intoxicaciones se presentan en naciones con deficientes en los sistemas de regulación, control, sanidad y educación, considerándose como sus principales causas, aquellas relacionadas con la reglamentación, la educación, la comunicación sobre riesgos y la falta de participación en la adopción de decisiones, así como con problemas en la utilización y en el almacenamiento de plaguicidas.

Lo otro que es preciso comprender es que la problemática de los agrotóxicos no afecta solamente al trabajador agrícola, que sufre la mayor exposición, sino también al medioambiente en general y a la comunidad, que se ve afectada por la contaminación de alimentos, aguas, suelos y aire. Y saber que los problemas de salud más preocupantes son efectos de largo plazo que no se evidencian hasta pasados varios meses e incluso años. Estos efectos son crónicos e incluyen el cáncer en niños y adultos, y problemas reproductivos y neurológicos, entre otros.

Antecedentes

Los antecedentes sobre los efectos negativos y letales a la salud se encuentran en casi todos los pueblos y ciudades entrerrianas.

Por ejemplo, en General Ramírez (departamento Diamante), el Foro Ecologista de esa localidad denunció los problemas en la salud de los habitantes de la zona debido a que una planta industrial trabaja con bidones de glifosato y no toma los recaudos pertinentes para cuidar el medioambiente, e incluso hace la eliminación de efluentes en la vía pública. Dentro de los problemas de salud que mencionaron: patologías respiratorias, dermatológicas, alérgicas, intoxicaciones entre otras.

En Cerrito, un médico general y familiar, especialista en geriatría y gerontología y médico asistente del Hospital Dr. José Miranda”, expuso los diversos efectos sobre la salud de las personas de los diferentes productos químicos utilizados en la agricultura.

Otro antecedente: en Larroque, en 2008, vecinos del lugar denunciaron muertes de animales de granja donde acusaban que el motivo que las provocó eran la exposición de los mismos a agroquímicos.

A raíz de la denuncia presentada por los vecinos en la Comisaría de Strobel, el Juzgado Municipal de Faltas de Diamante inició una actuación de oficio por presunta contaminación ambiental tras quejas por una fumigación (5).

También se hizo referencia los casos de cuatro niños oriundos de Rosario del Tala que nacieron con malformaciones y lamentablemente fallecieron a consecuencia de las mismas, indicando que probablemente la causa de estas malformaciones fue la exposición de sus progenitores a los agroquímicos (7).

En Villaguay, dos personas seriamente afectadas con síntomas de intoxicación y deficiencia respiratoria fueron internadas en el hospital de la zona para su observación debido al cuadro que presentaban al inhalar agroquímicos producto de una fumigación realizada aparentemente por un sistema autopropulsado o “mosquito” en un campo de soja cercano a la Guarnición del Ejército de esa localidad (8).

Todos los artículos, en general, comparten la misma inquietud respecto al tema del uso de agroquímicos y sus efectos en la salud y el ambiente.

¿Qué está pasando en Entre Ríos?

En la Cámara Baja de la provincia se está discutiendo un proyecto de ley elaborado por el diputado Héctor de la Fuente, en la que propone limitaciones al uso de agroquímicos.

El proyecto se está debatiendo en la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

El Artículo 1º de la iniciativa sostiene: “Prohíbanse en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos las pulverizaciones aéreas de plaguicidas, agrotóxicos o biocidas químicos o biológicos, con destino al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado así como sus dosis. Se exceptúan los casos en que, por las características del cultivo, no se tiene acceso por vía terrestre a la zona a fumigar”.

También se prohíbe la aplicación terrestre, dentro de un radio de mil metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el territorio provincial, cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis.

También obliga a comunicar “en forma fehaciente con 48 horas de anticipación a los vecinos cercanos, comunas, destacamentos policiales rurales y establecimientos educativos rurales” cuando se vaya a pulverizar con el objetivo de crear una zona de resguardo ambiental.

“La norma que propongo procura materializar la plena vigencia del principio precautorio a la utilización de agrotóxicos, el cual implica que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medioambiente y la salud de las personas”, sostuvo Héctor de la Fuente, justamente porque Salud pública carece –no es casualidad- de estudios que indiquen los daños graves que se derivan de estas aplicaciones.

El propio legislador se pregunta: “¿Qué debemos esperar para tomar medidas sobre la materia? ¿Cuántos vecinos necesitamos que sufran patologías vinculadas al uso de agrotóxicos? ¿Cuántos cursos de agua con altos niveles de contaminación serán suficientes?”. Y concluye: “Es urgente dar una plena vigencia al concepto de desarrollo sustentable que la Constitución Nacional establece en su artículo 41º, y es allí donde las decisiones políticas deben hacerse presente y priorizar el interés colectivo y social por sobre los rentísticos y corporativos”.

Algunos fallos judiciales comienzan a reconocer el daño al ambiente y a la salud de la población que está ocasionando la utilización de agrotóxicos, pero lo deben fundar en principios constitucionales y presupuestos mínimos de protección ambiental, porque en Entre Ríos, por ejemplo, no encuentran el andamiaje de normas provinciales regulatorias en la materia. De ahí la importancia del proyecto que se está analizando en Diputados.